El diputado nacional Ernesto Alí amplió a fines de septiembre una denuncia penal contra el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento agravado y omisión maliciosa.

La presentación judicial se produjo después de que el legislador obtuviera información de la Dirección Provincial de Catastro y Tierras Fiscales de San Luis sobre inmuebles registrados a nombre de familiares del mandatario.

Según los datos incorporados a la denuncia, María Victoria Poggi, hija del gobernador, figura como titular de ocho inmuebles, mientras que Federico Poggi, su hijo, registra cinco propiedades. Ambos tienen menos de 40 años.

Alí sostiene que el volumen de bienes atribuido al grupo familiar merece una investigación sobre su origen y su correspondencia con los ingresos declarados. Estas afirmaciones forman parte de una denuncia y no constituyen una determinación judicial de responsabilidad penal.

La presentación también señala que Sandra Mabel Correa Sosa, esposa del gobernador, registra otros cuatro inmuebles.

De acuerdo con el planteo del legislador, las propiedades identificadas entre los hijos y la esposa del mandatario suman 17 inmuebles, aunque la investigación deberá precisar su naturaleza, titularidad, fechas de adquisición y condiciones jurídicas.

Los inmuebles de la familia Poggi y los pedidos de investigación

El diputado peronista describió la situación como un presunto «entramado patrimonial familiar» y pidió profundizar las actuaciones para establecer la procedencia de los bienes.

Entre los documentos incorporados figuran instrumentos relacionados con la constitución de usufructos gratuitos, vitalicios y con derecho de acrecer en favor de los hijos del gobernador.

Estas figuras jurídicas permiten establecer derechos de uso y aprovechamiento sobre determinados inmuebles, por lo que resulta necesario examinar los instrumentos específicos para determinar el alcance de cada operación y quién conserva la titularidad dominial.

El abogado Leonardo Martínez Herrero, representante legal de Alí, solicitó al Poder Judicial que se libren oficios para obtener información detallada sobre las propiedades.

Entre las medidas requeridas se encuentran la identificación de los inmuebles, sus superficies, valuaciones fiscales, constancias de titularidad y fechas de adquisición.

También pidió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre la situación fiscal y las declaraciones del impuesto a las ganancias de las personas mencionadas, además de información de entidades bancarias y financieras.

El objetivo de estas diligencias es contrastar la documentación patrimonial con los ingresos y movimientos económicos que puedan acreditarse.

La denuncia pasó de Comodoro Py a la Justicia Federal de San Luis

La investigación tuvo su origen en cuestionamientos sobre la evolución patrimonial de Poggi, que también habían sido planteados a partir del trabajo del abogado Gustavo Reviglio.

Alí presentó inicialmente su denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py, al considerar relevante el período en el que Poggi se desempeñó como diputado y senador nacional.

La causa recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, con intervención prevista de la fiscal Paloma Ochoa.

Sin embargo, ambas autoridades se declararon incompetentes y el expediente fue remitido a la Justicia Federal de San Luis.

En esa jurisdicción ya se encontraba radicada una denuncia presentada por Reviglio.

El expediente quedó vinculado con la actuación del juez Juan Carlos Nacul y el fiscal Cristian Rachid, cuyo desempeño fue cuestionado por el sector denunciante ante la falta de avances que reclama.

El abogado de Alí también solicitó que el legislador fuera citado a declarar el 11 de septiembre para ratificar personalmente su presentación.

Según la información aportada, hasta el viernes mencionado en la denuncia no se habían registrado movimientos relevantes en la causa.

La situación judicial se desarrolla en un contexto de enfrentamiento político entre el gobernador Poggi y sectores vinculados con el exmandatario provincial Alberto Rodríguez Saá.

Alí ingresó a la Cámara de Diputados por Unión por la Patria, aunque se separó de la bancada conducida por Germán Martínez aproximadamente un mes antes de la ampliación de la denuncia.

En paralelo, exfuncionarios del gobierno de Rodríguez Saá han denunciado presuntas situaciones de persecución política por parte de la actual administración provincial.

Dentro de ese escenario, el 26 de agosto, el juez Santiago Olguín, del Juzgado de Garantías N.º 4 de San Luis, dictó la prisión preventiva de la exdiputada Anabela Lucero, procesada en una causa por presunto uso de facturas falsas durante su gestión al frente del complejo cultural Molino Fénix.

La investigación sobre Lucero involucra un monto aproximado de 900 millones de pesos y constituye un expediente distinto del que tiene como denunciado a Poggi.

La evolución patrimonial de Poggi entre 2017 y 2023

Uno de los ejes centrales de la denuncia es el análisis de las declaraciones juradas patrimoniales del gobernador durante su paso por el Congreso nacional.

Según la presentación de Alí, el patrimonio neto declarado por Poggi pasó de $9.338.689,20 en 2017 a $79.586.045,10 en 2022/2023.

El legislador sostiene que esa evolución debe ser examinada en relación con los ingresos provenientes de sus funciones como diputado y senador, las rentas por alquileres y otros conceptos declarados.

«Esto implica un aumento de casi 70 millones de pesos en un período relativamente corto, incremento que no se corresponde con sus ingresos como diputado y senador nacional, rentas por alquileres y montos declarados como ingresos no alcanzados», detalla la denuncia.

Las cifras corresponden a valores nominales de distintos ejercicios fiscales, por lo que su comparación requiere considerar los cambios de valuación, la inflación y la composición patrimonial de cada período antes de establecer conclusiones sobre su evolución real.

En la presentación también se mencionan una «fuerte dolarización del ahorro», la «tenencia constante y elevada de efectivo físico en dólares durante varios años», las «revaluaciones extraordinarias de inmuebles rurales y urbanos, especialmente en Alpa Corral», las «diferencias aritméticas imposibles entre declaraciones juradas consecutivas» y la «ausencia total de trazabilidad financiera».

Se trata de observaciones formuladas por el denunciante, cuya consistencia deberá ser determinada mediante el análisis documental y contable correspondiente.

Alí identificó que entre 2017 y 2018 el patrimonio declarado de Poggi aumentó aproximadamente $3,4 millones, incremento que atribuyó a una «diferencia de valuación de los mismos bienes, justificada genéricamente por inflación y variación del dólar».

«Este mecanismo contable comienza aquí a repetirse de forma sistemática a lo largo de los años», sostuvo el legislador.

Para 2019, la declaración jurada consignaba un patrimonio de $20.476.716,16, más del doble del monto declarado en 2017.

La denuncia cuestiona especialmente las diferencias de valuación y la evolución de las tenencias en moneda extranjera.

«En esta declaración jurada además se registra una diferencia de valuación por más de $ 5,1 millones, ingresos y gastos que no cierran adecuadamente con el aumento patrimonial y la aparición de tenencias muy significativas en dólares, incluyendo efectivo físico por USD 111.495», señala la presentación.

El análisis de Alí también sostiene que durante 2020 y 2021 el patrimonio declarado continuó creciendo, con incrementos cercanos a los $10 millones en cada uno de esos años.

Según su interpretación, las declaraciones juradas reflejarían que Poggi cuadruplicó su patrimonio nominal en aproximadamente cuatro años.

La investigación solicitada busca determinar si las variaciones responden a operaciones, ingresos y criterios de valuación debidamente respaldados o si existen inconsistencias que requieran nuevas medidas judiciales.

Por el momento, los datos expuestos corresponden a la presentación del diputado denunciante y a la documentación que afirma haber reunido. La eventual existencia de delitos y las responsabilidades que pudieran derivarse deberán ser establecidas por la Justicia.