El senador nacional Wado de Pedro expresó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que propone derogar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, y advirtió que la iniciativa implica un retroceso en materia de soberanía territorial.
Según sostuvo el legislador, la discusión se produce en un escenario internacional marcado por la creciente competencia por recursos estratégicos como el agua, los minerales críticos, la energía y los alimentos, elementos que colocan al territorio en un lugar central dentro de las agendas de las principales potencias mundiales.
La defensa de la Ley de Tierras
De Pedro afirmó que el territorio constituye uno de los elementos esenciales de la existencia de un Estado soberano y señaló que la capacidad de administrar los recursos naturales y las fronteras forma parte de las atribuciones fundamentales de una Nación.
En ese marco, cuestionó el proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, al considerar que detrás de esa propuesta se encuentra la eliminación de mecanismos destinados a limitar la concentración extranjera de tierras rurales y proteger áreas consideradas sensibles.
El senador advirtió que la derogación de la norma eliminaría restricciones que actualmente impiden una mayor extranjerización de la tierra y sostuvo que ello podría afectar la capacidad del país para preservar recursos estratégicos.
“Con esta ley, el gobierno de Javier Milei quiere rematar el territorio y entregar la soberanía nacional”, afirmó.
Los recursos estratégicos en debate
El dirigente destacó que Argentina cuenta con importantes reservas de recursos naturales, entre ellas la segunda reserva mundial de gas, la cuarta de petróleo no convencional y la tercera reserva mundial de litio, además de extensas superficies de tierra fértil, agua dulce y minerales estratégicos.
Según planteó, esos recursos incrementan la relevancia geopolítica del territorio argentino en un contexto global atravesado por la transición energética y la búsqueda de materias primas críticas.
Asimismo, remarcó que países como Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia mantienen regulaciones para controlar o limitar la adquisición de tierras por parte de extranjeros, como parte de sus políticas de seguridad y defensa nacional.
Los límites actuales y la discusión en el Senado
La Ley de Tierras vigente establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, porcentaje que también rige para cada provincia y departamento.
Además, impide que personas o empresas de una misma nacionalidad concentren más del 30% de ese límite y fija restricciones para la adquisición de grandes extensiones en zonas productivas estratégicas.
De acuerdo con datos citados por el senador, actualmente existen más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, según registros oficiales y estudios del CONICET.
Otro de los puntos señalados por el legislador está vinculado con las zonas fronterizas. En su análisis, reducir los mecanismos de control sobre esas áreas podría afectar la capacidad del Estado para prevenir delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando.
Finalmente, De Pedro sostuvo que la Argentina necesita atraer inversiones y generar desarrollo económico, pero consideró que esos objetivos deben alcanzarse dentro de una estrategia nacional que preserve el control sobre los recursos y el territorio.
“Ningún país construye futuro rematando su territorio. En un mundo cada vez más conflictivo y voraz, defender la Ley de Tierras es defender la soberanía, el control sobre nuestra tierra y el derecho de la Argentina y de las próximas generaciones a decidir su propio destino”, concluyó.
