Argentina abrió una nueva etapa en su política para captar capital extranjero. Este 2 de octubre de 2026, el Gobierno presentó el Programa de Ciudadanía por Inversión, que permitirá a ciudadanos extranjeros solicitar la nacionalidad argentina mediante un aporte económico al Estado y después de superar controles financieros, migratorios, patrimoniales y de seguridad.
El anuncio fue realizado en París por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week. El Ejecutivo informó que el sistema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026, aunque hasta el momento no estableció públicamente una fecha exacta para la apertura.
La presentación ocurre apenas tres días después de otra modificación significativa para los extranjeros interesados en activos argentinos. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó una sentencia que había frenado la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, por lo que volvieron a quedar sin efecto los límites específicos que esa legislación establecía para la propiedad extranjera. Se trata, sin embargo, de dos procesos diferentes y sin una relación causal demostrada.
US$350.000 al Tesoro o un bono de US$800.000
El Programa de Ciudadanía por Inversión contempla dos mecanismos para el solicitante principal. El primero consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda alternativa será suscribir un título público creado específicamente para el programa por un valor de US$800.000.
El desembolso, según la información oficial, no dará acceso automático a la ciudadanía. Los postulantes deberán atravesar un proceso de evaluación que incluirá verificaciones de identidad, antecedentes penales y reputacionales, historial migratorio, análisis patrimonial y financiero y controles sobre la trazabilidad y licitud del origen de los fondos.
En esas evaluaciones participarán distintos organismos públicos, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado, la Unidad de Información Financiera y los ministerios de Seguridad e Interior. Una vez realizado el análisis, la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión enviará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.
El esquema también habilita solicitudes para familiares. Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, podrán tramitar la ciudadanía mediante un aporte de US$100.000 por persona. Para los menores de 18 años, el monto anunciado es de US$25.000.
De esta manera, una familia integrada por el solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores necesitaría desembolsar US$500.000 si elige la modalidad de aportes directos al Tesoro. Todos los fondos deberán ingresar mediante el sistema financiero formal y estarán sujetos a controles relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.
Qué ocurrió con la Ley de Tierras
El otro cambio relevante se produjo el 29 de septiembre de 2026. La Corte Suprema revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, disposición mediante la cual el Poder Ejecutivo había derogado la Ley de Tierras Rurales.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti concluyeron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que había iniciado la acción, carecía de legitimación para impulsar ese reclamo. El punto es relevante porque la Corte no resolvió el debate de fondo acerca de la constitucionalidad de la derogación, sino una cuestión procesal vinculada con quién estaba habilitado para demandar.
Como consecuencia práctica, volvió a producir efectos el artículo del DNU que derogó la Ley 26.737. La normativa sancionada en 2011 establecía que la titularidad o posesión extranjera no podía superar el 15% de las tierras rurales del territorio nacional y aplicaba ese porcentaje también en las provincias y las divisiones administrativas correspondientes.
Además, las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera no podían concentrar más del 30% de ese cupo. Para un mismo titular extranjero, la normativa fijaba un máximo de 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo, o una superficie equivalente determinada según ubicación y características productivas.
La ley también incluía restricciones sobre inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de determinados cuerpos de agua. La derogación elimina ese régimen específico, pero no implica que haya desaparecido toda regulación sobre la compra, propiedad o utilización de inmuebles rurales, que continúa alcanzada por otras disposiciones nacionales, provinciales y locales.
Dos cambios que amplían opciones para capitales extranjeros
La ciudadanía por inversión y la derogación del régimen de tierras tienen un elemento común: amplían las alternativas disponibles para extranjeros con capacidad económica. Sin embargo, jurídicamente funcionan por carriles separados.
Comprar un campo en Argentina no forma parte de las modalidades anunciadas para solicitar la ciudadanía. El programa presentado por el Gobierno contempla como opciones para el solicitante principal el aporte no reembolsable al Tesoro o la suscripción del título público especial. Tampoco existe, hasta ahora, evidencia pública suficiente para afirmar que el fallo judicial relacionado con las tierras haya sido el motivo del lanzamiento del nuevo esquema migratorio.
Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno informó que los recursos obtenidos mediante el programa serán destinados a fortalecer la posición fiscal y financiera del país. El aporte directo representará ingresos para el Estado, mientras que la colocación del título público constituirá una fuente de financiamiento.
Eso no permite anticipar automáticamente efectos sobre salarios, empleo, precios o actividad económica. El impacto dependerá, entre otros factores, de la cantidad de postulantes, el volumen final de recursos captados, su utilización y las condiciones económicas generales.
En materia rural ocurre algo similar. La eliminación de los límites específicos puede facilitar determinadas adquisiciones por parte de extranjeros y modificar las condiciones del mercado de tierras, pero todavía no existen resultados posteriores suficientes para medir cuánto cambiará efectivamente la estructura de propiedad rural.
El nuevo escenario abre así dos discusiones paralelas. Una estará centrada en cuánto capital logra atraer el Programa de Ciudadanía por Inversión y en la eficacia de los controles anunciados sobre cada solicitante. La otra girará alrededor de las consecuencias económicas y territoriales de la derogación de la Ley de Tierras. En ambos casos, los efectos concretos recién podrán evaluarse a medida que comiencen a registrarse solicitudes, operaciones y datos verificables.
