El Gobierno de San Juan impulsa una profunda reforma de la ley del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) con el objetivo de modificar el sistema de adjudicación de casas. La iniciativa incorpora un esquema de puntajes para calificar a los postulantes, dispone que todas las viviendas sean asignadas exclusivamente mediante sorteos públicos y establece criterios más transparentes para el acceso a los programas habitacionales.
La propuesta busca dejar atrás las adjudicaciones «por planilla» y cualquier mecanismo de intermediación utilizado en el pasado. «La idea que tiene el gobernador es establecer un sistema transparente, mucho más transparente, mucho más contrastable en los hechos, que la persona tenga la seguridad de que si reúne las condiciones que la ley determina, eso le va a posibilitar participar de un sorteo en el cual se le va a adjudicar la casa», afirmó el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, durante su participación en el programa Café de la Política, emitido por HUARPE TV.
El funcionario reforzó ese criterio al señalar: «Se terminaron las adjudicaciones por planilla o de manera irregular, acá va todo el mundo al sorteo».
Un sistema de puntajes y requisitos más exigentes
La reforma pondrá en funcionamiento un sistema de puntajes que ya estaba previsto en la legislación vigente, aunque nunca llegó a reglamentarse. A partir de su implementación, la inscripción al padrón dejará de depender únicamente del cumplimiento de requisitos básicos y pasará a contemplar distintos aspectos sociales, económicos y de conducta para determinar quiénes podrán participar de los sorteos.
Entre los criterios que se evaluarán figuran la composición del grupo familiar, la capacidad económica para afrontar las cuotas, la situación laboral y el cumplimiento de distintas obligaciones legales.
Ferrari adelantó además que la inexistencia de antecedentes penales será un aspecto relevante dentro de la calificación. «La inexistencia de antecedentes penales va a ser considerada una situación importante a la hora de calificar», señaló. No obstante, aclaró que no todos los antecedentes implicarán automáticamente la exclusión de un postulante, aunque en igualdad de condiciones tendrá prioridad quien haya mantenido una conducta ejemplar.
Asimismo, se verificará que los aspirantes no registren incumplimientos en el pago de cuotas alimentarias dispuestas por la Justicia.
La reglamentación también establecerá causales para la pérdida de una vivienda ya adjudicada. Según explicó el asesor letrado, delitos graves como hechos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, homicidios o robos agravados podrán derivar en la desafectación del inmueble cuando esas conductas afecten la convivencia y contradigan los objetivos de la política habitacional.
El fin de las carpetas y las listas confeccionadas por terceros
Otro de los ejes de la futura ley apunta a desactivar el sistema mediante el cual algunos sindicatos comercializaban carpetas entre sus afiliados con la expectativa de que posteriormente el IPV financiara la construcción de barrios destinados exclusivamente a esos beneficiarios.
Ferrari explicó que muchas de esas operatorias se sustentaban en compromisos verbales asumidos durante gestiones anteriores, aunque el organismo nunca formalizó la obligación de ejecutar esas viviendas.
«Hoy día no hay ningún compromiso firmado con varios sindicatos», aseguró el funcionario. Según indicó, numerosas personas abonaron terrenos, urbanizaciones o carpetas convencidas de que tenían asegurada una vivienda, cuando el Estado nunca había asumido formalmente ese compromiso.
El asesor letrado sostuvo además que respetar esas listas implicaría mantener el mismo sistema de adjudicaciones que la reforma busca eliminar. «La idea del gobernador es ser lo más transparente e igualitario posible, que todo el mundo tenga el mismo derecho», afirmó.
Un único mecanismo para acceder a las viviendas
Ferrari reconoció que existen terceros de buena fe que resultaron perjudicados por esas operatorias e incluso recordó que algunas derivaron en denuncias penales que continúan en trámite. Sin embargo, remarcó que la prioridad será atender el déficit habitacional de toda la provincia y abandonar mecanismos de asignación que favorezcan exclusivamente a quienes accedieron a carpetas comercializadas por organizaciones intermedias.
Con la nueva legislación, el Gobierno busca que la adjudicación de viviendas dependa únicamente de reglas comunes para todos los sanjuaninos, mediante un sistema de puntajes y sorteos públicos que, según la gestión de Marcelo Orrego, garantice igualdad de oportunidades y mayor transparencia.
