El Gobierno del presidente José Antonio Kast prepara un Plan de Emergencia Laboral destinado a enfrentar el deterioro del mercado de trabajo chileno, luego de que la tasa nacional de desocupación alcanzara el 9,5% durante el trimestre móvil mayo-julio de 2026. El indicador aumentó 0,8 puntos porcentuales en doce meses, mientras las personas ocupadas disminuyeron 0,2% y la cantidad de desocupados creció 10,4%.
La elaboración de la estrategia fue encargada a los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas y Vivienda, junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. El Ejecutivo buscará combinar medidas de rápida implementación con políticas de inversión capaces de sostener la generación de puestos de trabajo durante los próximos meses.
El anuncio se produce además en un contexto de preocupación dentro de La Moneda por la evaluación del Gobierno en las encuestas. Autoridades oficialistas han reconocido públicamente que el desempeño económico y las dificultades laborales se encuentran entre los factores considerados al analizar esos resultados.
La apuesta por obras públicas y empleos de rápida ejecución
Una de las principales líneas de trabajo consistiría en acelerar licitaciones, proyectos y ejecución presupuestaria vinculados con infraestructura pública y vivienda. La intención es priorizar iniciativas capaces de generar contrataciones en períodos relativamente breves, mientras el Gobierno termina de definir el alcance presupuestario del plan.
Según información publicada sobre el diseño en preparación, la estrategia apuntaría a generar alrededor de 75 mil empleos directos e indirectos durante el cuarto trimestre. Esa meta forma parte de los antecedentes conocidos sobre el plan, cuya presentación definitiva todavía se encuentra pendiente.
También se contempla recurrir a recursos de los Programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) y de Mejoramiento de Barrios (PMB) para financiar pequeñas obras municipales, entre ellas intervenciones en espacios públicos e infraestructura local. Estos instrumentos ya son utilizados para proyectos que pueden involucrar contratación directa de trabajadores a escala comunal.
El plan se suma a “Modo Empleo”
La nueva estrategia no partirá desde cero. En julio, el Gobierno puso en marcha “Modo Empleo”, un paquete por $50.000 millones destinado a promover la generación de empleo formal en el corto plazo. El programa contempló 20 mil nuevos subsidios al empleo, $20 mil millones mediante la Subdere y otros $5 mil millones vinculados con programas de Sercotec.
Al momento de presentar aquella iniciativa, el Ejecutivo planteó como objetivo generar 50 mil nuevos puestos de trabajo en cuatro meses. El Plan de Emergencia Laboral sería complementario a esas medidas y ampliaría la participación de ministerios relacionados directamente con inversión, construcción e infraestructura.
Otra herramienta relevante será el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), creado mediante la Ley 21.808 y cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de octubre de 2026. El sistema apunta a incentivar la contratación formal de jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, además de entregar aportes a empleadores del sector privado.
Durante su primer año, la ley fija un aporte equivalente al 20% de la remuneración bruta para las empresas y al 10% para los trabajadores, dentro de los parámetros establecidos por la normativa. La legislación permite que posteriormente esos porcentajes puedan ubicarse entre el 10% y el 20% para cada parte, siempre que sumen un 30% para el grupo correspondiente.
Cuadrillas forestales y el Presupuesto 2027
La estrategia laboral también buscaría aprovechar las necesidades de contratación asociadas a la temporada de incendios forestales. La Corporación Nacional Forestal ya abrió más de 3.000 cupos para brigadistas y personal de apoyo durante la temporada 2026-2027 en 13 regiones del país.
El otro frente será el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. El Gobierno ha anticipado que los programas relacionados con infraestructura pública y vivienda tendrán especial consideración debido a su capacidad para impulsar inversiones y generar puestos de trabajo.
El biministro Claudio Alvarado sostuvo que el Ejecutivo espera que el sector privado “tenga el mismo compromiso, porque el esfuerzo privado multiplica por varias veces el esfuerzo que puede hacer el presupuesto de la nación”.
El ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, también puso el foco en las inversiones empresariales y afirmó que “el gran empleador en Chile es el sector privado y eso es fundamental”.
El Plan de Emergencia Laboral se incorporará así a una agenda gubernamental que durante los últimos meses también incluyó el Plan de Reconstrucción Nacional y la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Mientras esta última reúne distintos proyectos actualmente en tramitación legislativa, la nueva prioridad económica estará concentrada en los indicadores de empleo y en las medidas que el Ejecutivo pueda desplegar durante el último tramo de 2026.
El Gobierno de José Antonio Kast prepara un Plan de Emergencia Laboral para enfrentar una tasa de desocupación que llegó al 9,5% en Chile durante el trimestre mayo-julio de 2026. La estrategia involucrará a Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subdere, con énfasis en infraestructura, subsidios a la contratación y programas municipales de rápida ejecución.
El Gobierno chileno decidió activar una de esas expresiones que en política económica provocan que todos enderecen inmediatamente la espalda: “emergencia laboral”. Con el desempleo en 9,5%, cinco ministerios deberán coordinarse para conseguir aquello que en cualquier reunión interministerial parece el nivel final del videojuego: transformar presupuesto, licitaciones, subsidios y planillas de cálculo en personas efectivamente contratadas. El objetivo sería acelerar obras y movilizar recursos antes de que termine el año, porque aparentemente hasta el empleo descubrió que diciembre constituye una excelente fecha límite para entrar en modo sprint.
La receta tendría varios ingredientes conocidos: obras públicas, viviendas, plazas, mejoramiento de barrios, subsidios y cuadrillas forestales. Básicamente, todo aquello que permita poner una pala, un casco o un contrato entre una persona desempleada y la estadística del próximo trimestre. El Ejecutivo también buscaría que ministerios y municipios gasten con mayor velocidad recursos ya disponibles, un concepto que burocráticamente podría resumirse como: el dinero existe, ahora hay que conseguir que atraviese suficientes escritorios como para convertirse en una vereda.
El plan se sumaría a “Modo Empleo”, anunciado en julio con $50.000 millones. El nombre ya tenía una saludable dosis de optimismo tecnológico: como si el mercado laboral chileno hubiese pasado meses con una opción desactivada en Configuración y finalmente alguien hubiera encontrado el interruptor. Ahora llegaría una segunda etapa, con una meta publicada de alrededor de 75 mil empleos directos e indirectos durante el último trimestre, aunque el diseño definitivo todavía deberá ser presentado por el Ejecutivo.
La preocupación tampoco ocurre en un vacío político. Integrantes del propio Gobierno reconocieron que el empleo y el desempeño económico aparecen entre los factores observados al analizar la caída registrada por el oficialismo en distintos sondeos. Así que la administración Kast enfrenta un desafío con dos tableros simultáneos: uno muestra personas buscando trabajo y otro porcentajes de opinión pública. La diferencia fundamental es que solamente uno de ellos paga las cuentas a fin de mes.