Los casos descubiertos en Santa Fe y Mar del Plata volvieron a colocar bajo la lupa los controles sobre residencias destinadas a adultos mayores. Aunque se trata de investigaciones independientes y hasta el momento no existe evidencia pública que permita vincularlas judicialmente, ambas presentan elementos que generaron preocupación sobre las condiciones en las que permanecían alojadas personas especialmente vulnerables.
La situación de Santa Fe incorpora además un interrogante central: existieron actuaciones administrativas, denuncias penales, fotografías, documentación y pedidos de ayuda durante meses antes del operativo que permitió retirar a los residentes.
El establecimiento ubicado en José Gollán al 10.100, en barrio Nuevo Horizonte, continuó funcionando hasta que el 29 de julio uno de los residentes incendió un colchón para llamar la atención sobre lo que, según denunció posteriormente, estaban atravesando quienes vivían allí.
Cinco meses de advertencias antes del incendio
El primer antecedente conocido relacionado con el establecimiento se remonta al 2 de marzo de 2026.
Ese día quedó registrada una actuación ante la Superintendencia de Servicios de Salud que posteriormente fue incorporada a la investigación. De esta manera, casi cinco meses antes del incendio ya existía documentación relacionada con la situación del lugar.
El 22 de abril se produjo otro episodio relevante. Una mujer se presentó ante el Centro de Denuncias Centro de Santa Fe para denunciar irregularidades vinculadas con su padre, un hombre con Parkinson que había terminado alojado en la residencia.
El recorrido previo del adulto mayor constituye uno de los aspectos que deberán ser esclarecidos. Había sido internado en el Nuevo Hospital Iturraspe y posteriormente trasladado al Hospital Protomédico de Recreo.
Según la denuncia, ante las dificultades familiares para garantizarle cuidados permanentes intervino una trabajadora social y finalmente el hombre terminó alojado en el establecimiento de Nuevo Horizonte.
Para concretar su ingreso, siempre de acuerdo con la presentación, habrían solicitado su DNI, la tarjeta bancaria donde percibía su pensión y el correspondiente PIN. La familia entregó esa documentación.
Con el transcurso de las semanas comenzó a advertir un deterioro físico del residente. También aparecieron denuncias relacionadas con alimentación insuficiente, problemas en el suministro de medicamentos y ausencia de una atención médica adecuada.
La familia detectó además movimientos de dinero en la cuenta bancaria donde el hombre cobraba su pensión y posteriormente incorporó documentación y otros elementos a la denuncia.
La situación abrió un interrogante que forma parte de los aspectos a esclarecer: cómo un paciente que había atravesado instituciones públicas de salud terminó alojado en una residencia posteriormente señalada como clandestina.
La carta de un residente pidiendo ayuda
El 7 de mayo apareció otra señal de alarma. Durante una visita familiar, Luis César Arriola, de 80 años, entregó una carta en la que denunciaba falta de atención médica, problemas con los medicamentos, hambre y presuntos malos tratos.
En el escrito también solicitaba intervención policial o judicial para poder abandonar el establecimiento.
La carta terminó incorporada posteriormente como una de las pruebas presentadas en las denuncias. Para ese momento, el reclamo ya no provenía exclusivamente de familiares: uno de los propios residentes había dejado por escrito un pedido de ayuda.
El 15 de mayo, la familia acudió a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Después de esa presentación se realizó una segunda denuncia penal ante el Centro de Denuncias.
La nueva presentación incorporó fotografías, conversaciones, documentación y la carta escrita por Arriola.
A esa altura, las advertencias sobre las condiciones existentes dentro del establecimiento habían atravesado distintas instancias estatales. Sin embargo, la residencia continuó funcionando.
Qué pasó con las denuncias entre mayo y julio
El período comprendido entre mayo y julio constituye ahora uno de los puntos que debería reconstruir la investigación.
La información disponible permite determinar que existieron denuncias anteriores al incendio, pero todavía resta establecer públicamente cuál fue el recorrido administrativo y judicial de cada presentación y qué medidas concretas se adoptaron.
Entre las preguntas pendientes aparece qué organismos fueron formalmente notificados, si se realizaron inspecciones, si se verificó la habilitación de la residencia y si alguna autoridad entrevistó personalmente a quienes permanecían alojados allí.
También deberá establecerse si antes del operativo se investigaron las denuncias relacionadas con la presunta retención de documentos, tarjetas bancarias y el manejo del dinero de los residentes.
El asunto adquiere mayor sensibilidad debido a que existen testimonios que relacionan el ingreso de algunas personas al establecimiento con intervenciones previas del sistema público de salud.
El incendio que terminó exponiendo la situación
El punto de quiebre llegó finalmente el 29 de julio. Héctor, un residente de 63 años, incendió un colchón dentro del establecimiento.
Posteriormente explicó que buscaba llamar la atención sobre las condiciones que atravesaban y denunció que llevaban cuatro días sin recibir alimentación adecuada.
El incendio provocó la llegada de bomberos, policías y organismos estatales. Fue entonces cuando la situación de las personas alojadas en la residencia quedó expuesta públicamente.
Dentro de la vivienda había siete personas, entre adultos mayores y personas con discapacidad.
Las autoridades determinaron que el establecimiento funcionaba sin la habilitación correspondiente. También encontraron condiciones precarias, varias camas ubicadas dentro de los mismos ambientes y deficiencias en la infraestructura.
Seis residentes fueron posteriormente trasladados bajo supervisión de organismos sociales. Un trabajador quedó detenido y se abrió una investigación judicial sobre las condiciones en las que permanecían alojadas las personas.
Jubilaciones, tarjetas y dinero bajo investigación
Después del operativo aparecieron nuevas denuncias relacionadas con la administración de los ingresos de algunos residentes.
Luis César Arriola denunció que llevaba aproximadamente dos años sin administrar personalmente su dinero y que terceros tenían acceso a su tarjeta bancaria y jubilación.
Miguel Ángel del Barco, de 83 años, aseguró haber atravesado una situación similar.
De acuerdo con la información conocida, algunos residentes pagaban alrededor de $300.000 mensuales para permanecer en el establecimiento.
La Justicia deberá establecer quién retiraba esos fondos, qué autorización existía para hacerlo y cuál era el destino del dinero.
La administradora de la residencia se encuentra bajo investigación y la causa también apunta a determinar si existen otros establecimientos relacionados con el mismo esquema.
La retención de documentación, tarjetas bancarias y jubilaciones no implica automáticamente la existencia del delito de trata de personas. Sin embargo, existen antecedentes judiciales argentinos en los que el aprovechamiento sistemático de adultos mayores en situación de vulnerabilidad terminó investigado bajo esa figura.
En Mataderos, durante 2026, tres personas recibieron prisión preventiva acusadas de explotar a un jubilado de 84 años. La investigación determinó que administraban su jubilación, retenían documentación y lo obligaban a pedir dinero en la vía pública.
La Justicia calificó aquel expediente como trata de personas agravada por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad.
Otro antecedente se produjo en 2024 en un geriátrico clandestino de Ezpeleta, Quilmes, donde fueron rescatados 25 adultos mayores durante una investigación por posibles delitos relacionados con explotación.
En Santa Fe, por el momento, la investigación se concentra en presuntos delitos vinculados con abandono de persona y estafas. Cualquier modificación de la calificación dependerá de las pruebas incorporadas al expediente.
Los geriátricos investigados en Mar del Plata
Mientras avanza la causa santafesina, Mar del Plata atraviesa investigaciones propias relacionadas con residencias para adultos mayores.
Uno de los episodios ocurrió en el Hogar David, ubicado en Rivadavia y Deán Funes. Las cámaras internas del establecimiento registraron al cuidador Nicolás Gastón Cichero, de 37 años, mientras maltrataba física y verbalmente a dos residentes.
Las imágenes permitieron iniciar una investigación judicial. Una de las víctimas sufrió lesiones en la boca y se investigan posibles daños dentarios.
Cichero fue detenido e imputado por lesiones y posteriormente recuperó la libertad mientras continúa el proceso.
La causa quedó en manos de la UFI N°7, a cargo del fiscal Carlos Russo. Paralelamente, se investigan las condiciones administrativas y de habilitación de la residencia.
El segundo caso corresponde al denominado Hogar de los Abuelos, ubicado en Vieytes al 3400. Las primeras denuncias conocidas surgieron en diciembre de 2025.
La investigación comenzó a reunir indicios sobre presuntos golpes, falta de cuidados y administración irregular de medicamentos.
También se investigó el presunto uso de clonazepam y Rivotril para mantener sedados a algunos residentes sin el correspondiente seguimiento médico.
Durante Navidad murió una mujer que presentaba una infección y gangrena en un tobillo. Su fallecimiento pasó a integrar los elementos analizados por los investigadores.
Clausuraron el lugar y meses después encontraron nuevos residentes
El 2 de enero, personal de la DDI realizó una inspección en el Hogar de los Abuelos y encontró nueve adultos mayores.
Algunos presentaban lesiones y diferentes problemas de salud. Una mujer de 87 años tenía un cuadro severo de desnutrición y deterioro general, por lo que fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos.
Otra residente fue derivada a la Residencia Municipal Eva Perón, mientras los demás adultos mayores quedaron bajo responsabilidad de familiares o fueron trasladados hacia otros dispositivos.
El establecimiento fue clausurado.
Sin embargo, la investigación continuó y en junio la Justicia ordenó detener a la responsable, una mujer de 57 años. Cuando los investigadores regresaron al inmueble, encontraron nuevamente adultos mayores alojados allí.
Había tres residentes de 77, 94 y 83 años bajo el cuidado de una joven.
La responsable fue detenida e imputada por abandono de persona y trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán. La investigación continúa bajo intervención de la UFI N°7.
Las preguntas que dejaron los casos
Las investigaciones de Santa Fe y Mar del Plata son independientes y no existe hasta ahora evidencia pública que permita establecer una vinculación judicial entre ellas.
Sin embargo, presentan problemas similares: adultos mayores dependientes de terceros, establecimientos clandestinos o con irregularidades, denuncias por alimentación insuficiente y falta de atención médica, manejo de jubilaciones y tarjetas bancarias, presunta sobremedicación y dificultades para detectar lo que ocurre dentro de residencias cerradas.
El expediente santafesino incorpora un elemento particularmente relevante porque las advertencias comenzaron varios meses antes del operativo.
Hubo una actuación en marzo, una denuncia penal en abril, una carta escrita por un residente en mayo, una presentación ante la Defensoría del Pueblo y una segunda denuncia penal acompañada por documentación.
El establecimiento, pese a esas señales, continuó funcionando.
Finalmente, el 29 de julio, uno de los residentes incendió un colchón. Después llegaron el operativo, los traslados y una intervención estatal de mayor escala.
La investigación deberá establecer no solamente qué ocurrió dentro del establecimiento, sino también qué recorrido tuvieron las advertencias anteriores, qué organismos tenían competencia para actuar y qué medidas fueron adoptadas durante los meses previos.
El interrogante central dejó así de limitarse a quién administraba la residencia. También deberá determinarse por qué las advertencias realizadas durante meses no consiguieron terminar antes con la situación y por qué fue necesario llegar al incendio de un colchón para que los adultos mayores fueran finalmente retirados del lugar.
