La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil adjudicó a Fortier Europe un sistema para alojar software en teléfonos Android e iOS y acceder a distancia a sus contenidos y comunicaciones.
El anuncio de formalización salió en el Boletín Oficial del Estado el lunes 19 de octubre. La adjudicación es del jueves 26 de marzo y corresponde a Fortier Europe S.L.U., con domicilio en Boadilla del Monte, Madrid.
La oferta seleccionada es de 2.066.115,70 euros, según el BOE. Con impuestos, el costo llega a 2.500.000 euros, según informaron medios.
La contratación fue un procedimiento negociado sin publicidad, justificado por derechos exclusivos de suministro y distribución del fabricante, y entró una sola oferta.
El lugar principal de entrega es la Comunidad de Madrid.
Qué prevé el contrato
Según la descripción oficial del objeto, es un sistema de registro y despliegue rápido, previsto para alojar software en dispositivos Android e iOS y permitir el acceso remoto a sus contenidos y comunicaciones.
El anuncio no identifica al fabricante ni el modelo comercial, no explica cómo se instalaría el software ni si hace falta acceso físico, no detalla qué datos podrá obtener ni si serán almacenados o en tiempo real, y no precisa sede, unidades ni fecha de primer uso. Con eso no queda demostrado que pueda intervenir cualquier celular.
Qué permite la ley española
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que un juez autorice un registro remoto para investigar delitos de organizaciones criminales o terroristas, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente, delitos contra la Constitución, de traición o relativos a la defensa nacional, y delitos cometidos mediante tecnologías de la información o la comunicación.
La orden judicial debe especificar los dispositivos o los datos alcanzados, el alcance, la forma de acceso, el software, los agentes autorizados y las medidas para preservar la integridad de los datos. Una ampliación a otros sistemas también requiere autorización judicial.
La medida puede durar como máximo un mes y renovarse por períodos iguales hasta un máximo de tres meses.
La Guardia Civil española compró un sistema para acceder a celulares Android e iOS. El registro remoto requiere autorización judicial.
2,5 millones de euros, con impuestos, por un sistema para entrar a celulares Android e iOS. La Guardia Civil lo contrató y el Boletín Oficial del Estado lo publicó el lunes 19 de octubre. Sin impuestos, la oferta queda en 2.066.115,70 euros: el número largo que aparece cuando el redondo ya hizo el trabajo de asustar, como el precio del asado antes de que llegue el adicional del carbón.
Se lo adjudicaron a Fortier Europe, de Boadilla del Monte, en Madrid, el jueves 26 de marzo. El camino fue un procedimiento negociado sin publicidad, justificado por derechos exclusivos de suministro y distribución del fabricante, y entró una sola oferta. Una contratación con un único participante tiene la emoción de elegir colectivo cuando pasa uno solo: hay ganador, y la competencia fue el horario.
El contrato prevé un sistema de registro y despliegue rápido para alojar software en Android e iOS y acceder a contenidos y comunicaciones. Lo de rápido figura en la descripción; recuperarse de una cuenta de 2,5 millones ya debe llevar otro ritmo.
En España eso no es un botón suelto. La Ley de Enjuiciamiento Criminal pide un juez, y solo para una lista concreta: organizaciones criminales o terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente, delitos contra la Constitución, traición o defensa nacional, y delitos hechos mediante tecnologías de la información o la comunicación. La orden tiene que marcar aparato o datos, alcance, forma de acceso, software, agentes y el cuidado de la integridad. Si después quieren saltar a otro sistema, otra vez el juez. El trámite, por una vez, se parece al papel municipal que hay que presentar tres veces para que alguien lo mire una.
La entrega principal está prevista en la Comunidad de Madrid. La medida puede durar un mes y renovarse por períodos iguales hasta tres. Hasta el registro remoto tiene fecha de vencimiento: la compra paga la herramienta, no reemplaza la orden del juez.
