La reciente decisión del Ejecutivo Nacional de intervenir el Puerto de Ushuaia ha generado un sismo político y jurídico de proporciones, poniendo en riesgo la estabilidad operativa de la principal puerta de entrada a la Antártida. La Resolución 4/2026, que designa a Iñaki Arreseygor como interventor, ha sido recibida por la administración de Gustavo Melella como un «atropello institucional», derivando en una inmediata judicialización del conflicto.
La seguridad jurídica de los cruceros en juego
Ushuaia no es un puerto más; concentra más del 90% del tráfico mundial de cruceros antárticos. Operadoras nucleadas en la IAATO ya han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que se alteren los convenios de exclusividad y las tasas preferenciales vigentes. El mayor temor del sector privado radica en que una administración centralizada desde Buenos Aires ralentice la logística de suministros críticos, como combustible y víveres, esenciales para las expediciones transatlánticas.
El frente de gobernadores patagónicos
La medida ha logrado lo que pocos temas consiguen: la unidad total de los mandatarios sureños. Nacho Torres (Chubut) fue tajante al advertir que no permitirá réplicas de esta medida en Puerto Madryn o Comodoro Rivadavia, amenazando con el cese del envío de recursos energéticos. Por su parte, Claudio Vidal (Santa Cruz) recordó que, según la Constitución Nacional, la propiedad y administración de los puertos corresponde a las provincias, limitándose la Nación únicamente a funciones de seguridad y control.
Los números detrás de la intervención
El argumento de la SIGEN y la Agencia Nacional de Puertos para justificar la medida se apoya en tres irregularidades detectadas:
- Desvío de fondos: Nación acusa que el 18% de las partidas destinadas a la ampliación del muelle comercial fue utilizado para pagar salarios estatales.
- Liquidación de divisas: Se detectaron beneficios a operadoras que liquidaban tasas dolarizadas al tipo de cambio oficial con demoras de 90 días, lo que Nación califica como un «subsidio encubierto».
- Consultorías dudosas: Se cuestionan contratos por 1.200 millones de pesos en asesorías ambientales a empresas sin antecedentes comprobables.
Posibles escenarios judiciales
El conflicto se dirime ahora en los tribunales federales, donde se analizan los siguientes caminos:
Escenario Consecuencia Inmediata Cautelar Concedida Tierra del Fuego recupera el control en 72 horas. Cautelar Rechazada El interventor asume plenamente; posible desobediencia administrativa provincial. Mesa de Diálogo El Juez Federal convoca a conciliación para evitar el parate del puerto.En fin, la defensa de Tierra del Fuego sostiene que el Gobierno Nacional confunde sus facultades de auditoría con las de gestión, intentando capturar una caja que factura cerca de USD 40 millones anuales por servicios de estiba, amarre y gestión de residuos, fondos que ahora quedarían bajo la firma exclusiva de Arreseygor.
