Ninguno de los informes sobre operaciones en criptomonedas de Manuel Adorni que recibió hasta ahora la fiscalía de Gerardo Pollicita refleja una inversión de 200.000 dólares ni intereses ganados por 300.000 dólares. Esos son los montos que el propio exjefe de Gabinete mencionó cuando anunció la presentación de su declaración jurada, con la que buscaba justificar el salto en su nivel de vida durante los últimos dos años.
Por ahora, los reportes incorporados al expediente reflejan montos pequeños, según allegados a la causa, que no se corresponderían con la afirmación pública del exfuncionario. Ese escenario explica el último pedido de información que realizó el fiscal a Binance y Lemon: busca precisiones sobre quién hizo transferencias en activos digitales y cuáles son los montos exactos.
En el mismo oficio, Pollicita afirmó que existen “inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial”, un punto que podría derivar en un requerimiento para que Adorni justifique el origen de sus bienes.
El pedido a Binance y Lemon
Pollicita les dio 72 horas a Binance y Lemon, dos plataformas de servicios financieros utilizadas para operaciones con criptomonedas, para que informen con mayor detalle ciertos movimientos ligados a billeteras de Adorni.
Hasta el momento, la fiscalía recibió datos generales que no se corresponderían ni con lo que el exvocero dijo públicamente ni con las rectificaciones de sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
A Binance, de acuerdo con el documento, el fiscal le pidió todos los ingresos registrados en una cuenta asignada al exjefe de Gabinete desde el 23 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2021.
A Lemon le solicitó una ampliación del informe ya entregado. El requerimiento abarca el período comprendido entre enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022, e incluye el historial de todos los movimientos registrados en la cuenta del exfuncionario en moneda nacional, extranjera y criptoactivos.
El pedido alcanza créditos, débitos, depósitos, retiros, transferencias, compras, ventas, conversiones, direcciones de origen y destino, vinculación con cuentas bancarias, billeteras, tarjetas, plataformas y otros medios de fondeo o retiro. También solicita saldos, tenencias, interacciones dentro de la plataforma y movimientos de fondos en blockchain.
La explicación de Adorni y las dudas de la fiscalía
Adorni no había incluido operaciones ni ahorros en criptomonedas en sus declaraciones juradas como funcionario. Recién en la presentación de 2025, realizada el mes pasado después de distintas idas y vueltas, incorporó rectificaciones de sus declaraciones anteriores.
En esas rectificaciones incluyó “modas digitales, virtuales o cripto activos”, que figuran como ingresados al patrimonio en 2021 y 2023, con montos en pesos que, según especialistas, no se corresponderían con las cifras señaladas en dólares.
En su última presentación, Adorni consignó que había vendido esos activos por cerca de 400 millones de pesos, equivalentes a 388.961 dólares.
En una entrevista televisiva con el periodista José del Río, en LN+, donde anunció su esperada declaración jurada, Adorni dijo que tenía ahorros en negro por medio millón de dólares. Según su explicación, había invertido 200.000 dólares y el resto lo había ganado con intereses.
El exfuncionario situó el origen de esa inversión en 2014, una época en la que invertir en Bitcoin era considerado de alto riesgo. Luego se conocieron intervenciones suyas en charlas y entrevistas en las que, en 2021, decía no tener conocimiento sobre el tema.
Los 500.000 dólares son un punto clave porque representarían una parte importante de los gastos que Adorni debería justificar. El expediente también analiza distintos desembolsos y deudas durante sus dos años y medio en la función pública.
Entre los gastos señalados aparecen pagos en efectivo por 245.000 dólares destinados a refacciones en la casa de Indio Cuá, un viaje a Aruba por 9.000 dólares, estadías de lujo, un vuelo privado a Punta del Este, sábanas y sommiers por 8 millones de pesos, un monitor gamer y proyectores.
También se investiga el uso de tarjetas de crédito prestadas, con devolución posterior del dinero en efectivo, una modalidad que habría evitado dejar rastro directo de ciertas erogaciones. A eso se suman operaciones inmobiliarias vinculadas con la casa del country y con un departamento en Caballito, que están bajo análisis en la causa.
Restricciones, mensajes y nueva denuncia
Tras la renuncia de Adorni, circularon versiones sobre una posible salida del país hacia Uruguay o España. Ante ese escenario, su abogado, Matías Ledesma, presentó un escrito en el que sostuvo que su defendido “se encuentra actualmente en el país, sin intenciones de salir del mismo en el futuro cercano”.
El abogado agregó que, en caso de que “fuera a egresar del territorio nacional”, Adorni informaría previamente a las autoridades judiciales.
Hubo pedidos de la diputada Marcela Pagano y del abogado Gregorio Dalbón para que el juez Ariel Lijo ordenara la detención de Adorni o dispusiera medidas restrictivas. Finalmente, se resolvió exigirle que informe si pretende salir del país.
Según explicó Pollicita en su escrito, esa decisión no está vinculada con el contenido de los mensajes hallados en el celular del contratista Matías Tabar, quien antes de declarar le habría ofrecido a Adorni todo el “soporte” que necesitara y parecía intentar condicionar su testimonio.
El fiscal evaluó que, más allá de los llamados u ofrecimientos, en “los propios dichos vertidos por el testigo no se advierte que haya existido una modificación de elementos de prueba o que el investigado haya influido en la declaración del testigo, quien, además, no refirió haberse sentido hostigado o amenazado a raíz de los mensajes intercambiados”.
A esa evaluación sumó que Adorni tiene domicilio, donde vive con la familia, y bienes en el país.
Lo que sí tuvo en cuenta la fiscalía fueron “las inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial de Manuel Adorni de acuerdo con lo que surge del resultado de las diversas medidas de prueba dispuestas”. Ese cuadro lo ubica ante la posibilidad de una intimación o requerimiento de justificación patrimonial “en los términos del artículo 268 (2) del Código Penal”.
“Considero pertinente que el investigado informe al Sr. Juez cualquier salida del país, a los efectos de que en tal oportunidad se evalúe la pertinencia y razonabilidad de su presentación”, sostuvo Pollicita.
En paralelo, la diputada Pagano presentó una nueva denuncia contra Adorni y los funcionarios que correspondan, al señalar que el exjefe de Gabinete seguiría utilizando custodia de la Policía Federal y vehículos oficiales para desplazarse.
Según la presentación, esa custodia estaría fundada en supuestas amenazas que no habrían sido radicadas formalmente ni judicializadas. “La afectación de personal y de bienes públicos a favor de un particular estaría teniendo lugar sin acto administrativo que la disponga, sin evaluación de riesgo formalmente labrada y sin sustento normativo alguno que la legitime”, señaló la denuncia.
Pagano también sostuvo: “La custodia oficial y los vehículos del Estado no constituyen una prerrogativa personal ni vitalicia, sino un recurso público afectado al ejercicio de la función. Extinguida la función, desaparece la causa que justifica la erogación estatal. Su continuidad a favor de quien ya no es funcionario importa destinar efectivos policiales — cuyos haberes se solventan con fondos públicos— y bienes del Estado —vehículos, combustible, mantenimiento y viáticos— a una finalidad ajena a aquella para la que fueron previstos, en beneficio de un particular”.
La denuncia menciona los posibles delitos de peculado, malversación y abuso de autoridad. Según el planteo de la legisladora, Adorni podría haber actuado como partícipe en esas maniobras.
