La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) expresó su preocupación por la actualización del régimen de inversiones mineras impulsada por el Gobierno nacional a través del Decreto 482/2026, al considerar que las modificaciones benefician principalmente a las grandes empresas internacionales.
En un documento firmado por su secretario general, Marcelo Mena Muñoz, la organización sindical afirmó que los cambios reglamentarios, sumados a una eventual aprobación del denominado «Súper RIGI», conforman «un combo peligroso» para la industria nacional y para el empleo argentino.
Críticas a la reforma del régimen minero
El pronunciamiento se conoció luego de que el Ejecutivo anunciara la actualización de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras, una medida que, según la información oficial, busca simplificar procedimientos administrativos, reducir cargas burocráticas, digitalizar trámites y otorgar mayor previsibilidad para promover nuevas inversiones en el sector.
Sin embargo, ASIJEMIN sostuvo que la reducción de impuestos y la flexibilización de las importaciones «solamente beneficia a las grandes empresas internacionales» y advirtió que esas medidas «no garantizan el desarrollo local».
El sindicato consideró que el crecimiento de la minería debe apoyarse en el fortalecimiento de las PyMES y empresas nacionales, de manera que puedan competir con las compañías extranjeras y participar activamente del desarrollo de la actividad.
Reclamos por empleo y salarios
La organización también planteó que cualquier estrategia de expansión minera debe contemplar la creación de puestos de trabajo para trabajadores argentinos, una recomposición salarial y la eliminación de las cargas impositivas que afectan los ingresos del sector.
En ese sentido, cuestionó que mientras se promueven incentivos para grandes compañías, los trabajadores continúen afrontando una elevada presión tributaria sobre sus salarios.
El modelo de desarrollo que propone el gremio
Pese a las críticas, ASIJEMIN aclaró que respalda el crecimiento de la minería, aunque sostuvo que ese desarrollo debe realizarse con mayor control estatal, participación de empresas nacionales y beneficios concretos para las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
Finalmente, el sindicato advirtió que las medidas impulsadas por el Ejecutivo avanzan hacia un esquema de «extranjerización y flexibilización laboral», postura de la que afirmó estar «en las antípodas», y reiteró su defensa de una minería nacional y sustentable, con desarrollo soberano, salarios dignos y participación de los trabajadores en las ganancias de la industria.
<p>La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) cuestionó la actualización del régimen de inversiones mineras impulsada por el Gobierno nacional. El gremio advirtió que las modificaciones favorecen a grandes empresas internacionales y reclamó mayor participación de la industria nacional, mejores salarios y control estatal sobre el desarrollo de la actividad.</p>
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Cuando un decreto promete atraer inversiones, alguien siempre pregunta quién paga la cuenta. Esta vez fue el sindicato de jerárquicos mineros, que leyó la nueva reglamentación y encontró un menú donde, según sostiene, los beneficios vienen con apellido extranjero.
El Gobierno habla de simplificar trámites, reducir burocracia y generar previsibilidad. Son palabras que aparecen en casi todos los anuncios económicos, como el perejil en una picada. El problema empieza cuando cada sector traduce esos conceptos a su propio idioma. Para algunos significa inversión; para otros, competencia desigual.
ASIJEMIN sostiene que la combinación entre la actualización del régimen de inversiones y una eventual aprobación del denominado «Súper RIGI» puede favorecer a las grandes compañías internacionales mientras deja en desventaja a las PyMES nacionales y a los trabajadores argentinos. No discute la necesidad de que lleguen inversiones. Discute quién se queda con el mayor pedazo de la torta cuando la mina empieza a producir.
En el documento también aparecen viejos reclamos del sector: salarios, impuestos sobre los ingresos y mayor participación de empresas locales en la cadena de valor. La discusión, en el fondo, no gira únicamente alrededor de la minería. También habla del modelo económico que debería acompañarla y del equilibrio entre atraer capitales y fortalecer la producción nacional.
Porque una inversión puede ser enorme. Pero si el debate termina siendo quién gana, quién trabaja y quién decide, la excavadora apenas está removiendo la primera capa.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) expresó su preocupación por la actualización del régimen de inversiones mineras impulsada por el Gobierno nacional a través del Decreto 482/2026, al considerar que las modificaciones benefician principalmente a las grandes empresas internacionales.
En un documento firmado por su secretario general, Marcelo Mena Muñoz, la organización sindical afirmó que los cambios reglamentarios, sumados a una eventual aprobación del denominado «Súper RIGI», conforman «un combo peligroso» para la industria nacional y para el empleo argentino.
Críticas a la reforma del régimen minero
El pronunciamiento se conoció luego de que el Ejecutivo anunciara la actualización de la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras, una medida que, según la información oficial, busca simplificar procedimientos administrativos, reducir cargas burocráticas, digitalizar trámites y otorgar mayor previsibilidad para promover nuevas inversiones en el sector.
Sin embargo, ASIJEMIN sostuvo que la reducción de impuestos y la flexibilización de las importaciones «solamente beneficia a las grandes empresas internacionales» y advirtió que esas medidas «no garantizan el desarrollo local».
El sindicato consideró que el crecimiento de la minería debe apoyarse en el fortalecimiento de las PyMES y empresas nacionales, de manera que puedan competir con las compañías extranjeras y participar activamente del desarrollo de la actividad.
Reclamos por empleo y salarios
La organización también planteó que cualquier estrategia de expansión minera debe contemplar la creación de puestos de trabajo para trabajadores argentinos, una recomposición salarial y la eliminación de las cargas impositivas que afectan los ingresos del sector.
En ese sentido, cuestionó que mientras se promueven incentivos para grandes compañías, los trabajadores continúen afrontando una elevada presión tributaria sobre sus salarios.
El modelo de desarrollo que propone el gremio
Pese a las críticas, ASIJEMIN aclaró que respalda el crecimiento de la minería, aunque sostuvo que ese desarrollo debe realizarse con mayor control estatal, participación de empresas nacionales y beneficios concretos para las comunidades donde se desarrollan los proyectos.
Finalmente, el sindicato advirtió que las medidas impulsadas por el Ejecutivo avanzan hacia un esquema de «extranjerización y flexibilización laboral», postura de la que afirmó estar «en las antípodas», y reiteró su defensa de una minería nacional y sustentable, con desarrollo soberano, salarios dignos y participación de los trabajadores en las ganancias de la industria.
Cuando un decreto promete atraer inversiones, alguien siempre pregunta quién paga la cuenta. Esta vez fue el sindicato de jerárquicos mineros, que leyó la nueva reglamentación y encontró un menú donde, según sostiene, los beneficios vienen con apellido extranjero.
El Gobierno habla de simplificar trámites, reducir burocracia y generar previsibilidad. Son palabras que aparecen en casi todos los anuncios económicos, como el perejil en una picada. El problema empieza cuando cada sector traduce esos conceptos a su propio idioma. Para algunos significa inversión; para otros, competencia desigual.
ASIJEMIN sostiene que la combinación entre la actualización del régimen de inversiones y una eventual aprobación del denominado «Súper RIGI» puede favorecer a las grandes compañías internacionales mientras deja en desventaja a las PyMES nacionales y a los trabajadores argentinos. No discute la necesidad de que lleguen inversiones. Discute quién se queda con el mayor pedazo de la torta cuando la mina empieza a producir.
En el documento también aparecen viejos reclamos del sector: salarios, impuestos sobre los ingresos y mayor participación de empresas locales en la cadena de valor. La discusión, en el fondo, no gira únicamente alrededor de la minería. También habla del modelo económico que debería acompañarla y del equilibrio entre atraer capitales y fortalecer la producción nacional.
Porque una inversión puede ser enorme. Pero si el debate termina siendo quién gana, quién trabaja y quién decide, la excavadora apenas está removiendo la primera capa.