La propietaria de la vivienda donde reside Silvia País, madre de Manuel Adorni, declaró ante la Justicia y aportó nuevos detalles sobre el contrato de alquiler que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según su testimonio, el acuerdo por la casa ubicada en el country Fincas de Iraola II, en Berazategui, incluyó un pago anticipado de u$s12.000 en efectivo. La causa está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien continúa reuniendo información para determinar si existen inconsistencias patrimoniales.
El contrato de alquiler bajo análisis
La dueña del inmueble explicó que no participó de las conversaciones iniciales, ya que la operación fue realizada a través de una inmobiliaria. No obstante, confirmó quién fue la persona que llevó adelante la firma del contrato y efectuó el pago.
De acuerdo con fuentes judiciales, la mujer señaló que Juan País, hermano de Silvia País y tío de Manuel Adorni, fue quien se presentó para concretar la operación, firmó la documentación y entregó el dinero correspondiente.
El contrato establecía un alquiler mensual de u$s1.100. Uno de los puntos que despertó el interés de los investigadores es que el primer año habría sido abonado de manera anticipada mediante un desembolso total de u$s12.000 en efectivo.
En paralelo, el fiscal Pollicita solicitó al barrio privado información vinculada con la propiedad, incluyendo documentación sobre el pago de expensas y otros registros administrativos que puedan aportar elementos a la investigación.
La continuidad de la custodia estatal
Mientras avanza la causa judicial, también surgieron cuestionamientos por la continuidad de la custodia personal asignada a Manuel Adorni, pese a que ya no ocupa un cargo público. El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el exfuncionario continúa con protección financiada por el Estado y sostuvo que la medida responde a «motivos de seguridad».
Consultado sobre una eventual revisión interna de la gestión del exjefe de Gabinete, Ravier afirmó que el caso permanece exclusivamente bajo la órbita judicial y descartó la existencia de una investigación paralela dentro del Gobierno.
«No es que tenemos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro», enfatizó.
La investigación sobre el patrimonio
En los últimos días, la Justicia también avanzó con nuevas medidas relacionadas con la situación patrimonial del exjefe de Gabinete. Entre ellas, se dispuso que Manuel Adorni informe si tiene previsto salir del país mientras continúa la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Uno de los ejes del expediente son las operaciones con criptomonedas declaradas como parte de su patrimonio. La fiscalía recibió distintos informes que, hasta el momento, no reflejarían movimientos compatibles con una inversión de u$s200.000 ni con ganancias por otros u$s300.000, montos incluidos en la declaración jurada.
Los registros obtenidos hasta ahora muestran operaciones por cifras inferiores, situación que llevó al fiscal Pollicita a requerir nueva información a plataformas como Binance y Lemon.
El objetivo es establecer con mayor precisión quién realizó las transferencias de activos digitales, cuáles fueron los montos involucrados y si existen movimientos que permitan explicar las diferencias detectadas.
En el expediente, el fiscal hizo referencia a «inconsistencias detectadas en la evolución patrimonial», una situación que podría derivar en un pedido formal de explicaciones sobre el origen de los bienes declarados.
