El presidente Javier Milei fue denunciado ante la Justicia Federal por la autorización, mediante el DNU N.º 264/2026, del ingreso de tropas de los Estados Unidos para participar en los ejercicios militares “Daga Atlántica” y “PASSEX”. La presentación fue realizada por el diputado nacional Juan Marino, quien sostiene que la medida omitió el tratamiento obligatorio en el Congreso y vulneró disposiciones constitucionales.
La denuncia también alcanza al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al exsecretario de Comunicación Javier Lanari, a quienes se les atribuye haber intervenido en la decisión cuestionada.
La denuncia por el ingreso de tropas
Según el escrito presentado por Marino, el decreto permitió el ingreso de más de 350 efectivos estadounidenses que participaron durante 42 días en ejercicios desarrollados en bases militares de Buenos Aires y Córdoba bajo doctrina y mando de Estados Unidos.
El legislador sostiene que la decisión resulta inconstitucional, ya que el artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional establece que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales. Además, la presentación cita la Ley 25.880, que, según la denuncia, impide autorizar este tipo de operaciones mediante decretos.
Marino afirmó que el Gobierno decidió avanzar con los ejercicios militares «a espaldas del Congreso, para no someterlo a un tratamiento de deliberación pública».
Las acusaciones de la oposición
La denuncia, patrocinada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, plantea posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, traición a la Patria —por presuntos hechos dirigidos a menoscabar la independencia e integridad nacional— y una eventual revelación de secretos militares.
Desde distintos sectores de la oposición también cuestionaron el procedimiento elegido por el Poder Ejecutivo. La vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Agustina Propato, sostuvo que el Gobierno busca «flexibilizar» el ingreso de tropas extranjeras mediante decretos y remarcó que todavía no fueron remitidos al Congreso los ejercicios militares previstos para este año.
La legisladora afirmó que el Ejecutivo debía enviar esa planificación durante la primera semana de marzo y consideró que la demora respondería a la intención de volver a utilizar un DNU para habilitar futuras operaciones.
Cuestionamientos sobre la política de defensa
El exministro de Defensa Agustín Rossi calificó como una «ilegalidad» la omisión del tratamiento legislativo y vinculó la decisión con el alineamiento internacional del Gobierno.
Según Rossi, el ingreso de tropas estadounidenses constituye una consecuencia de la política exterior impulsada por la administración de Milei y se suma a otras iniciativas, como la participación argentina en el Escudo de las Américas y el acuerdo entre la Armada Argentina y el Comando Sur de Estados Unidos para realizar patrullajes conjuntos.
El exfuncionario también sostuvo que este tipo de proyectos suele remitirse al Congreso con un año de anticipación y advirtió que algunos de los ejercicios previstos podrían entrar en tensión con la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, que delimitan las funciones de las Fuerzas Armadas.
El planteo judicial continúa
Marino señaló además que la presentación judicial se suma a un pedido de informes que, según indicó, no obtuvo respuesta del Poder Ejecutivo, así como a una ampliación del pedido de juicio político que ya había sido impulsado en la Cámara de Diputados.
En el escrito también se menciona que los ejercicios militares autorizados se desarrollan en un contexto internacional marcado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y cuestiona el posicionamiento internacional adoptado por el Gobierno argentino.
Por el momento, la denuncia quedó radicada en la Justicia Federal, que deberá determinar si existieron irregularidades en la autorización del ingreso de tropas extranjeras y si corresponde avanzar con la investigación de los hechos denunciados.
