El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley que establecería un mecanismo de control del gasto público ante un escenario de déficit fiscal prolongado. La iniciativa, mencionada por el presidente Javier Milei como un “grillete fiscal”, busca limitar las erogaciones consideradas no indispensables y obligar al Congreso a intervenir si las cuentas del Estado no logran equilibrarse.
El mandatario explicó que el esquema no sería equivalente al “shutdown” vigente en Estados Unidos, sino una herramienta para frenar determinados gastos cuando exista un desequilibrio fiscal sostenido. Entre las medidas analizadas aparece la suspensión de nuevas contrataciones, el congelamiento de gastos y la posibilidad de que funcionarios de alto rango dejen de percibir sus salarios hasta recuperar el equilibrio.
Qué gastos quedarían protegidos
Un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) para Ámbito estimó qué partidas podrían quedar alcanzadas por una eventual aplicación de la norma. El análisis tomó como referencia el gasto devengado durante 2025 por la Administración Pública Nacional (APN).
Durante ese período, el gasto total alcanzó los $123,5 billones. De ese monto, el gasto considerado esencial representó $88,7 billones, equivalente al 71,9% del total.
Dentro de las partidas que continuarían funcionando se encuentran las jubilaciones y pensiones, con $56,5 billones; las asignaciones familiares, con $8,8 billones; el seguro de desempleo, con $337.032 millones; el gasto corriente en defensa y seguridad, con $5,9 billones; salud, con $6,8 billones; y los intereses de deuda, con $10,1 billones.
El alcance del ajuste y la diferencia con Estados Unidos
Según el estudio, unos $34,8 billones quedarían dentro de la categoría de gastos no indispensables. Allí se incluyen principalmente partidas vinculadas al funcionamiento corriente del Estado, contratos y otros gastos operativos.
El proyecto oficial plantea que, si el déficit se mantiene durante un período prolongado, el Congreso debería modificar el presupuesto para corregir el desequilibrio. En caso de no alcanzar un acuerdo, se aplicaría un esquema de cierre parcial del gasto no esencial.
La diferencia con el mecanismo estadounidense es que en Estados Unidos el “shutdown” ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, no cuando existe déficit fiscal. En ese sistema, la falta de autorización para gastar es el problema central, mientras que los déficits son habituales y forman parte de la política económica.
En Argentina, la propuesta apunta a establecer una restricción permanente sobre la posibilidad de gobernar con déficit. Sus defensores sostienen que busca consolidar la estabilidad fiscal, mientras que sus críticos señalan que podría limitar decisiones futuras vinculadas a inversiones públicas o políticas económicas que requieran mayor gasto.
Actualmente, la legislación argentina permite prorrogar presupuestos anteriores cuando no existe acuerdo legislativo y habilita al Poder Ejecutivo a redistribuir partidas mediante modificaciones presupuestarias. El proyecto del Gobierno buscaría establecer nuevas reglas para limitar esos márgenes de decisión.
