Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, será investigado en Comodoro Py por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González, en una causa por presunta malversación de fondos vinculada al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
La investigación apunta a presuntas irregularidades alrededor del IOSFA, entre ellas la entrega de un préstamo de 40.000 millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, organismo conocido como IAF.
La denuncia contra Francisco Adorni
La diputada nacional Marcela Pagano había denunciado a Adorni a partir de su rol como presidente del IAF, cargo que ocupó dentro del Ministerio de Defensa.
La legisladora le atribuyó responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación del préstamo millonario que el IAF le otorgó a la obra social de las Fuerzas Armadas. El IOSFA atravesó una severa crisis financiera que derivó en su posterior disolución.
La acusación también alcanzó al exministro de Defensa Luis Petri. Ese expediente había quedado inicialmente a cargo del juez Daniel Rafecas y de la fiscal Alejandra Mángano, quien advirtió que ya existía una causa previa en la que se analizaban hechos similares.
En ese proceso, que tramitaba en el Juzgado Federal N° 9, subrogado por el juez Sebastián Ramos, se investigan diversas anomalías en el IOSFA. Entre ellas figuran la compra directa de armamento y medicamentos por 25.000 millones de pesos cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a afrontar la crisis financiera de la obra social y la solicitud del préstamo de 40.000 millones de pesos al IAF.
La disputa entre juzgados y la decisión de la Cámara
A partir de ese cuadro, Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía para enviar el caso al juez Ramos y acumular ambas investigaciones por conexidad, al considerar que compartían los mismos hechos y protagonistas.
Sin embargo, el Juzgado Federal N° 9 rechazó la competencia, con el aval del fiscal González. Ramos argumentó que existía una diferencia temporal relevante, ya que el crédito original se gestionó en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni se incorporó al IAF recién en junio de ese año.
El juez también sostuvo que el funcionamiento interno del IAF excedía el objeto procesal de la primera causa y consideró prematura la unión de los expedientes, debido a que aún no se habían realizado medidas de prueba ni la ratificación de la denuncia.
Ante esa negativa, Rafecas trabó una contienda de competencia que llegó a la Cámara Federal de Apelaciones. La Sala I, integrada de forma unipersonal por el juez Leopoldo Bruglia, determinó que las causas se acumulen al entender que comparten un mismo contexto fáctico e institucional.
El tribunal consideró que ese contexto vincula al Ministerio de Defensa con los entes descentralizados bajo un mismo período de gestión. “Por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, corresponde que sea el juez subrogante Sebastián Ramos quien conduzca una única investigación, estableció la Cámara.
La resolución dejó abierta la posibilidad de revisar ese criterio más adelante “sin perjuicio de que el avance de la investigación habilite un replanteo de la cuestión”, en caso de que nuevas pruebas justifiquen separar los expedientes.
Otro expediente por enriquecimiento ilícito
El juez Daniel Rafecas también tiene en su despacho otro expediente que involucra al hermano del exjefe de Gabinete. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, en la que Francisco Adorni tiene un pedido de indagatoria firmado por el fiscal Guillermo Marijuán.
Ese caso tramita en el Juzgado Federal N° 6, que Rafecas subrogará hasta octubre de este año, en paralelo a la investigación sobre la fortuna de Manuel Adorni.
El magistrado debe definir si ordena o no la indagatoria del legislador provincial libertario, mientras avanza la investigación en Comodoro Py por las presuntas irregularidades vinculadas al IOSFA, el IAF y el préstamo de 40.000 millones de pesos.
