El Gobierno nacional impulsa un proyecto de ley que propone modificar de manera significativa el régimen que regula los planes de ahorro para la compra de vehículos 0 km, uno de los principales mecanismos de financiación del mercado automotor argentino. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, será enviada al Congreso para su tratamiento.
El proyecto plantea que los nuevos contratos de capitalización y ahorro dejen de regirse por la normativa específica vigente y pasen a estar alcanzados por las disposiciones generales del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Defensa del Consumidor.
Qué cambios propone el proyecto
Entre las principales medidas figura la derogación del decreto 142.277 de 1943, norma que desde hace más de ocho décadas establece el marco regulatorio para las sociedades de capitalización y ahorro.
En la actualidad, las administradoras de planes de ahorro están bajo la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo encargado de autorizar su funcionamiento, aprobar los contratos tipo, controlar la conformación de los grupos de ahorro y verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas con los suscriptores.
Los artículos 159 y 160 del proyecto disponen que los contratos de capitalización y ahorro para fines determinados pasen a regirse por las normas generales del Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.
La iniciativa incorpora además una cláusula transitoria que establece que los planes actualmente vigentes continuarán bajo las condiciones con las que fueron aprobados y comercializados. En consecuencia, el nuevo régimen sólo alcanzaría a los contratos celebrados una vez que la eventual ley entre en vigencia.
Cómo funcionan los planes de ahorro
Los planes de ahorro constituyen uno de los principales instrumentos de financiación para acceder a un vehículo 0 km en la Argentina.
El sistema se basa en la conformación de grupos de personas que realizan aportes mensuales para integrar un fondo común. Con esos recursos se adquieren las unidades que luego son adjudicadas periódicamente mediante sorteos o licitaciones.
Una vez adjudicado el vehículo, el suscriptor continúa abonando las cuotas previstas hasta completar el plan. A diferencia de un crédito prendario tradicional, el financiamiento surge del aporte conjunto de todos los integrantes del grupo administrado por una sociedad especializada y no del desembolso inicial de una entidad financiera.
Las cuotas suelen actualizarse según el valor móvil del vehículo, por lo que pueden modificarse cuando las terminales automotrices actualizan los precios de lista.
Cuál podría ser el impacto
El principal cambio radica en la sustitución del régimen específico por las normas generales aplicables a las relaciones civiles y de consumo. De aprobarse el proyecto, los nuevos contratos dejarían de estar alcanzados por el decreto vigente desde 1943, mientras que los planes ya existentes conservarían las condiciones originales.
La modificación también implicaría un cambio en el esquema de supervisión. Actualmente la IGJ fiscaliza el funcionamiento de las administradoras, aprueba los contratos tipo, controla la conformación de los grupos y verifica el cumplimiento de las obligaciones. Con el nuevo esquema, la relación entre administradoras y suscriptores quedaría regulada por el marco general previsto en el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.
Desde la perspectiva del mercado, la iniciativa podría modificar las condiciones para el ingreso de nuevos operadores y el desarrollo de nuevas alternativas de financiación. El proyecto se enmarca en un proceso de desregulación más amplio impulsado por el Gobierno y coincide con una etapa de recuperación de las ventas de vehículos 0 km, una mayor disponibilidad de unidades y el ingreso de nuevas automotrices, especialmente fabricantes de vehículos híbridos y eléctricos.
La propuesta no altera los contratos actualmente en ejecución. El texto establece expresamente que los planes comercializados bajo el régimen vigente continuarán rigiéndose por las condiciones aprobadas al momento de su suscripción.
El rol de la IGJ
En el esquema actual, la Inspección General de Justicia cumple funciones de fiscalización sobre las administradoras de planes de ahorro.
Entre sus principales atribuciones se encuentran:
- Controlar la autorización para operar.
- Aprobar los modelos de contratos utilizados por las empresas.
- Supervisar la constitución de los grupos de ahorro.
- Verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las sociedades administradoras.
El proyecto del Poder Ejecutivo propone reemplazar ese régimen específico por la aplicación de las normas generales previstas en el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor.
Un mercado en recuperación
La iniciativa llega en un contexto de recuperación del mercado automotor argentino, luego de un período marcado por restricciones en la oferta de vehículos y dificultades para acceder a unidades importadas.
Con una mayor disponibilidad de modelos, la ampliación de la oferta y una competencia creciente entre fabricantes e importadores, los planes de ahorro continúan representando una herramienta relevante para la comercialización de vehículos nuevos.
De acuerdo con datos del sector, alrededor del 30% de los patentamientos de vehículos 0 km se concretan mediante esta modalidad, utilizada por la mayoría de las terminales automotrices.
En paralelo, nuevas automotrices —especialmente de origen chino— comenzaron a ingresar al mercado argentino con una oferta creciente de vehículos híbridos y eléctricos. Algunas de estas compañías también evalúan incorporar los planes de ahorro como parte de su estrategia comercial.
El debate continúa en el Congreso
El proyecto integra el paquete de desregulación elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y deberá ser debatido por el Congreso antes de una eventual entrada en vigencia.
Si obtiene aprobación legislativa, los nuevos contratos de planes de ahorro para la compra de vehículos pasarán a regirse por las normas generales del Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, mientras que los planes actualmente vigentes continuarán bajo el régimen con el que fueron suscriptos.
