El Colegio Público de la Abogacía sancionó al abogado Alejandro Sarubbi Benítez por una serie de publicaciones realizadas en redes sociales contra jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La resolución fue apelada por el letrado y quedó bajo revisión judicial, por lo que su aplicación permanece suspendida hasta que exista una decisión definitiva.
La sanción disciplinaria se originó a partir de mensajes publicados por Sarubbi Benítez en los que dirigió fuertes insultos hacia los integrantes del máximo tribunal. Entre las expresiones cuestionadas figura la frase: «enfermos hijos de mil puta», utilizada para referirse a los magistrados.
Las sanciones y la revisión judicial
Además del expediente relacionado con las publicaciones contra los jueces, el abogado fue objeto de otra causa disciplinaria en la que recibió una multa de un millón de pesos, resolución que también fue apelada.
En ambos casos, las sanciones quedaron suspendidas hasta que la Justicia resuelva los recursos presentados por la defensa, por lo que aún no existe una decisión firme sobre las medidas adoptadas por el organismo profesional.
La denuncia y el descargo del abogado
La denuncia también incluyó acusaciones por la presunta difusión de datos personales del denunciante y por publicaciones con expresiones consideradas misóginas y discriminatorias.
Tras conocerse la sanción, Alejandro Sarubbi Benítez defendió su postura y sostuvo: «El problema surge cuando se pretende perseguir al otro por sus opiniones, tal y como ocurre en este caso».
Asimismo, agregó: «De cualquier modo voy a seguir opinando sobre lo que me dé la gana por el solo hecho de que así se me antoja».
En otro tramo de su descargo afirmó: «Es mi derecho como ciudadano, nada puede hacer para evitarlo, y mucho menos tengo que dar explicaciones por mis opiniones personales. Por mucho que le pese».
El Colegio Público de la Abogacía sancionó al abogado Alejandro Sarubbi Benítez por publicaciones en redes sociales dirigidas contra jueces de la Corte Suprema. La medida fue apelada y quedó sujeta a revisión judicial. En un expediente separado, también recibió una multa disciplinaria de un millón de pesos, cuya aplicación permanece suspendida hasta que la Justicia resuelva ambos recursos.
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Un abogado fue sancionado por lo que escribió en redes sociales contra los jueces de la Corte Suprema. En tiempos donde un tuit puede terminar en un expediente, el teclado volvió a demostrar que también puede convertirse en prueba documental.
La discusión ya no pasa solamente por el contenido de los mensajes, sino por el límite entre la libertad de expresión y las obligaciones que impone el ejercicio de una profesión. Porque una cosa es opinar como ciudadano y otra hacerlo llevando encima la matrícula profesional. En el medio aparecen reglamentos, códigos de ética y tribunales disciplinarios.
El caso gira alrededor de publicaciones con fuertes insultos contra los integrantes del máximo tribunal y de otras expresiones que motivaron denuncias por presunta difusión de datos personales y mensajes considerados misóginos y discriminatorios. La sanción fue apelada y, por ahora, quedó en pausa mientras la Justicia decide si corresponde confirmarla o dejarla sin efecto.
El propio abogado respondió con el mismo tono desafiante que caracterizó sus publicaciones. Sostuvo que nadie puede perseguirlo por sus opiniones y aseguró que seguirá expresándose como considere conveniente. La discusión, entonces, dejó de ser únicamente jurídica para convertirse también en un debate sobre los alcances de la libertad de expresión cuando convive con responsabilidades profesionales.
Las redes sociales prometieron democratizar la palabra. Lo que nunca aclararon es que, a veces, también democratizan las consecuencias.
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