Empleados del Poder Judicial de San Juan recibirán un bono de $80.000 y un aumento salarial del 3,7% en abril, como parte de un acuerdo paritario que busca compensar la inflación. Las negociaciones continuarán en las próximas semanas para evaluar posibles ajustes futuros.
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La Corte de Justicia de San Juan, en un movimiento que sorprendió a propios y extraños (sobre todo a los propios, que ya se veían comprando fideos sueltos a fin de mes), anunció un bono de 80.000 pesos para sus empleados. Ochenta lucas, como para ir a comprar un par de alfajores Jorgito y una botella de Manaos de dos litros y medio… bueno, quizás alcance para un poquito más que eso.
Este gesto de magnanimidad judicial se suma a un aumento del 3,7% en abril, cifra que los economistas están analizando con la misma intensidad que un físico nuclear estudiaría la trayectoria de una mosca. Se estima que dicho porcentaje permitirá a los empleados judiciales afrontar la inflación con la misma eficacia que un caniche toy enfrentando a un Rottweiler.
Claro que, los gremios, con esa habilidad innata para detectar la ironía en un desierto de aumentos irrisorios, ya aclararon que este acuerdo es más transitorio que la paz mundial. Piensen en esto como una curita en una fractura expuesta: calma un poquito el dolor, pero no soluciona el problema de fondo. «Nos volveremos a ver», dijeron, con ese tono amenazante que sólo se consigue después de años de lidiar con planillas excel y negociaciones interminables.
La idea, según dicen los que saben (o los que hacen como que saben), es «mitigar el impacto de la escalada de precios». Imaginen a la inflación como un Godzilla descontrolado arrasando con la ciudad, y a este bono como un señor con una manguera de jardín intentando detenerlo. Una imagen pintoresca, ¿no?
Así que, mientras los empleados judiciales festejan con euforia contenida (porque, seamos sinceros, con 80 lucas no se hace una fiesta ni en el quincho de la casa), la provincia sigue su camino hacia un futuro económico incierto, como un barco a la deriva en medio de una tormenta de empanadas quemadas. Y como siempre, el pueblo observa expectante, con la esperanza de que algún día, la lluvia de billetes sea un poco más intensa que una llovizna de otoño. Porque, total, soñar no cuesta nada, ¿no? Sobre todo cuando el sueldo se evapora antes de llegar a fin de mes.
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El personal del Poder Judicial de San Juan recibirá un bono extraordinario de $80.000 y un incremento salarial del 3,7% en abril, según confirmó oficialmente la Corte de Justicia. La decisión fue tomada en el marco de las negociaciones paritarias y busca responder a los reclamos por pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
Una suma fija no remunerativa y una suba al básico
El bono, que no será remunerativo ni bonificable, se acreditará por única vez junto con los haberes del mes de abril. Además, se aplicará un aumento del 3,7% sobre el salario básico, lo cual impactará en todos los adicionales vinculados a ese concepto.
La medida alcanza a todos los trabajadores judiciales de la provincia y forma parte de una estrategia para mitigar el impacto de la escalada de precios, en un contexto económico desafiante para el sector público.
Negociación abierta y nuevo encuentro previsto
Fuentes gremiales indicaron que este acuerdo no clausura la paritaria, sino que se trata de una actualización transitoria. Las partes prevén reunirse nuevamente en las próximas semanas para revisar la evolución del índice inflacionario y definir nuevos ajustes si fuera necesario.
El compromiso de mantener el diálogo activo fue valorado positivamente por el gremio judicial, que venía advirtiendo sobre la necesidad urgente de recomponer salarios.
El Poder Judicial se suma a la pauta de recomposición estatal
Con esta decisión, el Poder Judicial se alinea a la tendencia de otros sectores del Estado provincial, como el educativo y el administrativo, que también han firmado acuerdos salariales con sumas fijas y ajustes vinculados al IPC.
En un escenario económico marcado por la incertidumbre, la decisión busca contener tensiones internas y sostener el funcionamiento del sistema judicial sin conflictos gremiales.
