El reinicio del calendario escolar tras las vacaciones de invierno se desarrolla en un escenario de alta tensión entre el Gobierno de Javier Milei y los gremios docentes. Con el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la administración nacional pondrá en práctica por primera vez la reforma laboral que declaró a la educación básica como un «servicio esencial».
A través del Ministerio de Capital Humano, el Gobierno confirmó que supervisará el funcionamiento de los establecimientos educativos públicos para verificar que se cumpla la prestación mínima del 75% de cobertura presencial, tal como establece la normativa vigente.
Qué establece la normativa sobre las prestaciones mínimas
La medida se apoya en el artículo 24 de la Ley 27.802, aprobada por el Congreso, que incorpora a la educación inicial, guardería, preescolar, primaria, secundaria y especial dentro de los servicios considerados de importancia trascendental para el cuidado de menores.
La legislación dispone que, frente a cualquier medida de fuerza o conflicto colectivo de trabajo, las instituciones educativas deben mantener un funcionamiento operativo básico que garantice el derecho a la educación de los estudiantes.
Controles durante el paro docente
Desde la Casa Rosada confirmaron que durante la jornada de protesta se implementará un esquema de monitoreo en establecimientos estatales de todo el país. El objetivo será constatar que las escuelas alcancen el nivel mínimo de funcionamiento previsto por la ley.
En caso de detectarse cierres totales o un acatamiento al paro que impida garantizar el 75% de la prestación, la Secretaría de Trabajo avanzará con las denuncias correspondientes y dará inicio a las actuaciones administrativas previstas.
Multas y sanciones para los gremios
El Gobierno advirtió que el incumplimiento del protocolo habilitará sumarios administrativos y procesos sancionatorios contra las organizaciones sindicales involucradas.
Si bien las autoridades reconocieron que se trata de procedimientos legales que pueden extenderse en el tiempo, señalaron que el primer paso frente a las irregularidades detectadas será la aplicación de multas económicas a los gremios responsables del incumplimiento de la prestación mínima establecida por la ley.
