La Libertad Avanza busca reunir los votos en Diputados para aprobar sus propuestas sobre tierras, discapacidad y endeudamiento familiar. La convocatoria oficial fijó la sesión especial para el miércoles 21 de octubre, a las 12, con seis iniciativas en el temario.
El oficialismo llega después de que la sesión opositora del jueves 15 de octubre fracasara por falta de quórum. Aquella convocatoria incluía el rechazo del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y proyectos sobre deudas familiares.
Para sostener el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y representantes provinciales, los libertarios aceptaron modificaciones en temas que habían impulsado los bloques opositores. Consiguieron dictámenes de mayoría en discapacidad y endeudamiento, que tendrán prioridad durante el tratamiento en el recinto.
El acuerdo para recuperar los límites a la compra de tierras
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llegó con media sanción del Senado, incorpora la restitución de la Ley de Tierras Rurales. El acuerdo permite a los aliados respaldar esas restricciones sin acompañar el rechazo completo del decreto de desregulación.
Según informó la Cámara de Diputados sobre el dictamen, el artículo 38 propone dejar sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023. El artículo 39 restituye la plena vigencia de la Ley 26.737.
La propuesta de recuperar los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales obtuvo 34 firmas en comisión, sobre 66 legisladores presentes. También se presentaron dos dictámenes de minoría.
El temario incluye además cambios penales sobre vandalismo rural, un sistema informático vinculado con la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y la transferencia del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras a Chaco.
Las diferencias sobre discapacidad y deudas familiares
En discapacidad, el texto oficialista acordado con la UCR y el PRO mantiene la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. También contempla compatibilizar la pensión con un empleo registrado cuando la remuneración no supere dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Los representantes de Argentina Federal firmaron en disidencia y reclamaron modificaciones y aclaraciones. Las organizaciones del sector sostienen que la emergencia continúa y piden extenderla hasta el 31 de diciembre de 2027.
Otro punto pendiente es la relación entre esta propuesta y los cambios que el Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027. Durante las negociaciones, los libertarios se comprometieron con sus aliados a retirar el capítulo que reformaba el sistema.
Para las deudas familiares, el oficialismo propone educación financiera, información más clara sobre tasas y costos, y medidas para prevenir el sobreendeudamiento. Su iniciativa no contempla topes a las tasas ni reducciones de capital o intereses.
El proyecto también exige doble validación de identidad y aceptación para los créditos digitales. Impide considerar el silencio o las opciones preseleccionadas como consentimiento y establece la entrega inmediata de las condiciones contractuales en formato digital.
Unión por la Patria, la Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas proponen, en cambio, declarar una emergencia por 180 días. Plantean refinanciar deudas de hasta dos canastas básicas totales del INDEC, con un esquema de costos vinculado con la tasa TAMAR.
La Libertad Avanza busca aprobar sus proyectos sobre tierras, discapacidad y deudas en Diputados este miércoles 21 de octubre. La sesión fue convocada para las 12 e incluye seis iniciativas. El oficialismo negocia con aliados y bloques provinciales para sostener sus dictámenes, después de que fracasara la sesión opositora contra el DNU 70/2023.
El Congreso vuelve a discutir tierras, discapacidad y deudas, con el oficialismo decidido a conducir una agenda que impulsó la oposición. La Libertad Avanza negocia cambios con sus aliados para reunir los votos. El resultado dependerá de los acuerdos que logre sostener durante el debate.
En discapacidad, el proyecto oficialista conserva prestaciones y mecanismos de actualización, mientras las organizaciones del sector reclaman extender la emergencia hasta diciembre de 2027. Para las familias endeudadas, las diferencias están en las herramientas: educación financiera y controles sobre el crédito digital, o un régimen de emergencia con refinanciación.
