El Gobierno de San Juan envió a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero que busca fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la cadena de valor de la minería. La iniciativa surge en un contexto de fuerte expectativa por los grandes proyectos de cobre y las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La propuesta reemplazaría a una normativa vigente desde hace más de una década que, según distintos sectores de la provincia, nunca logró aplicarse plenamente ni alcanzar los resultados esperados.
Prioridad para San Juan, pero sin cerrar la puerta a otras provincias
El proyecto apunta a ordenar y potenciar la participación local en materia de empleo, compras y contratación de servicios vinculados a la actividad minera. Sin embargo, no establece cupos obligatorios ni restricciones automáticas para la incorporación de trabajadores o proveedores provenientes de otras jurisdicciones.
La iniciativa obliga a las compañías mineras y a sus principales contratistas a presentar planes de desarrollo de empleo y de proveedores, con objetivos concretos, actualizaciones cada dos años e informes periódicos sobre su grado de cumplimiento.
En el plano laboral, la ley fija como meta que el 80% de los trabajadores de cada operación minera tenga residencia en San Juan, otorgando prioridad a quienes habitan en los departamentos ubicados dentro del área de influencia de cada proyecto.
No obstante, contempla excepciones cuando no exista mano de obra local suficiente para cubrir determinadas necesidades y prevé programas de capacitación destinados a reducir esas brechas.
En cuanto a las compras, el proyecto establece como objetivo que el 60% de los bienes y servicios contratados provenga de proveedores sanjuaninos. Sin embargo, las empresas podrán recurrir a firmas de otras provincias o del exterior cuando acrediten que no existe una oferta local equivalente en precio, calidad o capacidad operativa.
Registro de proveedores y planificación anticipada
La iniciativa también crea un Registro Provincial de Proveedores Mineros, que determinará qué empresas podrán ser consideradas proveedoras locales.
Entre los requisitos establecidos figuran la acreditación de domicilio operativo en San Juan, el cumplimiento de obligaciones tributarias provinciales y la contratación de al menos un 80% de trabajadores sanjuaninos.
Además, las compañías mineras deberán publicar con anticipación sus futuras necesidades de bienes y servicios. El objetivo es que los proveedores tengan tiempo suficiente para planificar inversiones, capacitar personal y adaptar sus estructuras para competir por los contratos que demandarán los nuevos emprendimientos.
Una oportunidad que también mira Mendoza
Aunque la ley busca maximizar la participación local, la propia iniciativa reconoce una realidad que viene siendo señalada por empresas, cámaras empresarias y especialistas: la magnitud de los proyectos de cobre podría superar la capacidad disponible en la provincia.
Durante la reciente Expo San Juan Minera, distintos referentes del sector coincidieron en que el desarrollo simultáneo de varios proyectos demandará miles de trabajadores especializados, equipamiento, servicios y proveedores cuya disponibilidad aún genera incertidumbre.
En ese escenario, Mendoza aparece como uno de los principales socios potenciales de la expansión minera sanjuanina. La provincia cuenta con una importante red de pymes metalmecánicas, energéticas y de servicios desarrollada durante décadas alrededor de la industria petrolera, además de ventajas vinculadas a infraestructura y conectividad.
La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, ha planteado en distintas oportunidades la necesidad de pensar la cordillera como una región integrada. En la misma línea, empresarios de ambos lados impulsan la creación de clústeres y alianzas estratégicas para afrontar contratos de gran escala que superan la capacidad de una sola firma.
La posibilidad de que proveedores de Mendoza, San Juan y otras provincias trabajen de manera conjunta es considerada cada vez más una necesidad operativa que una alternativa.
Con esta nueva legislación, San Juan busca asegurar que la mayor parte posible de los beneficios económicos derivados de la minería permanezcan dentro de la provincia. Al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de incorporar recursos humanos y proveedores de otras regiones cuando la magnitud del desarrollo minero así lo requiera.
