La explotación petrolera alrededor de las Islas Malvinas avanza hacia una etapa decisiva. La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum desarrollan el yacimiento offshore Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, con el objetivo de comenzar la producción comercial durante 2028.
El emprendimiento ya cuenta con obras en preparación, financiamiento y un cronograma de ejecución. En paralelo, Argentina mantiene su rechazo jurídico y diplomático a las actividades hidrocarburíferas realizadas en la zona sin autorización del Estado nacional, al considerar que afectan sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
La primera fase del proyecto demandará una inversión cercana a los US$1.800 millones y apunta a alcanzar una producción inicial de aproximadamente 55.000 barriles diarios. Sin embargo, los planes de desarrollo contemplan nuevas etapas que podrían elevar la extracción hasta unos 180.000 barriles por día, una magnitud equivalente aproximadamente a una quinta parte de la producción petrolera total argentina.
Un proyecto energético con impacto estratégico
El avance de Sea Lion se produce en un contexto de declinación de los históricos yacimientos petroleros del Mar del Norte. La producción británica en esa región registra una fuerte caída respecto de los niveles alcanzados a comienzos de este siglo, lo que incrementa el interés estratégico sobre nuevos desarrollos offshore.
En ese escenario, Sea Lion aparece como un proyecto relevante tanto por su dimensión energética como por su ubicación en una zona cuya soberanía permanece en disputa entre Argentina y el Reino Unido.
Para Argentina, la cuestión excede ampliamente el plano comercial. Desde la reforma constitucional de 1994, la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes constituye un objetivo permanente del Estado argentino.
La llegada de inversiones multimillonarias, infraestructura de largo plazo y una eventual producción sostenida de hidrocarburos agrega un componente económico a una controversia histórica que ya involucra dimensiones territoriales, jurídicas, diplomáticas y estratégicas.
A 44 años del conflicto bélico de 1982, el escenario también incorpora la disputa por los recursos naturales del Atlántico Sur. La consolidación de infraestructura y actividades económicas permanentes puede generar nuevas condiciones sobre el terreno y aumentar la complejidad de cualquier futura negociación.
Argentina considera ilegal la operación
Desde el descubrimiento de Sea Lion en 2010, Argentina denunció en reiteradas oportunidades la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas circundantes a las Islas Malvinas, al sostener que esas actividades vulneran la legislación nacional y desconocen la disputa de soberanía.
La Ley 26.659, sancionada en 2011, establece restricciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
Sobre esa base, las autoridades argentinas declararon ilegales las actividades desarrolladas por Rockhopper, Navitas y otras compañías vinculadas a operaciones hidrocarburíferas en el área. Las primeras sanciones comenzaron en 2012 y posteriormente fueron ampliadas en 2022.
Sin embargo, esas medidas no detuvieron el desarrollo del emprendimiento. El punto de inflexión se produjo en diciembre de 2025, cuando las compañías adoptaron la denominada Decisión Final de Inversión, instancia mediante la cual confirmaron la ejecución del proyecto.
A partir de esa definición comenzaron las contrataciones, el cierre del financiamiento y la planificación detallada de las obras previstas tanto en el área marítima como en Puerto Argentino.
Reservas certificadas y perforaciones previstas para 2027
El 2 de abril, Rockhopper difundió un informe técnico independiente elaborado por Netherland, Sewell & Associates que certificó que las fases iniciales del proyecto cuentan con 313,8 millones de barriles de petróleo económicamente recuperables.
La evaluación permitió reclasificar esos recursos como reservas comercialmente explotables. De acuerdo con el mismo estudio, las reservas podrían ampliarse hasta 408 millones de barriles en etapas posteriores, mientras que el potencial geológico del área alcanzaría hasta 845 millones de barriles.
Navitas informó que «está previsto que las obras de perforación y terminación comiencen a principios de 2027» y que «se sigue esperando que la primera extracción de petróleo de la fase 1 se produzca en el primer semestre de 2028».
La magnitud del proyecto también podría tener consecuencias económicas directas para las islas, debido a los ingresos que podrían generarse mediante regalías e impuestos una vez iniciada la producción.
Argentina continúa rechazando oficialmente cada avance del proyecto y sostiene que cualquier actividad hidrocarburífera desarrollada sin su autorización constituye una violación de la legislación nacional y de sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
Hasta el momento, las medidas administrativas y diplomáticas adoptadas por el país no lograron impedir el acceso de las compañías al financiamiento internacional, la contratación de infraestructura ni la continuidad del cronograma. Mientras Argentina mantiene su reclamo jurídico y diplomático, Sea Lion avanza hacia una etapa de producción que podría modificar de manera sustancial la dimensión económica de la disputa en el Atlántico Sur.
