El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas de prueba para evaluar una denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, por presuntas irregularidades en operaciones vinculadas con las reservas de oro de la entidad monetaria.
El representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento ante el juez federal Ariel Lijo, con el objetivo de reunir documentación y determinar si existen elementos suficientes para profundizar la investigación.
La causa está relacionada con operaciones con derivados de oro que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), registraron pérdidas por aproximadamente $1,5 billones, equivalentes a US$1.023 millones, durante el ejercicio 2025.
Por el momento, las actuaciones se encuentran en una etapa de recopilación de información. Las presuntas irregularidades denunciadas no han sido acreditadas judicialmente.
Qué medidas pidió el fiscal Gerardo Pollicita
Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo dos medidas preliminares destinadas a reconstruir las condiciones en las que se aprobaron y ejecutaron las operaciones cuestionadas.
La primera consiste en requerir a la Auditoría General de la Nación una copia completa del informe elaborado sobre los estados contables del Banco Central.
El pedido incluye los papeles de trabajo utilizados durante la auditoría, las disidencias formuladas por integrantes del organismo y la respuesta presentada por el propio BCRA.
La documentación permitiría examinar los fundamentos técnicos de las observaciones y conocer los argumentos de la autoridad monetaria frente a los resultados del informe.
La segunda medida está dirigida directamente al Banco Central, al que se le solicita precisar el marco normativo bajo el cual fueron autorizadas las operaciones con oro.
Además, el fiscal busca establecer si el Ministerio de Economía tuvo alguna intervención en esas decisiones y, en caso afirmativo, cuál fue su participación.
La información requerida será utilizada para evaluar los próximos pasos procesales y determinar si corresponde avanzar con otras medidas de investigación.
La denuncia por pérdidas de US$1.023 millones en operaciones con oro
La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón contra Caputo y Bausili, a partir de las observaciones contenidas en un informe de la Auditoría General de la Nación.
Según los datos señalados en la presentación, las operaciones con derivados de oro realizadas durante 2025 habrían generado pérdidas por $1,5 billones, equivalentes a aproximadamente US$1.023 millones.
El organismo de control indicó que las transacciones tenían una finalidad de cobertura financiera, aunque también implicaban exposición a la evolución del precio internacional del metal.
Las operaciones con derivados pueden utilizarse para administrar riesgos vinculados con las variaciones de precios. Sin embargo, sus resultados dependen de las condiciones contractuales, la evolución del mercado y la estrategia financiera aplicada.
En este caso, la investigación busca determinar cómo se estructuraron las transacciones, qué autorizaciones recibieron y si se respetaron las normas correspondientes.
La existencia de pérdidas financieras, por sí sola, no demuestra una conducta delictiva. Esa evaluación requiere establecer si hubo incumplimientos legales, decisiones irregulares u otros elementos que puedan tener relevancia penal.
Deutsche Bank y los interrogantes sobre un posible conflicto de intereses
Durante esta semana, Dalbón amplió su denuncia para incluir a otros integrantes del Gobierno y solicitó nuevas medidas judiciales.
Entre ellas, pidió que se ordene un allanamiento en la sede del Banco Central, luego de que surgiera información según la cual el Deutsche Bank habría intervenido como contraparte en las operaciones investigadas.
La eventual participación de esa entidad financiera generó cuestionamientos debido a que tanto Luis Caputo como Santiago Bausili trabajaron anteriormente en Deutsche Bank.
Ese antecedente llevó al denunciante a plantear la necesidad de examinar si existió un posible conflicto de intereses en la selección de la contraparte financiera.
No obstante, el vínculo laboral previo de los funcionarios con el banco no constituye, por sí mismo, prueba de una irregularidad.
La investigación deberá determinar si Deutsche Bank efectivamente participó en las operaciones, bajo qué condiciones fue seleccionado y si existieron circunstancias que pudieran comprometer la legalidad de las decisiones.
En su ampliación, Dalbón también solicitó que se investiguen el costo total de las transacciones, el procedimiento de selección de la contraparte y la eventual obtención de ventajas indebidas por parte de funcionarios o terceros.
Qué deberá determinar la Justicia
La intervención del fiscal Pollicita se concentra, en esta instancia, en reunir información técnica, contable y normativa que permita establecer las circunstancias de las operaciones con derivados de oro.
Los documentos de la AGN y las explicaciones que se requieran al Banco Central serán elementos relevantes para conocer cómo se adoptaron las decisiones y qué organismos o funcionarios participaron.
También será necesario establecer si las operaciones respondieron a los mecanismos legalmente previstos y si existen elementos que justifiquen ampliar la investigación penal.
El pedido de medidas de prueba no implica una determinación de responsabilidad penal contra Luis Caputo, Santiago Bausili ni los demás funcionarios mencionados en la denuncia.
Por ahora, la causa continúa bajo la intervención del juez federal Ariel Lijo, a partir de los requerimientos formulados por el Ministerio Público Fiscal.
Los próximos avances dependerán de la documentación que aporten los organismos involucrados y de la evaluación judicial sobre las presuntas irregularidades denunciadas.
