Diego Spagnuolo volvió a intentar ponerle un freno al peritaje de los audios que se le atribuyen en la causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Su defensa presentó un nuevo escrito ante el juez federal Ariel Lijo y cuestionó que Gendarmería Nacional esté realizando el estudio sobre los archivos originales contenidos en un pendrive.
El planteo apunta concretamente contra los 58 archivos que fueron entregados a la Justicia por el periodista Mauro Federico. Según los abogados de Spagnuolo, ese material no fue incorporado de manera adecuada al expediente ni puesto a disposición de las defensas.
En ese sentido, sostuvieron que los archivos “no fueron entregados a las defensas” y que “su contenido no se encuentra incluido en el expediente y/o en sus legajos/incidentes”. Además, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera cuestionaron la forma en que fue incorporado el dispositivo a la causa.
La discusión por los 58 archivos
El punto central de la nueva presentación consiste en determinar qué material debe ser sometido al estudio forense. Para la defensa de Spagnuolo, una cosa son las grabaciones difundidas públicamente y otra distinta los archivos contenidos en el dispositivo entregado a la Justicia.
Por ese motivo, los abogados remarcaron que “no existe constancia alguna” de que las grabaciones difundidas por los medios coincidan con los 58 archivos encontrados en el pendrive.
También cuestionaron que, al momento de recibir el dispositivo, no se hubiera realizado un inventario ni aplicado un mecanismo técnico que permitiera garantizar la integridad de la evidencia. En particular, señalaron la ausencia de un código de seguridad o “hash”.
La defensa recordó además que la Cámara Federal porteña había ordenado verificar el origen y la autenticidad de los audios difundidos públicamente, y sostuvo que esa decisión no implicaba necesariamente someter a análisis todo el contenido del pendrive.
Por ese motivo, solicitó que el estudio se limite a las grabaciones difundidas en medios periodísticos y que el dispositivo sea excluido del peritaje.
El otro planteo de Spagnuolo
El nuevo pedido se suma a otra discusión que todavía permanece abierta y pendiente de resolución: Spagnuolo se había negado a entregar una muestra de su voz para que Gendarmería pudiera compararla con las grabaciones atribuidas al exfuncionario.
La defensa sostuvo que obligarlo a realizar esa prueba vulneraría su derecho a no autoincriminarse. El juez Lijo rechazó ese planteo, por lo que la decisión fue apelada ante la Cámara Federal porteña, donde todavía se encuentra pendiente de resolución.
Mientras tanto, el peritaje sobre los audios continúa. La intención de los investigadores es determinar su origen, autenticidad y eventual existencia de ediciones o manipulaciones.
Ahora, el juez Lijo deberá resolver el nuevo planteo de Spagnuolo y determinar si los 58 archivos contenidos en el pendrive pueden formar parte del análisis forense o si, como reclama la defensa, deben quedar fuera de la prueba.
La defensa de Diego Spagnuolo volvió a cuestionar el peritaje de los audios que se le atribuyen en la causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Los abogados pidieron excluir del análisis forense 58 archivos entregados a la Justicia y objetaron la forma en que fueron incorporados al expediente.
La causa por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo sumó otro capítulo judicial en el que ahora la discusión ya no gira solamente alrededor de qué se escucha, sino también de qué archivo puede escucharse, quién lo entregó, cómo llegó y si el pendrive tuvo la documentación técnica correspondiente. Porque cuando una investigación entra en terreno informático, hasta una memoria USB puede terminar necesitando más antecedentes que un candidato a un cargo público.
La defensa volvió a intentar frenar parte del peritaje y puso el foco sobre 58 archivos entregados a la Justicia por el periodista Mauro Federico. Según los abogados, ese material no fue incorporado adecuadamente al expediente ni estuvo disponible para las defensas. El planteo busca separar las grabaciones difundidas públicamente de todo aquello que aparece almacenado en el dispositivo, una distinción que ahora deberá resolver el juez Ariel Lijo.
Entre las objeciones aparece una palabra capaz de transformar cualquier expediente judicial en una conversación de especialistas: “hash”. Los abogados señalaron que no se habría generado ese código destinado a verificar la integridad de los archivos y cuestionaron la ausencia de un inventario al momento de recibir el pendrive. Así, la discusión pasó de presuntas maniobras de corrupción a una batalla técnica donde cada archivo necesita demostrar prácticamente dónde estaba la noche de los hechos.
El escenario se completa con otro frente todavía abierto: Spagnuolo se negó a entregar una muestra de voz para compararla con las grabaciones. Ese planteo ya fue rechazado por Lijo y está apelado. Mientras tanto, Gendarmería continúa trabajando y la Justicia deberá decidir qué puede peritarse. En un expediente dominado por audios, dispositivos y autenticaciones, por ahora hay algo que sigue generando bastante más ruido que cualquier grabación: la pelea sobre cómo debe analizarse la prueba.