La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una denuncia penal contra la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y su obra social, Unión Personal, por presuntas “prácticas extorsivas” hacia empleados públicos. La acusación central apunta al cobro de aranceles diferenciados o “plus” ilegales a los afiliados para acceder a prestaciones médicas.

La acusación de ATE

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que miles de trabajadores deben pagar sumas adicionales pese a que las prestaciones ya están cubiertas por los aportes obligatorios. “Es una estafa lisa y llana. Se apropian de manera indebida de los aportes de los trabajadores y, como si fuera poco, les cobran un plus para poder atenderse”, denunció.

Según el gremio, la situación no es aislada sino parte de una práctica sistemática en la red de prestadores de Unión Personal en todo el país, lo que impacta directamente en el acceso a la salud de los afiliados y sus familias.

La presentación judicial se ampara en la Ley 23.660 de Obras Sociales, que regula la actividad y prohíbe expresamente el cobro de cualquier arancel fuera de los fijados por la Superintendencia de Servicios de Salud. La norma busca garantizar la equidad y el acceso universal al Programa Médico Obligatorio (PMO).

Especialistas en el sector sanitario señalan que el cobro de plus es una práctica extendida, pero remarcan que es responsabilidad de las obras sociales asegurar que sus afiliados no sufran estos pagos ilegales.

Silencio de los acusados

Hasta el momento, ni UPCN ni Unión Personal emitieron un comunicado oficial en respuesta a la denuncia. Se espera que en los próximos días presenten su postura. La acusación no solo tiene derivaciones judiciales, sino que además profundiza la disputa entre los dos gremios mayoritarios del sector público, que suman así un nuevo capítulo a una larga rivalidad por la representación de los trabajadores estatales.