La Administración de Bienes del Estado (AABE) quedó en el centro de la polémica luego de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 88/2025, en la que intenta blindar judicialmente a sus funcionarios tras presuntas irregularidades en la cesión de terrenos pertenecientes al INTA y al Instituto Nacional del Agua (INA).
Una venta exprés y un trasfondo judicial
Según trascendió, uno de los casos que más controversia generó fue el del campo de 41 hectáreas en Cerrillos, Salta, perteneciente al INTA, que fue “desafectado” de su patrimonio sin el aval del Consejo Directivo Nacional del organismo. Una maniobra similar ocurrió con un lote en Ezeiza del INA, cedido al Club River Plate.
La resolución fue firmada por el titular de la AABE, Nicolás Pakgpjz, en un intento por justificar las decisiones tomadas y evitar que altos funcionarios queden expuestos judicialmente. Todo esto ocurre en paralelo a una denuncia penal anónima que ya circula en tribunales, señalando al menos 10 irregularidades administrativas en la venta del edificio de Cerviño 3101, adjudicado en diciembre de 2024 a la firma Brukman & Mansilla por 18,5 millones de dólares.
Promesas incumplidas y tensiones internas
De acuerdo con la denuncia, el INTA debió haber recibido el 70% del total obtenido en la venta, lo que equivalía a 13 millones de dólares. Esa distribución había sido reconocida públicamente por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sin embargo, un decreto firmado por el presidente Javier Milei en febrero de 2025 destinó la totalidad de los fondos al Tesoro Nacional, dejando al INTA sin participación en los ingresos.
Estas maniobras se habrían realizado bajo fuerte presión del Ministerio de Economía, comandado por Luis “Toto” Caputo. Según fuentes cercanas, el propio Pakgpjz habría comunicado al entonces titular del INTA, Juan Cruz Molina, que “Toto quiere vender las tierras”, en lo que fue interpretado como una orden directa.
Advertencias ignoradas por el Gobierno
La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) había cuestionado las operaciones inmobiliarias al señalar que “la primera actuación fue iniciada por un organismo incompetente” y que no existían informes técnicos que justificaran la “innecesariedad” del inmueble vendido.
Las advertencias de la Procuración, sin embargo, fueron desoídas, y las operaciones siguieron adelante sin mayores revisiones. Con la denuncia penal ya presentada y el escándalo escalando, el Gobierno enfrenta ahora un nuevo frente de conflicto, esta vez en el corazón de su política de “eficiencia estatal”.
Una resolución de la AABE publicada este miércoles generó un nuevo foco de tensión dentro del Gobierno nacional. El organismo intentó blindar judicialmente a altos funcionarios tras la cesión de terrenos pertenecientes al INTA y al INA, que se habrían hecho sin aval institucional. La maniobra coincide con una denuncia penal anónima que denuncia presuntas irregularidades en la venta del edificio de Cerviño 3101 y un campo en Cerrillos, Salta. La Procuración ya había advertido sobre actuaciones irregulares.
Este contenido es generado automáticamente con IA
Zappo te lo cuenta
A veces el Estado argentino parece ese compañero que vende cosas que no son suyas y después se ofende si lo denuncian. Esta semana, la saga de bienes públicos que cambian de manos sin escalas sumó un nuevo capítulo con la Resolución 88/2025, un texto que, más que administrativo, parece escrito por un abogado con miedo a que lo citen a Comodoro Py.
El protagonista es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que tras haber entregado terrenos del INTA y del Instituto Nacional del Agua sin mucho papeleo ni consentimiento institucional, ahora busca blindar judicialmente a sus funcionarios. ¿El motivo? Una denuncia penal anónima que podría hacer tambalear más de un escritorio en Economía.
La historia viene con diálogo incluido: “Toto quiere vender las tierras”. No es un sketch de Capusotto, es lo que —según trascendió— el jefe de la AABE, Nicolás Pakgpjz, le dijo al expresidente del INTA. Y Toto, por si quedaban dudas, es Luis Caputo. Así, con una simple línea, se resume el vértigo inmobiliario con el que Economía le puso el cartel de “se vende” a medio patrimonio público.
Entre los casos que más ruido hacen está el de un campo de 41 hectáreas en Cerrillos, Salta, cedido sin el aval del Consejo Directivo del INTA, y el ya escandaloso remate del edificio de Cerviño 3101, vendido por 18,5 millones de dólares a Brukman & Mansilla. ¿El problema? Según un decreto de Milei, de esa suma no quedó ni un peso para el INTA, a pesar de que el vocero presidencial había prometido devolverle el 70%.
La Procuración de Investigaciones Administrativas ya había marcado al menos 10 irregularidades y advirtió que la venta fue iniciada por “un organismo incompetente”. Pero como ya es costumbre en este Gobierno, la advertencia fue tratada como una sugerencia decorativa.
Ahora, con la denuncia anónima dando vueltas, en los pasillos de AABE y Economía ya nadie quiere figurar como autor material. Todo apunta a que si la justicia se pone a tirar del hilo, varios funcionarios dirán que ellos solo apretaban “Ctrl + P” cuando les llegaba la orden.
Este contenido humorístico es generado por IA y puede contener imprecisiones o ser imprudente, se recomienda leer con discreción.
