La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate ubicada en Virreyes y devolver el establecimiento a sus propietarios, tras siete meses de ocupación por parte de trabajadores despedidos.
La medida se produce en el marco del conflicto iniciado luego del cierre de la fábrica y de los 920 despidos registrados el 18 de febrero. El tribunal resolvió “ordenar la restitución del inmueble al particular damnificado”.
Los jueces consideraron agotadas las distintas instancias de negociación desarrolladas durante los últimos meses y dispusieron que el procedimiento se realice “en base a protocolos y medidas de cuidado necesarias para que se lleve adelante con el menor riesgo posible para las personas”.
Los argumentos de la Justicia
La resolución fue notificada a Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).
En el fallo, el tribunal señaló que existen 24 personas imputadas por la ocupación y destacó que ese número es considerablemente menor al total de trabajadores que quedaron sin empleo tras el cierre de la empresa.
Los magistrados sostuvieron que, “pasados ya siete meses y encontrándose imputados de la ocupación del predio un número significativamente menor que el de aquellas personas que quedaran sin trabajo en la empresa, las instancias que pudieron articularse durante este tiempo ya han sido gestionadas; y, en ese punto, la continuidad de la toma por un grupo de empleados, con escasa violencia y aún si se supone buena fe por entender que están actuando desde la legitimidad provista por el reclamo laboral, ya ha perdido la virtud de convertirse en el motor de una reapertura de la fábrica”.
Entre los elementos analizados también figura una constancia contable sobre la situación laboral de la compañía. Según ese documento, “en el periodo comprendido entre febrero y mayo se registraron y realizaron 900 bajas tempranas informadas ante ARCA, llevando a cero la dotación de personal en relación de dependencia a la fecha de la presente”.
El rechazo del sindicato
Tras conocerse la resolución, el SUTNA calificó la orden de «aberrante» y convocó a realizar un abrazo y una conferencia de prensa en los portones del establecimiento.
La actividad fue anunciada para este viernes a las 10 de la mañana, como respuesta a la decisión judicial que dispone la devolución del predio.
La ocupación había comenzado en medio del conflicto generado por el cierre de Fate y el despido de cientos de trabajadores, mientras el sindicato reclamaba respuestas ante la pérdida de los puestos laborales.
Qué argumentó Fate sobre el cierre
Por su parte, la empresa perteneciente a la familia Madanes Quintanilla ratificó los argumentos que había presentado para justificar el cese de las actividades.
La compañía sostuvo que la decisión respondió a una pérdida de competitividad vinculada con el ingreso de cubiertas importadas provenientes de China, los altos costos de producción locales y la caída de las ventas.
Fate también mencionó entre las causas las interrupciones en la producción provocadas por paros y bloqueos durante el conflicto laboral.
Con la nueva resolución, el conflicto ingresa en una etapa decisiva: la Justicia ordenó la restitución de la planta después de siete meses de ocupación, mientras el sindicato mantiene sus cuestionamientos y prepara nuevas acciones frente al establecimiento.
La Justicia ordenó restituir a sus propietarios la planta de Fate en Virreyes, ocupada desde hace siete meses tras el cierre de la empresa y el despido de 920 trabajadores. El tribunal dispuso que el desalojo se realice con protocolos de seguridad. El SUTNA calificó la resolución de «aberrante» y convocó a una protesta frente al establecimiento.
Siete meses de ocupación, 920 despidos y una fábrica que ahora deberá ser devuelta a sus propietarios por orden judicial. La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro consideró agotadas las instancias de negociación y resolvió que la toma de Fate llegó al final del recorrido, ese punto donde el conflicto laboral deja de pasar por una mesa y empieza a circular por expedientes.
El tribunal pidió que el procedimiento se realice con protocolos destinados a reducir riesgos para las personas. No es un detalle menor: después de meses de tensión, la orden judicial deberá ejecutarse con una precisión bastante más delicada que la de cerrar una persiana y poner un cartel de “volvemos pronto”.
Los jueces señalaron además que actualmente existen 24 personas imputadas por la ocupación, una cifra muy inferior a los 920 trabajadores que quedaron sin empleo cuando la empresa cerró. Según el fallo, después de siete meses las instancias posibles ya fueron gestionadas y la continuidad de la toma dejó de tener capacidad para impulsar una reapertura.
La contabilidad sumó otro dato contundente: entre febrero y mayo fueron registradas 900 bajas tempranas ante ARCA y la empresa quedó sin trabajadores en relación de dependencia. La fábrica pasó así de producir neumáticos a producir papeles judiciales, comunicados sindicales y explicaciones económicas.
El SUTNA calificó la resolución de «aberrante» y convocó a un abrazo y una conferencia de prensa frente a los portones. Fate, por su parte, reiteró que el cierre estuvo relacionado con la pérdida de competitividad, las importaciones provenientes de China, los costos locales, la caída de ventas y las interrupciones por medidas de fuerza.
La fábrica continúa cerrada, los trabajadores siguen reclamando y ahora hay una orden para devolver el inmueble. Después de siete meses, lo único que volvió a ponerse en marcha fue el expediente.