El Gobierno nacional y las universidades acercaron posiciones en las últimas horas, luego de que la administración de Javier Milei retirara una condición que había generado fuerte rechazo entre las casas de altos estudios: otorgar un aumento inferior al previsto por la Ley de Financiamiento Universitario solo si desistían de la demanda presentada ante la Corte Suprema. Sin esa exigencia sobre la mesa, las partes se encaminan a firmar un acuerdo que contempla mejoras salariales, actualización de partidas y la reapertura de paritarias.
Un aumento en tramos y con impacto en el aguinaldo
El entendimiento, que hasta el momento es de palabra, prevé un incremento del 24% para docentes y no docentes, dividido en dos tramos: 21,3% en junio y 3% en septiembre. El primer aumento impactaría en el aguinaldo, que se cobraría junto con el sueldo de junio a comienzos del próximo mes.
La propuesta también incluye una actualización del 20% en los gastos de mantenimiento. Dentro de ese esquema se contemplan unos 50 mil millones de pesos adicionales para los Hospitales Universitarios, a los que se les adeudan 80 mil millones de pesos en lo que va del año.
Además, el acuerdo incorpora un aumento del 50% para las Becas Belgrano, el incentivo económico mensual destinado a estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas”. Ese beneficio permanece congelado en $81.685 desde hace más de dos años.
La firma se rubricaría mañana al mediodía y, de manera inmediata, se abriría un nuevo proceso de paritarias. Según lo conversado, de ahora en adelante las negociaciones salariales se realizarían al menos cada tres meses y tendrían a la inflación como piso para definir los aumentos.
La condición que quedó fuera de la negociación
Hasta la semana pasada, durante un encuentro entre Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, y dos rectores de universidades nacionales del interior, el Gobierno exigía que las universidades retiraran la demanda ante la Corte Suprema por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Para las casas de altos estudios, esa condición era “inaceptable”.
Sin embargo, esa exigencia ya no forma parte de la negociación. La decisión abrió una nueva etapa de diálogo, aunque también alimentó sospechas sobre un eventual entendimiento entre el Ejecutivo y el máximo tribunal en torno a los tiempos del fallo.
“Supongo que es un acuerdo del Gobierno con la Corte. Le habrán pedido ‘acordá y sacame presión y yo dilato el fallo’. De lo contrario no entiendo nada”, señaló una fuente al tanto de las conversaciones. Uno de los presentes en la discusión sostuvo que esa versión “es verosímil”, aunque advirtió que “la Corte tampoco puede dilatar el fallo eternamente”.
En el sector universitario prefieren mantener la cautela. Según señalaron, “el Gobierno suele ser imprevisible y cambiar de parecer a último momento”. De todos modos, aunque seguirán reclamando el 25% de aumento restante para compensar el atraso salarial, admiten que “un incremento del 21% con impacto en el aguinaldo es importante, teniendo en cuenta que las paritarias vienen siendo de 1,5%”.
Presupuesto ajustado y una ley sin aplicación plena
El presupuesto universitario se devaluó un 35% desde la asunción de Javier Milei y podría llegar al 45% hacia fin de año si no se producen cambios, tomando como base la inflación estimada por el Relevamiento Mensual del Banco Central. Para este año, el presupuesto asignado es de 4,8 billones de pesos, mientras que las instituciones educativas aseguran que necesitan 7,3 billones de pesos para funcionar con normalidad.
En agosto de 2025, el Congreso sancionó por amplia mayoría en ambas Cámaras la Ley de Financiamiento Universitario. La norma establece la recuperación del poder adquisitivo hasta equipararlo con el nivel de noviembre de 2023, tomando como referencia la inflación. Hacia adelante, dispone paritarias con el IPC como piso.
En aquel momento, Milei vetó la ley, pero el Congreso rechazó el veto en ambas Cámaras. Aun así, el Gobierno decidió no aplicarla. Las universidades recurrieron a la Justicia y obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia, aunque el Presidente continúa sin cumplir con lo dispuesto.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo había presentado una primera propuesta mediante un proyecto enviado al Congreso, que no llegó a tratarse. Allí se establecía un aumento del 12% en tres cuotas. En la reunión del lunes pasado, el Gobierno elevó la oferta a 21,3% para junio y 3% para septiembre.
El costo fiscal de la Ley de Financiamiento Universitario era del 0,2% del PBI en 2026, equivalente a unos 1.400 millones de dólares, una cifra similar a la que obtuvieron las grandes agroexportadoras por la quita de retenciones de septiembre del año pasado. Como la aplicación de la ley no es retroactiva, cada mes de demora representa para el Gobierno un ahorro superior a los 100 millones de dólares.
Ese margen contribuye a fortalecer un superávit fiscal presionado por la baja de la recaudación y por los intereses de la deuda, un punto señalado por el FMI en la última revisión del acuerdo, donde advirtió sobre un déficit de 0,8%. Si la Corte Suprema falla próximamente a favor de las universidades, los salarios y presupuestos recuperarían los niveles previos al recorte, aunque no compensarían lo perdido durante 31 meses consecutivos.
