El Gobierno de Javier Milei llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2023 con una de sus principales promesas políticas convertida en bandera: terminar con “la casta”, reducir los privilegios de la dirigencia y modificar prácticas que el entonces candidato atribuía a la política tradicional. A casi tres años del comienzo de su mandato, una serie de investigaciones judiciales, auditorías oficiales y cambios de alianzas dibujan un escenario considerablemente más complejo.
El panorama incluye funcionarios y exfuncionarios investigados, empresarios bajo sospecha, contrataciones cuestionadas y expedientes que todavía se encuentran en trámite. La existencia de esas causas no implica culpabilidad ni permite atribuir automáticamente responsabilidad penal al Gobierno en su conjunto, pero coloca bajo escrutinio a una administración que había construido buena parte de su identidad política alrededor de la ruptura con esas prácticas.
El caso $LIBRA y la investigación sobre los vínculos alrededor de Milei
Uno de los expedientes de mayor repercusión comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en su cuenta de X un mensaje promocionando $LIBRA, un activo digital presentado como una herramienta destinada a financiar emprendimientos argentinos.
Tras la publicación presidencial, el valor de $LIBRA registró una fuerte suba y posteriormente se desplomó. Milei eliminó el mensaje y sostuvo después que no estaba suficientemente interiorizado sobre el proyecto. El episodio derivó en investigaciones judiciales destinadas a establecer cómo se desarrolló la operación y cuáles fueron las responsabilidades de quienes intervinieron.
Con el avance de la pesquisa aparecieron además mensajes, audios, registros y borradores de contratos recuperados de dispositivos vinculados al empresario Mauricio Novelli. Entre ellos figuran documentos que describían acuerdos confidenciales mediante los cuales se ofrecía acceso a Milei y a su hermana, Karina Milei, a empresarios interesados, con contraprestaciones pactadas en criptomonedas. Esos elementos fueron incorporados a la investigación y deberán ser evaluados judicialmente para establecer su alcance y eventual relevancia penal.
Discapacidad: procesamientos, diferencias millonarias y sobreprecios
Otro de los principales focos judiciales se abrió alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad. En febrero de 2026, la Justicia procesó a 19 personas, entre ellas seis exfuncionarios y 13 empresarios y directivos vinculados al sector farmacéutico, dentro de una investigación por una presunta organización dedicada al direccionamiento de contrataciones, el cobro de sobornos y la defraudación al Estado.
Entre los procesados se encuentra el extitular del organismo Diego Spagnuolo. El expediente continúa abierto y posteriormente fueron convocadas a declaración indagatoria otras personas relacionadas con las maniobras investigadas.
A ese expediente se sumaron los resultados de auditorías realizadas dentro del organismo. Una de ellas detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre registros internos vinculados a deuda exigible. El desfasaje surgió al comparar información producida por distintas áreas encargadas de registrar obligaciones y pagos.
Otro análisis elaborado por el Ministerio de Salud detectó diferencias extraordinarias entre valores abonados por determinados insumos y sus precios de referencia. Entre los casos examinados aparecieron sobreprecios que superaron el 4.000% en productos como andadores, sillas de ruedas y prótesis. La documentación fue aportada a la causa judicial que investiga las contrataciones realizadas dentro de la ex-ANDIS.
Adorni, Espert y otros expedientes bajo investigación
Otro frente judicial alcanzó al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de diferencias detectadas entre sus ingresos declarados, sus gastos y la evolución de su patrimonio.
Adorni reconoció en su defensa la existencia de fondos que no habían sido incluidos anteriormente en sus declaraciones patrimoniales y sostuvo que provenían de inversiones realizadas años antes. Tras renunciar como jefe de Gabinete el 27 de junio de 2026, presentó este 22 de septiembre documentación destinada a justificar la evolución de sus bienes.
En el escrito presentado ante la Justicia, su defensa afirmó que la evolución patrimonial tiene un sustento “razonable y verificable”. El expediente continúa abierto y no existe hasta el momento una condena contra el exfuncionario.
José Luis Espert también quedó involucrado en una causa por presunto lavado de activos debido a una transferencia de US$200.000 recibida en 2020 desde una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado.
La fiscalía sostiene que el contrato presentado para explicar ese pago habría sido utilizado para simular una relación profesional y ocultar el verdadero origen de los fondos. Espert rechaza esa hipótesis y afirma que existió una contratación real y documentada por servicios profesionales.
El exdiputado fue citado a indagatoria y presentó un escrito en el que negó haber cometido delitos. Posteriormente amplió su defensa, incorporó documentación y solicitó su sobreseimiento o, subsidiariamente, la falta de mérito. La causa permanece bajo investigación y corresponde a la Justicia establecer si existió responsabilidad penal.
Las auditorías del PAMI y las denuncias contra prestadores
El PAMI también presentó durante 2026 distintas denuncias penales a partir de irregularidades detectadas por sus propios mecanismos de auditoría. Uno de los casos se originó en General Pico, La Pampa, donde una investigación puso bajo sospecha facturaciones realizadas durante 2025 por una clínica por más de $1.300 millones.
La denuncia involucra a profesionales y autoridades del establecimiento y apunta a determinar si existieron prestaciones inexistentes o irregularmente registradas.
En Rosario, otra investigación derivó en la imputación de un cardiólogo y un enfermero por una presunta defraudación contra PAMI. Según el Ministerio Público Fiscal, se investigan más de 50.000 prácticas cardiológicas que no habrían sido realizadas. El organismo llegó a pagar $579.943.598,88 por una parte de las prestaciones cuestionadas y evitó posteriormente otro desembolso de casi $148 millones al detectar irregularidades.
Estos expedientes tienen como principales investigados a prestadores y profesionales médicos. Por sí mismos, no constituyen una imputación contra Milei ni prueban responsabilidad penal de las máximas autoridades nacionales.
Los alimentos almacenados y la controversia en Capital Humano
El Ministerio de Capital Humano quedó en el centro de otra controversia durante 2024, cuando se conoció que miles de toneladas de alimentos permanecían almacenadas en depósitos oficiales mientras distintas organizaciones reclamaban su distribución.
Inicialmente, desde el Gobierno se sostuvo que la mercadería acumulada había sido adquirida durante la administración anterior. Sin embargo, documentación incorporada al expediente judicial mostró que una parte de los productos ingresados a los depósitos también había sido adquirida durante la gestión de Milei.
La investigación motivó inspecciones judiciales e inventarios en depósitos ubicados en Villa Martelli y Tucumán. La Justicia también ordenó al Ministerio avanzar con un esquema de distribución de la mercadería, mientras surgían diferencias entre algunos registros oficiales y los productos constatados físicamente.
El episodio derivó además en desplazamientos dentro del área de Capital Humano y abrió una prolongada disputa judicial sobre el reparto de los alimentos almacenados.
De adversarios a aliados
Además de las investigaciones judiciales y administrativas, la trayectoria del Gobierno estuvo marcada por cambios significativos en algunas de las relaciones políticas de Milei.
Uno de los casos más visibles fue el de Patricia Bullrich. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei realizó graves acusaciones contra la entonces candidata de Juntos por el Cambio, quien respondió con denuncias penales. Entre otras afirmaciones, el libertario dijo que Bullrich había pertenecido a una organización terrorista y la acusó de haber colocado “bombas en jardines de infantes”. Investigaciones históricas citadas posteriormente señalaron que no existen registros que respalden esa última afirmación.
Tras la primera vuelta electoral de 2023, Bullrich respaldó a Milei para el balotaje y posteriormente pasó a formar parte de su Gobierno como ministra de Seguridad, convirtiéndose en una de las principales figuras políticas de su esquema.
Luis Caputo protagonizó otro giro significativo. Antes de llegar a la Presidencia, Milei había cuestionado la política económica desarrollada durante la administración de Mauricio Macri y responsabilizado a quienes condujeron determinadas áreas por el deterioro de las reservas. Tras ganar las elecciones, eligió precisamente a Caputo, exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central durante el macrismo, para conducir el Ministerio de Economía.
La relación con Mauricio Macri también atravesó etapas de enfrentamiento, acercamiento y cooperación política. El vínculo comenzó a recomponerse con fuerza después de la primera vuelta presidencial de 2023, cuando Macri y Bullrich respaldaron públicamente a Milei frente a Sergio Massa.
Esos cambios de posición están documentados, aunque su interpretación política admite distintas lecturas. Pueden ser considerados parte del pragmatismo propio de la construcción de mayorías, como contradicciones respecto del discurso electoral inicial o como una estrategia destinada a ampliar la base de sustentación del Gobierno.
Investigaciones abiertas y responsabilidades todavía por determinar
El conjunto de expedientes no permite sostener que todos los funcionarios del Gobierno hayan participado de hechos de corrupción ni que cada denuncia judicial vaya a terminar en una condena. En varios de los casos mencionados las investigaciones permanecen abiertas, existen defensas presentadas y todavía no hay sentencia firme.
Lo que sí reflejan los expedientes, las auditorías estatales y los documentos incorporados durante estos casi tres años es que la administración que llegó al poder prometiendo una ruptura profunda con determinadas prácticas de la política tradicional enfrenta actualmente investigaciones relevantes sobre contrataciones, manejo de recursos públicos, patrimonios y relaciones entre funcionarios y empresarios.
Al mismo tiempo, la incorporación como aliados de dirigentes que habían sido duramente cuestionados durante la campaña marca una distancia entre algunos componentes del discurso político que llevó a Milei a la Presidencia y la arquitectura de poder construida durante su gestión. Determinar el alcance penal de los hechos investigados corresponde a la Justicia; evaluar el significado político de esas transformaciones quedará en manos del debate público.
