El Gobierno nacional anunció este martes un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que permitió comenzar a destrabar el conflicto portuario que mantenía paralizada buena parte del comercio exterior argentino y había dejado más de 185 buques a la espera de poder operar.
Según informó oficialmente el Ejecutivo, el entendimiento contempla la suspensión de la aplicación del Decreto 690/2026, la conformación de una mesa de trabajo para revisar la normativa y una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje.
Se reanudan las operaciones en los puertos
El comunicado oficial confirmó que los prácticos retomarán de manera inmediata las tareas de asistencia a la navegación mientras continúan las negociaciones con el Gobierno.
La mesa de trabajo estará coordinada por el Ejecutivo y contará con la participación de áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, con el objetivo de analizar los distintos aspectos de la desregulación impulsada por el decreto.
Las conversaciones continuarán hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre el funcionamiento del servicio.
Qué originó el conflicto
La medida de fuerza comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La norma modificó el régimen vigente desde 1991 para el servicio de practicaje y pilotaje, habilitando un registro abierto de profesionales administrado por la Prefectura Naval Argentina, permitiendo la libre contratación de prestadores y otorgando a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas.
Los trabajadores rechazaron esos cambios y lanzaron un paro por tiempo indeterminado que paralizó la operatoria en los principales puertos del país.
Impacto sobre las exportaciones y la energía
Durante el conflicto, el polo exportador del Gran Rosario acumuló más de 185 embarcaciones a la espera de recibir el servicio de practicaje, afectando especialmente las exportaciones de granos.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) advirtieron sobre importantes sobrecostos logísticos y el riesgo de que la Argentina perdiera competitividad frente a otros países exportadores.
La paralización también alcanzó a terminales vinculadas al abastecimiento de combustibles y demoró operaciones relacionadas con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), además de generar preocupación por un eventual impacto sobre el suministro energético en la Patagonia.
Un conflicto que pasó de los puertos a la negociación
Antes del acuerdo, la Prefectura Naval Argentina había intimado a los profesionales del sector a retomar las tareas y el Gobierno había anticipado posibles sanciones para quienes mantuvieran la medida de fuerza.
Con el entendimiento alcanzado este martes, el conflicto ingresó en una nueva etapa. Mientras las operaciones comienzan a normalizarse, el Ejecutivo y los representantes del sector discutirán los alcances de la futura regulación del servicio.
La suspensión del decreto permitirá continuar las negociaciones sin afectar el funcionamiento de los puertos, mientras el Gobierno mantiene el objetivo de avanzar con cambios orientados a reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
