La jueza federal María Romilda Servini dispuso el archivo de las actuaciones “por imposibilidad de proceder”, luego de que el Ministerio Público Fiscal concluyera que no existían elementos suficientes para conformar una hipótesis delictiva concreta y delimitada que permitiera iniciar una investigación penal.
La causa había sido promovida por los diputados libertarios Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán y Sergio Figliuolo, entre otros legisladores. La presentación apuntaba contra Marcela Pagano y su pareja, Franco Agustín Bindi, por supuestas irregularidades patrimoniales y el presunto uso de recursos parlamentarios en beneficio de ambos.
La denuncia se produjo en medio del enfrentamiento político entre sectores de La Libertad Avanza y Pagano, quien dejó el espacio y presentó distintas denuncias contra funcionarios del Gobierno, entre ellos el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Los inmuebles que quedaron fuera de la hipótesis penal
Uno de los principales cuestionamientos planteados por los legisladores estaba relacionado con dos propiedades y con la evolución patrimonial de la diputada. Sin embargo, la Fiscalía determinó que Pagano vendió un departamento ubicado sobre la avenida San Juan el 22 de marzo de 2023 y adquirió otro inmueble en la calle Migueletes el 8 de agosto del mismo año.
Ambas operaciones fueron realizadas antes del 10 de diciembre de 2023, fecha en la que Pagano asumió como diputada nacional. Por ese motivo, el Ministerio Público consideró que esos movimientos patrimoniales no podían ser utilizados para respaldar una investigación por enriquecimiento ilícito durante el ejercicio de la función pública.
Otro punto de la presentación sostenía que personas vinculadas comercialmente con Bindi habían sido contratadas como personal parlamentario y posteriormente habrían devuelto una parte de sus remuneraciones.
La Fiscalía indicó que no se incorporaron elementos que permitieran acreditar la existencia de esos reintegros ni tampoco pruebas de que las personas contratadas no hubieran prestado efectivamente sus servicios.
El dictamen cuestionó además la falta de precisión de esas acusaciones y sostuvo que las manifestaciones no estaban respaldadas por elementos o indicios que permitieran orientar medidas de prueba concretas.
Supuestos vínculos con Irán, Rusia y Venezuela
La denuncia también planteaba una posible asociación ilícita y financiamiento extranjero a partir de supuestos vínculos de Pagano y Bindi con representantes de Venezuela, Irán y Rusia, además del expresidente boliviano Evo Morales.
La Fiscalía descartó esa hipótesis al considerar que no se había descripto una organización criminal, funciones determinadas ni un plan delictivo concreto. Tampoco se presentaron indicios adicionales que permitieran relacionar esos contactos con la comisión de un delito.
En ese contexto, el representante del Ministerio Público advirtió que continuar con el expediente constituiría una verdadera “excursión de pesca” y resultaría contrario a las garantías procesales, porque implicaría buscar pruebas sin contar previamente con un hecho delictivo concreto que investigar.
Finalmente, Servini hizo lugar al planteo de la Fiscalía y ordenó archivar la causa en los términos del artículo 180, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación.
