El Gobierno resolvió retirar el Capítulo III del proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que proponía modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, luego de advertir que no contaba con los votos necesarios para su aprobación en el Senado.
Con esa decisión, la legislación vigente sobre tierras rurales permanece sin cambios. Continúan en vigor el límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, las restricciones de superficie en zonas núcleo y las disposiciones vinculadas con áreas de frontera y recursos estratégicos.
La sesión continúa con el resto del proyecto
Aunque el capítulo referido a la Ley de Tierras fue retirado, la sesión prevista en el Senado seguirá adelante con el tratamiento de los restantes apartados de la iniciativa.
Entre ellos permanecen las modificaciones vinculadas con los procesos de desalojo mediante juicio sumarísimo, nuevas restricciones a las expropiaciones, la modernización del Registro de la Propiedad y la reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
La reforma ambiental que continúa en debate
El punto que concentra la mayor atención entre organizaciones ambientales y especialistas es la modificación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego (26.815).
La normativa vigente, modificada en 2020, establece que los terrenos afectados por incendios no pueden cambiar su uso durante 60 años en bosques nativos, humedales, áreas naturales protegidas y bosques implantados, y durante 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas de interfaz urbano-rural.
El objetivo de esas restricciones es evitar que los incendios intencionales generen beneficios económicos mediante desarrollos inmobiliarios, emprendimientos turísticos o cambios de actividad productiva sobre tierras recientemente afectadas por el fuego.
Qué cambios propone el proyecto
La iniciativa en debate elimina o reduce de manera significativa esos plazos de protección y deroga el artículo 22 quáter, que actualmente impide modificar el uso de determinadas superficies incendiadas.
Para los bosques nativos, la prohibición quedaría vinculada al ordenamiento territorial definido por cada provincia, aunque sin mantener expresamente el plazo fijo de 60 años previsto en la legislación vigente, según las distintas versiones del dictamen.
En la práctica, la reforma podría facilitar que determinados terrenos cambien su destino en un plazo menor al actualmente establecido por la ley.
Los argumentos a favor y las objeciones
Desde el oficialismo sostienen que las restricciones actuales también alcanzan a productores que sufrieron incendios accidentales y consideran que esas limitaciones dificultan la recuperación económica de las actividades afectadas.
En sentido contrario, organizaciones ambientalistas, brigadistas y especialistas advierten que una flexibilización de las restricciones podría incrementar los incentivos para incendios intencionales, reducir los tiempos de recuperación de los ecosistemas y favorecer procesos de especulación inmobiliaria sobre tierras afectadas por el fuego.
También señalan posibles impactos sobre la biodiversidad, la regulación hídrica, la captura de carbono, la conservación de los bosques nativos y la capacidad de recuperación de humedales y pastizales.
Cómo continúa el debate
Con la salida del capítulo referido a la Ley de Tierras, el eje de la discusión parlamentaria se concentrará en los artículos que permanecen dentro del proyecto, especialmente aquellos vinculados con la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, los desalojos, las expropiaciones y la actualización del Registro de la Propiedad.
La sesión del Senado continuará con esos capítulos, mientras la normativa vigente sobre tierras rurales permanece sin modificaciones tras la decisión del Gobierno de retirar el apartado correspondiente del proyecto.
