La Justicia puso fin este miércoles al proceso judicial por la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente que falleció tras ser embestida por un vehículo en octubre de 2023, en el barrio Profesional, departamento Rivadavia. El juez de Menores Jorge Toro condenó a N.M. a dos años de prisión de cumplimiento condicional y lo inhabilitó por cuatro años para conducir vehículos.
La resolución fue conocida alrededor de las 18:30, en las inmediaciones de la sede de Flagrancia, donde familiares y allegados de la joven recibieron el fallo entre lágrimas, bronca y muestras de indignación. La audiencia se desarrolló sin la presencia del público, de la prensa ni de los seres queridos de la víctima.
Tras conocerse la sentencia, Jorge Rubiño, padre de Lucía, manifestó su descontento con el desenlace del proceso y cuestionó el accionar de la Justicia. El mismo sentimiento fue compartido por otros familiares y amigos que se concentraron en el lugar.
Horas antes de la resolución, allegados a la víctima habían impulsado una convocatoria a través de redes sociales bajo la consigna «La última instancia del proceso judicial», ante la posibilidad de que ese día se conociera la sentencia. Incluso, el propio padre de Lucía había señalado que no tenía precisiones sobre si la audiencia correspondía a alegatos finales o al dictado del fallo.
El caso
La tragedia ocurrió cuando Lucía Rubiño se encontraba sobre la vereda de la vivienda de una amiga y fue atropellada por un Renault Sandero conducido por N.M. De acuerdo con la investigación, instantes antes del hecho vecinos habían advertido a la Policía sobre la realización de presuntas picadas entre vehículos en la zona.
Durante la instrucción de la causa, distintos testimonios indicaron que una camioneta Toyota Hilux, conducida por Juan Pablo Echegaray, habría participado en una maniobra de competencia con el automóvil que manejaba N.M., situación que derivó en la pérdida de control del vehículo y el posterior impacto que terminó con la vida de la adolescente.
En cuanto a Echegaray, quien fue investigado en un expediente separado, el fiscal Iván Grassi solicitó su sobreseimiento al considerar que no existían pruebas suficientes para vincularlo de manera directa con el hecho. La decisión fue apelada por la familia Rubiño, aunque posteriormente el Tribunal de Impugnación confirmó el sobreseimiento.
