Sergio Raúl Sarria fue condenado a diez años de prisión por intentar matar a su ex pareja, Adriana Débora Barrionuevo, en un brutal ataque ocurrido el 18 de noviembre de 2024 en una pizzería del barrio porteño de Villa Urquiza. La mujer recibió 37 puñaladas en distintas partes del cuerpo y logró sobrevivir pese a las graves lesiones sufridas.

El hombre permanecía detenido acusado de homicidio agravado por violencia de género en grado de tentativa y ensañamiento. Durante el juicio reconoció los hechos y pidió disculpas tanto a la víctima como a su hija.

Un ataque que quedó registrado

La sentencia fue dictada por los jueces Gustavo Javier Alterini, Gabriel Eduardo Vega y Alejandro Noceti Achával, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

En la resolución, el tribunal sostuvo que quedó acreditado que «el objetivo real de Sergio Raúl Sarria al efectuar las diversas lesiones cortantes sobre el cuerpo de Adriana Débora Barrionuevo no era otro que causarle la muerte; extremo éste que, afortunadamente, no logró».

Uno de los elementos centrales para la condena fueron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local donde ocurrió el ataque. El juez Alterini destacó que la prueba audiovisual resultó determinante para comprender la magnitud de la agresión.

«La mera visualización —escalofriante por cierto— basta por sí sola para sostener la afirmación previamente efectuada», señaló el magistrado al referirse al contenido de los registros fílmicos.

Las disculpas y la pena mínima

Al momento de fijar la condena, los jueces valoraron la actitud asumida por Sarria durante el proceso judicial. Según el fallo, el acusado se mostró conmovido durante la audiencia y expresó arrepentimiento por lo ocurrido.

La resolución destaca que «no sólo ofreció sus sinceras disculpas a la víctima sino también a su propia hija por haberle causado un daño a su madre y haber destruido lo poco que subsistía de aquella familia que supieron conformar».

La defensora pública Laura Isabel Ayala tampoco cuestionó la responsabilidad penal de su representado. Por el contrario, al reconocer este los hechos imputados, solicitó la aplicación de la pena mínima prevista por la legislación vigente para este tipo de delitos.

Finalmente, el tribunal resolvió imponerle diez años de prisión, la condena más baja contemplada dentro de la escala penal correspondiente al delito por el que fue hallado culpable. La pena será cumplida en una unidad carcelaria.