La Dirección Nacional de Vialidad quedó ante la posibilidad de afrontar el pago de casi US$10 millones en honorarios judiciales correspondientes a 12 abogados defensores de Cristina Kirchner y otros exfuncionarios involucrados en una demanda civil vinculada con la causa Vialidad.
El escenario se produjo luego de que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declarara la caducidad de la demanda por falta de impulso procesal. Los honorarios fueron calculados en Unidades de Medida Arancelaria (UMA) y alcanzan en conjunto los $13.614 millones, equivalentes a unos US$9,8 millones según la cotización utilizada para el cálculo.
El proceso corresponde a una demanda por daños y perjuicios iniciada por Vialidad Nacional durante la gestión de Mauricio Macri contra Cristina Kirchner y otros involucrados en el expediente relacionado con la obra pública en Santa Cruz.
Frente al avance del reclamo por las costas, Vialidad Nacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la decisión. Los abogados de los demandados, en tanto, buscan avanzar con sus honorarios al sostener que la presentación ante el máximo tribunal no suspende automáticamente lo resuelto en las instancias anteriores.
Los honorarios que quedaron en discusión
Entre los profesionales alcanzados por la regulación se encuentran los representantes de la expresidenta, Luis Goldín y Fernando Muriel, cuyos honorarios suman aproximadamente $880,9 millones.
El monto individual más elevado corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, con una regulación cercana a los $3.714 millones. Por detrás aparecen Mariano Fragueiro Frías y Mario Ganora, con cifras aproximadas de $1.857 millones para cada uno.
En total, el esquema de honorarios correspondiente a los doce letrados involucrados alcanza los $13.614 millones.
El contraste con el decomiso de la causa penal
La disputa por los honorarios se desarrolla en paralelo con la ejecución patrimonial derivada de la condena penal por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
En ese expediente se estableció un decomiso cuyo valor actualizado fue estimado en alrededor de US$587 millones contra Cristina Kirchner y los demás condenados. Sin embargo, la ejecución efectiva de esos fondos continúa atravesando distintas instancias judiciales.
El contraste surge porque, mientras se discute la ejecución económica derivada de la condena penal, la caída del expediente civil dejó a Vialidad Nacional como parte vencida y abrió el reclamo por las costas y honorarios de los abogados que intervinieron.
La definición quedó en manos de la Corte Suprema
El desenlace dependerá ahora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver el planteo presentado por Vialidad contra la caducidad de la demanda.
El organismo busca evitar que quede firme la obligación derivada del cierre del expediente, mientras los profesionales involucrados sostienen que pueden continuar impulsando el trámite relacionado con sus honorarios.
Si finalmente queda confirmada la caducidad y se habilita el cobro de las regulaciones, el Estado nacional deberá afrontar una suma cercana a los US$10 millones para cancelar los honorarios pendientes correspondientes al proceso civil.
