La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverá a liquidar desde agosto una de las asignaciones previsionales de Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Justicia ordenara su restitución mediante una medida cautelar. El haber bruto será de $15.683.154,06, aunque el monto final quedará reducido por una serie de descuentos que el Gobierno decidió mantener mientras continúa el litigio.
La restitución alcanza a uno de los beneficios que la ex presidenta dejó de percibir en noviembre de 2024, cuando el organismo previsional suspendió las asignaciones especiales tras quedar firme la condena dictada en la causa Vialidad. Aunque ANSES cumplirá con la resolución judicial, el Ejecutivo ratificó que continuará impulsando acciones para dejarla sin efecto.
Qué deducciones tendrá el haber
De acuerdo con lo informado por el Gobierno nacional, el adicional por zona austral dejará de abonarse. La decisión se fundamenta en que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que el organismo considera que ese complemento ya no corresponde.
A ese ajuste se sumará una retención mensual de $3.136.630,81, que se aplicará hasta completar un total de $660.052.338,87. Según la posición oficial, ese monto equivale a importes que fueron percibidos de manera indebida durante años y que ahora el Estado buscará recuperar mediante descuentos sucesivos.
Además, el beneficio continuará sujeto a las deducciones previstas por la legislación vigente, entre ellas los aportes destinados a la obra social y las retenciones correspondientes al impuesto a las ganancias.
El origen de la suspensión
Hasta fines de 2024, Cristina Fernández de Kirchner percibía dos asignaciones contempladas en la Ley 24.018. Una correspondía a su condición de ex presidenta de la Nación y la otra derivaba de la pensión por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner.
La situación cambió luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. A partir de esa resolución, ANSES dejó sin efecto ambos beneficios.
Posteriormente, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar que ordenó restablecer de manera provisoria uno de esos haberes mientras se resuelve el planteo de fondo. Esa decisión es la que el organismo previsional comenzará a cumplir desde agosto.
La disputa continuará en la Corte Suprema
Pese a acatar la cautelar, el Gobierno confirmó que mantiene el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir el restablecimiento del beneficio.
La postura de ANSES sostiene que el régimen especial establecido por la Ley 24.018 no debería aplicarse a una persona con una condena firme por delitos contra la administración pública. En la misma línea, el Ministerio de Capital Humano continúa impulsando la apelación para que el máximo tribunal deje sin efecto la resolución cautelar.
Desde el Ejecutivo remarcan que el régimen previsional para expresidentes y exvicepresidentes constituye un reconocimiento institucional vinculado al ejercicio de esas funciones y que, por esa razón, seguirán utilizando las herramientas judiciales disponibles para cuestionar su otorgamiento.
Mientras la Corte Suprema no adopte una decisión definitiva, Cristina Fernández de Kirchner volverá a percibir la pensión restituida por orden judicial, aunque el monto efectivo estará sujeto a los descuentos anunciados por el Gobierno nacional.
Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar desde agosto una pensión bruta de $15.683.154,06 por una medida cautelar que ANSES acatará mientras continúa el proceso judicial. El Gobierno aplicará dos descuentos sobre el haber y mantendrá la apelación ante la Corte Suprema para intentar revertir el restablecimiento del beneficio.
Quince millones de pesos por mes. Y aun así la discusión no es cuánto entra, sino cuánto sale. La cautelar abrió la puerta para que el beneficio vuelva a pagarse y el Gobierno apareció con dos descuentos bajo el brazo. En la Argentina, hasta las resoluciones judiciales vienen con letra chica.
Un suplemento por zona austral que desaparece porque la prisión domiciliaria está en Buenos Aires. Una retención mensual de más de tres millones de pesos para recuperar un monto que el Estado considera cobrado de manera indebida. Es como comprar un auto usado y descubrir que todavía debe las multas del dueño anterior, salvo que acá el tablero marca expedientes y recursos judiciales.
La escena tiene todos los ingredientes del manual institucional argentino: una orden judicial que debe cumplirse, un Ejecutivo que la cumple mientras la combate y una Corte Suprema que conserva la última palabra. Nadie retrocede un centímetro, pero todos aseguran estar respetando las reglas.
En el fondo, la discusión ya no pasa únicamente por una cifra. También gira alrededor de qué representa una asignación prevista para quienes ocuparon la Presidencia o la Vicepresidencia: si es un derecho previsional que subsiste aun con una condena firme o un reconocimiento institucional que puede perderse en determinadas circunstancias.
Hasta que la Corte resuelva, el beneficio seguirá vigente de manera provisoria. En este país, «provisorio» suele tener más temporadas que algunas series de televisión.