El Gobierno diseñó una hoja de ruta legislativa para los próximos 45 días con el objetivo de avanzar sobre sus principales proyectos antes de que la dinámica electoral de 2027 vuelva más complejas las negociaciones en el Congreso. Entre las iniciativas prioritarias aparecen la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.
“Es un mes y medio crucial, de mucho laburo. Si nos salen las cosas podríamos bajar la persiana ahí”, planteó una fuente oficial al describir el cronograma que analiza la mesa política del Ejecutivo.
La agenda contempla además proyectos que ya cuentan con media sanción, entre ellos la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las modificaciones al régimen de Zonas Frías y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central. También permanecen pendientes una nueva iniciativa en materia de discapacidad y otra relacionada con mora y endeudamiento familiar.
Octubre aparece como el mes decisivo
Dentro del oficialismo consideran que octubre será determinante para ordenar buena parte de la agenda parlamentaria antes de que la campaña electoral gane protagonismo.
“Se vienen meses de definiciones importantes. Desde la llegada de León XIV en adelante. Con la campaña activada todo se vuelve más complejo”, explicó un funcionario sobre el escenario que proyecta la Casa Rosada.
Durante las últimas reuniones de la mesa política se analizó la posibilidad de impulsar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional durante la primera semana de octubre en la Cámara de Diputados. El cronograma podría incorporar además las iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento familiar.
Para la segunda semana, el Gobierno proyecta habilitar el tratamiento del Presupuesto 2027 en comisiones. Ante las controversias generadas por disposiciones relacionadas con discapacidad, el Ejecutivo evalúa realizar modificaciones con el objetivo de ampliar el respaldo legislativo al proyecto.
La estrategia preliminar consiste en avanzar primero sobre los proyectos con mayores niveles de acuerdo y dejar para una etapa posterior aquellos que requieren negociaciones más complejas.
La reforma electoral y la búsqueda de votos
Uno de los principales desafíos será la reforma electoral. El Gobierno busca reunir los apoyos necesarios para modificar el sistema vigente, mientras algunos sectores aliados mantienen objeciones sobre la eventual eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
La reforma forma parte de la agenda que el Ejecutivo viene discutiendo junto con el Presupuesto y la iniciativa vinculada con Malvinas.
En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto mantener contactos con gobernadores con el objetivo de avanzar en acuerdos legislativos. Parte de esas conversaciones se desarrollarán durante actividades oficiales en París, donde coincidirán mandatarios provinciales.
La intención del oficialismo es cerrar entendimientos antes de que el calendario electoral incremente las exigencias de los distintos bloques y gobernadores.
La Ley de Tierras volvió a entrar en la negociación
Otro elemento que alteró la planificación oficial fue la reciente resolución de la Corte Suprema sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
El máximo tribunal revocó un fallo que había frenado el artículo 154 del DNU 70/2023 luego de considerar que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata carecía de legitimación para promover la demanda. La Corte aclaró que no resolvió sobre la constitucionalidad de fondo del decreto.
A partir de esa decisión, el oficialismo analiza incorporar parte de la discusión sobre tierras rurales al tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, mientras sectores opositores impulsan nuevas acciones legislativas y judiciales sobre el DNU 70/2023.
“La idea es ceder algunos aspectos de Inviolabilidad, pero garantizar el respaldo al decreto 70/2023, que es una herramienta de gobernabilidad. Los aliados no van a querer prenderse en esa”, sostuvo una fuente oficial sobre la negociación.
El objetivo del Gobierno será, de esta manera, concentrar durante octubre y parte de noviembre las principales definiciones parlamentarias, antes de que las estrategias electorales de los distintos espacios condicionen todavía más la formación de mayorías en el Congreso.
