El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner y cuestionó la posibilidad de que la expresidenta pueda competir electoralmente en 2027 mientras continúe vigente la condena dictada en la causa Vialidad.

Actualmente, Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia adquirió firmeza el 10 de junio de 2025, después de que la Corte Suprema desestimara la queja presentada por su defensa.

En ese contexto, Cúneo Libarona afirmó: “No creo que sea candidata el año que viene. Hay un fallo firme que hasta la Corte Suprema lo convalidó y que la inhabilita totalmente. Ningún organismo internacional puede entrar a nuestro país a modificar todo el criterio de nuestra Constitución”.

La declaración expresa la posición del exministro frente a un escenario que todavía está sujeto a distintas presentaciones judiciales promovidas por la defensa. A septiembre de 2026, la condena y la inhabilitación permanecen vigentes y no existe una resolución que haya suspendido sus efectos.

Cúneo Libarona y el planteo ante Naciones Unidas

El exfuncionario también se pronunció sobre la presentación realizada por los abogados de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y rechazó que una eventual decisión del organismo pueda funcionar directamente como una nueva instancia de apelación dentro de la Justicia argentina.

“La ONU no te puede ordenar. No es un tribunal ni una cuarta o quinta instancia”, sostuvo durante la entrevista.

Las declaraciones surgieron después de que los abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim difundieran un nuevo informe que incorporaron a su estrategia internacional para cuestionar la condena de la expresidenta. La defensa pretende que esos elementos sean considerados posteriormente dentro de los mecanismos judiciales disponibles en Argentina.

La presentación ante el organismo internacional no suspende por sí misma la condena ni la inhabilitación vigente. Los abogados buscan utilizar el nuevo material para sostener pedidos de revisión y planteos relacionados con la situación jurídica de Cristina Kirchner, cuya resolución dependerá de las autoridades competentes.

Qué dice el nuevo informe presentado por la defensa

El eje del planteo está en una base de datos incorporada al expediente de la causa Cuadernos, que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. Según explicó la defensa, el archivo fue presentado bajo juramento por un testigo y contiene información relacionada con proveedores y desembolsos correspondientes a obras públicas.

A partir de esa documentación, los abogados encargaron una auditoría económico-financiera a especialistas de la consultora brasileña Specs. El informe está fechado el 14 de septiembre y estudia una planilla identificada como “Analítico 2008-2015 Xls”.

Según el documento difundido por la defensa, el análisis se concentró específicamente en los recursos canalizados mediante la denominada Fuente 14 del Presupuesto Nacional entre 2009 y 2015. Ese recorte es relevante porque no comprende la totalidad de la obra pública nacional del período, sino únicamente los fondos incluidos dentro de esa fuente presupuestaria.

Dentro de ese universo, la auditoría contabilizó 367 obras ejecutadas por 114 constructoras, 3.855 certificados y desembolsos por aproximadamente US$2.200 millones.

El relevamiento identificó 17 obras vinculadas con empresas del Grupo Austral, equivalentes al 4,63% de las 367 obras comprendidas en la base. Según los cálculos del estudio, esas compañías recibieron US$18,66 millones mediante esa fuente de financiamiento, cifra equivalente al 0,85% del total de desembolsos analizados.

Las empresas identificadas en el estudio son Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla y la Sucesión de Adelmo Biancalani. En conjunto, las 17 obras recibieron 36 certificados, equivalentes al 0,93% de los 3.855 certificados considerados por la auditoría.

La defensa sostiene que esos datos deben ser considerados como un nuevo elemento para cuestionar fundamentos utilizados en la causa Vialidad. Esa interpretación corresponde a los abogados de Cristina Kirchner y todavía debe superar las instancias procesales correspondientes; la aparición del informe no anula ni modifica automáticamente la sentencia firme.

La condena que continúa vigente

La causa Vialidad terminó con Cristina Kirchner condenada como autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en una investigación vinculada con 51 licitaciones de obras públicas en Santa Cruz adjudicadas a sociedades controladas por Lázaro Báez.

La sentencia original fue dictada el 6 de diciembre de 2022 y posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Finalmente, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema desestimó la queja de la defensa y la condena quedó firme.

Desde entonces, la expresidenta cumple prisión domiciliaria y permanece alcanzada por la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Con el nuevo informe, su defensa intenta abrir una discusión sobre elementos utilizados para fundamentar aquella condena y busca que el material sea considerado tanto en el ámbito internacional como posteriormente ante la Justicia argentina.

Mientras esos planteos no deriven en una resolución judicial que altere la situación vigente, la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua continúan teniendo plena vigencia. Por esa razón, cualquier discusión sobre una eventual candidatura de Cristina Kirchner en 2027 depende antes de la evolución de esos procesos judiciales y no de una definición electoral ya resuelta.