La fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona solicitó el procesamiento con prisión preventiva de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia. El planteo incluye acusaciones por lavado de dinero, asociación ilícita, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
El pedido quedó a consideración del juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte. Vallejo ya se encuentra detenido por orden del magistrado; la fiscalía busca que continúe privado de su libertad mientras avanza la investigación.
La estructura empresarial bajo investigación
Según Incardona, entre 2020 y 2025 Vallejo organizó un conjunto de sociedades que operaron como una caja común para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito. La hipótesis fiscal incluye dinero de infracciones cambiarias, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional y, mediante terceros, juego ilegal.
La acusación sitúa el comienzo del circuito en Centro de Inversiones Concordia SRL, una agencia de cambio que Vallejo tomó junto con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado. Para la fiscal, las ganancias obtenidas mediante infracciones al régimen cambiario permitieron crear Sur Finanzas Group SA y adquirir su sede central.
Incardona sostiene que, después de que la agencia fuera sancionada y solicitara la baja como operadora de cambio, sus activos fueron transferidos a cuentas personales del financista y de su madre. Desde allí, siempre según la acusación, pasaron a otras agencias del grupo, plazos fijos y compras de bienes.
El planteo también alcanza a familiares y colaboradores, entre ellos el contador Gerardo Salvador Carrozza, María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo. Las seis sociedades señaladas son Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA, Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA. La fiscalía solicitó procesamientos y embargos.
Los argumentos para pedir la prisión preventiva
Incardona fundamentó la medida en riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Mencionó una orden de borrar información de la computadora del imputado en diciembre de 2025, incumplimientos de las condiciones fijadas para permanecer en libertad y una explicación sobre su domicilio que consideró falsa.
También señaló fondos cuyo destino considera desconocido: $1.009.990.000 que Vallejo declaró en efectivo al cierre de 2023, un depósito de $100.000.000 en una mutual que, según la fiscalía, no declaró, moneda extranjera adquirida entre noviembre y diciembre de 2025 y el dinero obtenido por la venta de una Ferrari.
El financista había quedado bajo investigación y amplió su declaración indagatoria en la causa Sur Finanzas. Ahora corresponde a Rodríguez Ponte decidir sobre las responsabilidades atribuidas y la prisión preventiva solicitada. El requerimiento fiscal no constituye una condena.
