El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso propone modificar el sistema de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de distintas asignaciones familiares mediante la derogación de disposiciones de la Ley 27.160. La iniciativa ingresó formalmente a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre.
El cambio aparece en el artículo 17 del proyecto y plantea derogar los artículos 1°, 3° y 4° de esa normativa. El punto central es el artículo 1°, que establece que las asignaciones comprendidas por el régimen son móviles y vincula su actualización con la movilidad previsional.
Qué cambiaría para la AUH y las asignaciones
Actualmente, la Ley 27.160 dispone que los montos de las asignaciones familiares y, cuando corresponde, los límites y rangos de ingresos se actualicen mediante el índice de movilidad previsional. Desde la reforma aplicada en 2024, ese esquema se ajusta mensualmente en función de la evolución de la inflación.
Si el Congreso aprueba el artículo 17 sin modificaciones, la AUH y otras prestaciones dejarían de tener garantizada por esta ley su actualización automática. El proyecto no establece en ese artículo una fórmula alternativa, una periodicidad mínima ni un nuevo índice obligatorio para determinar los aumentos.
Esto no significa que la AUH o las asignaciones sean eliminadas. El régimen general continuaría vigente, pero la determinación de los incrementos ya no quedaría atada automáticamente al mecanismo actual y dependería de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.
Qué prestaciones quedarían alcanzadas
La modificación tendría impacto sobre distintas prestaciones contempladas por el régimen, entre ellas la AUH, la Asignación por Embarazo, las asignaciones por hijo e hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar.
Según las proyecciones incluidas para 2027, el Presupuesto contempla 4.143.930 beneficiarios de la AUH, alrededor de 90.724 beneficiarios de la Asignación por Embarazo y más de 3,3 millones de pagos de ayuda escolar vinculados con la asignación universal.
El monto informado para la AUH y la AUE en agosto de 2026 fue de $150.848 mensuales. De esta manera, la cifra de $150 mencionada en algunas referencias sobre el tema no corresponde al valor vigente de la prestación.
La posición del Gobierno y un intento que se repite
Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que los aumentos continuarán y señalaron que existe un compromiso con el Fondo Monetario Internacional para mantener la cobertura de las asignaciones en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria. Esa posición refiere al nivel de cobertura previsto, aunque el artículo que propone eliminar la movilidad no incorpora una nueva fórmula automática que garantice ese porcentaje.
La iniciativa no es nueva. El Gobierno ya había incluido propuestas similares en los proyectos presupuestarios de 2025 y 2026. El primero no llegó a convertirse en ley y, durante el tratamiento del Presupuesto 2026, la disposición que buscaba eliminar este mecanismo quedó fuera del texto aprobado.
El debate vuelve ahora al Congreso con el Presupuesto 2027. El punto central será definir si las asignaciones continúan vinculadas obligatoriamente con la movilidad vigente o si el Ejecutivo obtiene mayor margen para establecer cuándo y cuánto actualizar esas prestaciones.
El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso propone eliminar el mecanismo legal de actualización automática de la AUH y otras asignaciones familiares. La iniciativa derogaría disposiciones de la Ley 27.160 y, si es aprobada sin cambios, los aumentos dejarían de quedar vinculados automáticamente con la movilidad previsional basada en la inflación.
El Presupuesto 2027 llegó al Congreso con una discusión escondida entre planillas, artículos y números suficientes para convertir una tarde de lectura legislativa en una prueba de resistencia: qué ocurrirá con la actualización automática de la AUH y de buena parte de las asignaciones familiares. El artículo 17 propone eliminar disposiciones de la Ley 27.160 y, con ellas, el mecanismo que actualmente obliga a trasladar la movilidad previsional a esas prestaciones. El beneficio no desaparecería; lo que podría desaparecer es el piloto automático.
La diferencia parece semántica hasta que llega fin de mes. Hoy la actualización está atada por ley a un sistema que sigue la evolución de los precios. Si el Congreso aprueba el cambio tal como fue presentado, el proyecto no incorpora otra fórmula, calendario o porcentaje obligatorio que ocupe ese lugar. En términos administrativos: la calculadora sigue estando sobre el escritorio, pero el manual con la instrucción de cuándo apretar el botón dejaría de venir incluido.
Desde el Gobierno sostienen que las prestaciones continuarán y señalan que existe un compromiso de mantener su cobertura alrededor del 95% de la Canasta Básica Alimentaria. El problema que abre el debate legislativo es otro: esa pauta no aparece en el artículo que elimina la movilidad automática. De modo que oficialismo y oposición tendrán varias semanas para discutir esa tradicional especialidad parlamentaria argentina: la distancia que puede existir entre una promesa política y una obligación escrita en una ley.
La propuesta tampoco es debutante. Una modificación similar apareció en proyectos presupuestarios anteriores y no consiguió convertirse en norma. Ahora vuelve en 2027, año electoral, con más de cuatro millones de beneficiarios proyectados para la AUH y millones de pagos vinculados con otras asignaciones. En otras palabras, el artículo ocupa pocas líneas; la cantidad de personas pendientes de esas líneas necesita bastantes más dígitos.