Una auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda exigible informados por dos áreas del organismo, que estuvo conducido por Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025.
El relevamiento fue impulsado después de la salida del exfuncionario y analizó la administración de la agencia hasta el 21 de agosto de 2025. La revisión incluyó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipamiento electrónico, contratos, personal y declaraciones juradas.
La cifra detectada representa una inconsistencia entre registros administrativos y no demuestra, por sí misma, que exista un faltante de dinero por $158.717 millones. Las circunstancias relacionadas con diferentes contrataciones permanecen, además, bajo investigación judicial.
Una diferencia millonaria entre dos áreas
Los auditores solicitaron información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), responsable de implementar programas como Incluir Salud.
Al comparar ambas bases de información, el informe determinó que “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”.
La Dnass informó el volumen de deuda más elevado. Desde esa dependencia señalaron que tanto los importes como la clasificación de determinados compromisos podían presentar variaciones debido a errores involuntarios en la carga de información realizada por los prestadores.
Parte de los compromisos analizados no habría atravesado los circuitos administrativos ordinarios, uno de los aspectos que ahora forma parte del análisis sobre el funcionamiento del organismo durante el período auditado.
El mecanismo de legítimo abono bajo la lupa
Otro punto observado por la auditoría fue la utilización de la figura de legítimo abono para cancelar bienes o servicios que ya habían sido entregados o prestados sin haber completado previamente los procedimientos habituales de contratación.
Según el relevamiento, hasta la fecha utilizada como corte la agencia continuaba recurriendo a ese mecanismo y solamente se habían iniciado seis procedimientos de compras relacionados con esos servicios.
La auditoría no individualizó cuáles fueron específicamente los desembolsos realizados mediante legítimo abono.
Sin embargo, estableció que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025, lo que permite dimensionar el volumen de recursos involucrados en las operaciones examinadas.
La investigación judicial continúa
En paralelo, la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud se encuentra alcanzada por la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi sobre presuntas irregularidades en contrataciones de la ex ANDIS.
La causa analiza, entre otros aspectos, posibles sobreprecios y eventuales pagos indebidos. Dentro del expediente se investiga la hipótesis de presuntas coimas de hasta el 20%, aunque esas acusaciones permanecen sujetas a investigación y no constituyen responsabilidades penales establecidas.
El relevamiento administrativo se originó después del desplazamiento de Spagnuolo y aportó nuevos elementos sobre los procedimientos internos utilizados por el organismo, particularmente en materia de deuda, adquisición de medicamentos e insumos y mecanismos de contratación.
La diferencia de $158.717 millones entre los listados de deuda queda así como uno de los principales puntos detectados por la auditoría, mientras continúa la revisión administrativa y judicial destinada a determinar el origen de las inconsistencias y las eventuales responsabilidades vinculadas con las operaciones investigadas.
