La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este jueves la expulsión de Janina Ortiz, quien se convirtió en la primera legisladora provincial destituida desde el retorno de la democracia en 1983. La decisión fue adoptada por unanimidad, luego de que la exdiputada recibiera una condena por delitos de corrupción vinculados con su actuación en el departamento de Las Heras.

La votación terminó con 46 votos afirmativos y ninguna oposición. La única legisladora ausente fue Aixa Moreno, del Partido Justicialista (PJ).

Ortiz había sido condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras aceptar su culpabilidad mediante un juicio abreviado.

Pese a la sentencia, la legisladora no presentó su renuncia a la banca, por lo que el cuerpo parlamentario avanzó con el procedimiento institucional para disponer su remoción definitiva.

Una expulsión histórica en la Legislatura de Mendoza

La destitución de Janina Ortiz constituye un hecho sin precedentes en la Cámara de Diputados provincial desde la recuperación democrática.

Si bien anteriormente existieron casos de legisladores condenados por corrupción que optaron por renunciar a sus cargos, Ortiz decidió permanecer en su banca pese a haber reconocido su responsabilidad penal en el marco de un juicio abreviado.

Ante esta situación, la Comisión de Derechos y Garantías había aprobado el lunes anterior un dictamen que recomendaba su separación definitiva del cuerpo legislativo.

La propuesta fue tratada durante la sesión de este jueves y obtuvo el respaldo unánime de los diputados presentes, con 46 votos favorables.

De esta manera, la Legislatura formalizó la expulsión y puso fin a la permanencia de Ortiz en el cuerpo parlamentario.

La condena por corrupción y la decisión de no renunciar

La resolución legislativa se produjo después de que Ortiz fuera condenada por delitos de corrupción relacionados con hechos ocurridos en Las Heras.

En el marco de un juicio abreviado, la dirigente aceptó su culpabilidad y recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de una inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.

A pesar de esa situación judicial, no presentó su renuncia, lo que motivó la intervención de la Cámara de Diputados mediante los mecanismos previstos para la remoción de sus integrantes.

La decisión del cuerpo legislativo estableció así un antecedente institucional en Mendoza, al concretarse la primera expulsión de una diputada provincial desde 1983.

Declararon vacante la banca y rechazaron un reclamo salarial

Además de aprobar la destitución, la Cámara de Diputados resolvió declarar la vacancia de la banca que ocupaba Janina Ortiz.

En consecuencia, los legisladores solicitaron a la Junta Electoral que remita la información correspondiente al orden de reemplazo, con el objetivo de determinar quién deberá ocupar el escaño que quedó disponible.

Durante la misma sesión, el cuerpo también abordó un planteo judicial presentado por la exdiputada en relación con los haberes que habían sido suspendidos desde marzo de 2024.

Los legisladores aprobaron declarar «improcedente» el reclamo judicial de Ortiz por los salarios suspendidos, sumando otra resolución a las decisiones adoptadas durante la jornada.

Con la expulsión aprobada, la vacancia formalizada y el pedido elevado a la Junta Electoral, la Cámara de Diputados de Mendoza avanzó en el procedimiento para completar la representación legislativa tras una destitución que marca un precedente desde el retorno de la democracia.