La Cámara de Diputados avanza en negociaciones para aprobar un nuevo proyecto de discapacidad que podría reunir el respaldo de La Libertad Avanza, bloques aliados y una parte importante de la oposición. La iniciativa acordada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con organizaciones y legisladores dialoguistas incorpora cambios que acercan su contenido al régimen de emergencia vigente.
Las conversaciones se desarrollan mientras el recinto debate el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los distintos bloques también negocian iniciativas relacionadas con el endeudamiento.
Uno de los puntos centrales es que la propuesta del oficialismo mantiene aspectos fundamentales del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, aunque evita incorporar expresamente la declaración de emergencia que reclama un sector de la oposición.
Los últimos cambios fueron acordados entre el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad y representantes de La Libertad Avanza, en el marco de las negociaciones para conseguir una mayoría legislativa.
Discapacidad: qué mantiene el proyecto negociado por Martín Menem
La propuesta acordada entre el oficialismo y sus aliados presenta importantes similitudes con el proyecto de prórroga de la emergencia que impulsa parte de la oposición.
La principal diferencia es que el texto libertario no incluye la palabra «emergencia», aunque conserva varios de los mecanismos de protección establecidos en el régimen actual.
Entre sus disposiciones, el proyecto mantiene el sistema de prestaciones que funciona desde hace aproximadamente tres décadas, con cobertura universal de terapias y continuidad de la actualización de los aranceles.
La indexación de esos valores se aplica desde la entrada en vigencia de la emergencia y constituye uno de los puntos centrales de las demandas de los prestadores.
La iniciativa también preserva el acceso a pensiones para personas que perciban hasta dos ingresos mínimos.
En cuanto al monto, las pensiones continuarán equivalentes al 70% de la jubilación mínima, tal como establece la legislación impulsada por la oposición durante el año anterior.
Estas coincidencias acercaron posiciones entre legisladores de diferentes espacios, aunque todavía persisten diferencias respecto del encuadre legal y los recursos necesarios para sostener las medidas.
Los cambios sobre Incluir Salud y las compensaciones a prestadores
El oficialismo incorporó dos modificaciones reclamadas por sectores de la oposición y por sus aliados parlamentarios.
La primera está relacionada con Incluir Salud, cuya cobertura quedaría garantizada para todas las personas con discapacidad que no cuenten con obra social.
El nuevo texto contempla también a quienes reciben antiguas pensiones por invalidez, un grupo que podía quedar excluido bajo la redacción original.
La segunda modificación responde a un pedido del PRO y establece un cronograma para pagar las compensaciones pendientes a prestadores de servicios de discapacidad.
Esas compensaciones ya estaban contempladas en el régimen de emergencia, pero su desembolso había generado diferencias dentro del Gobierno.
Según lo expuesto por el exsecretario de Discapacidad Alejandro Vilches durante una presentación anterior ante Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, había manifestado resistencia a concretar esos pagos.
Sin embargo, el financiamiento continúa siendo el principal asunto pendiente de la negociación parlamentaria.
Los bloques aliados pretenden conocer cifras concretas sobre el costo de las medidas y buscarán que los recursos necesarios queden incorporados al Presupuesto 2027, cuyo dictamen está previsto para la próxima semana.
La división en Unión por la Patria y la contradicción con el Presupuesto 2027
La negociación también generó distintas posiciones dentro de Unión por la Patria, donde conviven sectores dispuestos a acompañar el proyecto acordado con el oficialismo y otros que prefieren insistir con la prórroga de la emergencia.
Un grupo impulsado por Victoria Tolosa Paz, diputada por Buenos Aires, y Guillermo Michel, representante de Entre Ríos, se muestra dispuesto a votar a favor de la iniciativa negociada por Menem.
En esa misma dirección se ubican buena parte de Provincias Unidas y legisladores de bloques vinculados con gobernadores provinciales.
En cambio, otro sector de Unión por la Patria, con Juan Marino e Itai Hagman entre sus referentes, sostiene que debe prorrogarse la emergencia, cuyo vencimiento está previsto para fines de 2026.
A pesar de esa diferencia, ambos sectores mantienen abierta la posibilidad de alcanzar un texto unificado que permita reunir un respaldo parlamentario amplio.
La discusión presenta además una particularidad dentro del propio oficialismo: el proyecto de discapacidad negociado en Diputados conserva mecanismos que el capítulo correspondiente del Presupuesto 2027 busca modificar.
La propuesta presupuestaria elaborada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, reproduce lineamientos de una iniciativa enviada por Javier Milei al Senado en abril.
Ese enfoque apunta a modificar el sistema de prestaciones vigente desde hace tres décadas, particularmente en lo relacionado con la universalidad de las terapias y la actualización de los aranceles.
En cambio, el texto que impulsa el bloque de Martín Menem mantiene ambos componentes, lo que expone diferencias entre la propuesta presupuestaria del Ejecutivo y el acuerdo legislativo que se intenta construir.
La posición del Ministerio de Economía está vinculada con la necesidad de evitar incrementos del gasto sin financiamiento previsto, mientras que los legisladores dialoguistas exigen garantías para sostener las prestaciones y las compensaciones a los prestadores.
El escenario abre la posibilidad de que el proyecto de discapacidad sea aprobado por una mayoría amplia, con acompañamiento de legisladores oficialistas, aliados y opositores.
De todos modos, el acuerdo definitivo dependerá de las negociaciones sobre la prórroga de la emergencia, la redacción final del texto y, especialmente, la incorporación de recursos concretos al Presupuesto 2027.
