El Ministerio de Economía mantuvo durante el primer semestre de 2026 su estrategia de disciplina fiscal, aunque junio mostró una flexibilización selectiva del gasto para contener el impacto de la inflación y la volatilidad internacional. En los primeros seis meses del año, el gasto primario devengado acumuló una caída real del 2,3% frente al mismo período de 2025.
La tendencia cambió en junio, cuando el gasto público registró un aumento real interanual del 3,7%. La expansión estuvo orientada principalmente a reforzar subsidios económicos y determinadas prestaciones sociales, en un contexto marcado por la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos.
Obra pública y provincias, en el centro del ajuste
El sostenimiento del equilibrio fiscal volvió a apoyarse en una fuerte reducción de las partidas destinadas a infraestructura y transferencias a las jurisdicciones provinciales. Según los datos de la consultora Analytica, el gasto en obra pública cayó un 74,9% real interanual, con una contracción del 78% en el rubro construcciones.
Las transferencias a las provincias se desplomaron un 88%. Al descontar el efecto de una modificación administrativa vinculada con los hospitales SAMIC, la disminución fue del 84,3%. La magnitud del recorte afectó recursos destinados a proyectos de infraestructura y al financiamiento de las administraciones subnacionales.
La política aplicada dejó expuesta una dinámica fiscal de velocidades diferentes: mientras el Gobierno incrementó partidas destinadas a atender urgencias económicas y sociales, redujo recursos asociados con inversiones de mediano y largo plazo en el interior del país.
El fuerte regreso de los subsidios energéticos
Uno de los datos más relevantes de junio fue el aumento de los subsidios. Las transferencias económicas crecieron un 71,1% real interanual, impulsadas especialmente por los aportes al sector energético, que avanzaron un 160,2%.
La Secretaría de Energía aplicó mayores bonificaciones en las facturas de electricidad y gas para amortiguar el impacto local de la volatilidad internacional del petróleo y los combustibles, asociada con el conflicto en Medio Oriente.
La decisión también respondió a la necesidad de limitar la incidencia de las tarifas sobre el índice de precios. Después de que la inflación mensual alcanzara el 3,4% en marzo, una actualización plena de los servicios públicos podía añadir nuevas presiones sobre el costo de vida y deteriorar el poder de compra de los sectores más vulnerables.
Prioridades dentro de la asistencia social
El comportamiento de las prestaciones sociales también fue dispar. El gasto destinado a la Asignación Universal por Hijo aumentó un 17,1% real durante junio, consolidando la asistencia dirigida a los hogares ubicados en la base de la pirámide de ingresos.
En cambio, las asignaciones familiares tradicionales registraron una caída del 5,2% en términos reales. La diferencia reflejó una selección de prioridades dentro del esquema de contención social, con una mayor concentración de recursos en los sectores de menores ingresos y un retroceso en las prestaciones percibidas por trabajadores formales.
El balance del semestre expuso el pragmatismo de la estrategia encabezada por Luis Caputo: mantener la reducción acumulada del gasto y el objetivo fiscal, pero habilitar aumentos específicos cuando las condiciones sociales, inflacionarias o internacionales amenazan con alterar el programa económico. El desafío será sostener ese equilibrio sin profundizar el deterioro de la inversión pública ni trasladar una proporción creciente del ajuste a las provincias y al entramado productivo del interior.
