El Banco Central de Paraguay (BCP) comenzó este jueves por la noche a pagar las garantías de depósitos a los clientes de Ueno Bank, la entidad financiera intervenida el martes por problemas de solvencia. La medida representa el inicio del proceso de devolución de fondos a los ahorristas afectados por la suspensión de sus operaciones.
En esta primera etapa, los desembolsos contemplan montos de hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes aproximadamente a 1.565 dólares, y están destinados a los clientes que cumplan las condiciones establecidas por la autoridad monetaria.
El inicio de los pagos se produce en medio de una crisis financiera y política que también involucra al presidente paraguayo, Santiago Peña, quien presentó su renuncia mientras avanza un proceso de juicio político en el Congreso.
La situación del mandatario continúa sin una definición legislativa, después de que una sesión extraordinaria destinada a tratar su dimisión quedara sin quórum.
Cómo se devolverán los depósitos de Ueno Bank
El Banco Central informó que los pagos iniciados corresponden a un primer grupo de ahorristas alcanzados por el sistema de garantía de depósitos.
La autoridad monetaria precisó que los clientes cuyos fondos no superen los 10 millones de guaraníes recibirán el total de sus depósitos, siempre que reúnan los requisitos previstos.
En su comunicado, el organismo señaló: “Si el total de tus depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, recibirás la totalidad”.
Para acceder a esta primera etapa de devolución, los beneficiarios no deben registrar deudas con Ueno Bank y deben contar con una cuenta en otra entidad bancaria donde puedan recibir el dinero.
La comunicación oficial se refiere a los pagos iniciales y no establece en la información difundida un cronograma completo para todos los depositantes afectados.
El procedimiento busca comenzar a restituir los fondos de los clientes mientras continúa la resolución de la situación de la entidad intervenida.
Por qué el Banco Central intervino Ueno Bank
La intervención fue dispuesta después de que la autoridad monetaria detectara un deterioro significativo en los indicadores financieros de la entidad.
Según informó el BCP, el índice de solvencia de Ueno Bank cayó por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación bancaria.
El organismo explicó que la situación se produjo “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.
Ante ese escenario, la autoridad monetaria ordenó avanzar con un procedimiento de resolución o cierre de la institución financiera.
La medida provocó la suspensión de sus operaciones y generó preocupación entre los usuarios que mantenían depósitos en el banco.
Durante la gestión de Santiago Peña, Ueno Bank recibió importantes recursos de organismos públicos y llegó a concentrar depósitos de más de 2,9 millones de clientes.
La crisis también despertó inquietud por los fondos públicos y los recursos vinculados con jubilaciones que se encontraban depositados en la entidad.
La magnitud de su cartera de clientes y su vinculación con recursos estatales ampliaron el impacto de la intervención bancaria sobre el escenario político paraguayo.
Santiago Peña presentó su renuncia, pero el Congreso no pudo resolverla
La crisis financiera coincidió con un nuevo episodio de incertidumbre institucional: el presidente Santiago Peña presentó su renuncia este jueves, pero el Congreso no logró definir si correspondía aceptarla o rechazarla.
La sesión extraordinaria bicameral convocada para tratar la situación se extendió durante aproximadamente dos horas.
Sin embargo, durante la votación, la mayoría de los diputados se retiró del recinto y la reunión quedó sin el quórum necesario para continuar.
De acuerdo con las interpretaciones constitucionales y legislativas recogidas tras la suspensión, Peña permanece en la Presidencia mientras no se resuelva formalmente su situación.
La falta de una decisión parlamentaria dejó abierto el conflicto entre el oficialismo y la oposición.
Los sectores opositores pretendían rechazar la renuncia para continuar con el juicio político contra el mandatario.
En cambio, una parte importante del oficialismo proponía aceptar la dimisión para facilitar la asunción del vicepresidente.
En paralelo, el Senado avanza con el procedimiento de juicio político, después de que la Cámara de Diputados aprobara su impulso.
Peña aseguró que se defenderá ante el Congreso
Después de la suspensión de la sesión legislativa, el presidente comunicó que comparecerá ante el Congreso para ejercer su derecho a la defensa y presentar la información que le soliciten las autoridades competentes.
A través de su cuenta en la red social X, Peña expresó: “Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”.
En el mismo mensaje, agregó: “Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa”.
El mandatario sostuvo que su participación en el procedimiento responde a la responsabilidad institucional de brindar explicaciones ante la ciudadanía.
También afirmó: “Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho”.
Peña se comprometió a entregar la documentación y los datos que le requieran las instituciones encargadas de investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades.
En ese sentido, manifestó: “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”.
El presidente aseguró además que quienes hayan incumplido las normas deberán responder ante la Justicia.
El presidente pidió que los pagos a los ahorristas no se detengan
En sus declaraciones públicas, Peña también se refirió directamente a la situación de los clientes de Ueno Bank y reclamó que la devolución de los depósitos continúe independientemente del desenlace de la crisis política.
“El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo”, sostuvo el mandatario.
El presidente insistió en que las investigaciones sobre las responsabilidades vinculadas con la entidad y el proceso de restitución de fondos deben desarrollarse de manera simultánea.
“Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra”, afirmó.
Antes de presentar su renuncia, Peña ya había reclamado que se garantizara la protección de los recursos afectados por la intervención bancaria.
En ese momento expresó: “Que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”.
El mandatario también pidió tranquilidad frente a las manifestaciones ciudadanas y la incertidumbre institucional, y aseguró que respetará el resultado del juicio político.
Su mensaje final fue: “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay”.
Mientras continúa la discusión legislativa sobre la situación presidencial, el Banco Central de Paraguay mantiene en marcha la primera etapa de devolución de depósitos para los clientes de Ueno Bank que cumplen las condiciones anunciadas.
La evolución de los pagos, la resolución de la entidad financiera y las decisiones del Congreso constituyen los principales procesos pendientes en el desarrollo de la crisis paraguaya.
El Banco Central de Paraguay comenzó a devolver depósitos a clientes de Ueno Bank tras intervenir la entidad por problemas de solvencia. La primera etapa contempla pagos de hasta 10 millones de guaraníes para ahorristas que cumplan determinados requisitos. La crisis bancaria coincide con la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña, cuya aceptación quedó pendiente después de una sesión legislativa sin quórum.
Paraguay consiguió reunir en una misma crisis tres ingredientes que suelen funcionar mejor por separado: un banco intervenido, millones de ahorristas preocupados y un presidente que presentó su renuncia sin que el Congreso lograra decidir qué hacer con ella. La situación alcanzó un nivel de complejidad institucional digno de un manual de procedimientos escrito durante un corte de luz. Mientras los ciudadanos intentan recuperar sus depósitos, los legisladores todavía deben resolver si Santiago Peña continúa en el cargo por decisión política o porque no alcanzaron las sillas ocupadas para votar.
El Banco Central comenzó a pagar las garantías de depósitos de Ueno Bank, una entidad intervenida después de que su solvencia cayera por debajo de los parámetros exigidos. En esta primera etapa, los desembolsos llegan hasta los 10 millones de guaraníes. Los clientes con depósitos inferiores a ese monto podrán recuperar la totalidad, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Es una noticia importante para los ahorristas, aunque también plantea una ironía difícil de ignorar: para recibir el dinero de un banco en problemas, necesitan disponer de una cuenta en otro banco. La confianza financiera, por lo visto, también requiere un plan alternativo.
La entidad llegó a concentrar depósitos de más de 2,9 millones de clientes y recibió importantes recursos de organismos públicos durante la gestión presidencial. Por eso, su intervención no se limita a una discusión entre contadores y supervisores bancarios. Hay ahorros particulares, fondos públicos y recursos vinculados con jubilaciones en el centro de la preocupación. Cuando una institución financiera de ese tamaño deja de operar normalmente, el problema deja de pertenecer exclusivamente al mundo de las planillas de cálculo.
En paralelo, Santiago Peña presentó su renuncia. La oposición pretendía rechazarla para continuar con el juicio político, mientras sectores del oficialismo buscaban aceptarla y facilitar la asunción del vicepresidente. La sesión extraordinaria se extendió durante dos horas, pero perdió el quórum cuando numerosos diputados abandonaron el recinto. Así, el Congreso protagonizó una de esas situaciones en las que el procedimiento destinado a resolver una crisis termina agregando una nueva pregunta a la lista de problemas pendientes.
Peña anunció que se presentará ante el Congreso para ejercer su defensa y entregar la información requerida. También sostuvo que la devolución de los depósitos no debe depender de su futuro político. La distinción es fundamental: los ahorristas necesitan recuperar sus fondos, independientemente de quién ocupe el despacho presidencial. Ninguna persona que espera una transferencia bancaria debería tener que estudiar derecho constitucional para saber si el dinero llegará a su cuenta.
El mandatario prometió respetar el resultado del juicio político y reclamó que se esclarezcan los hechos. Mientras tanto, la autoridad monetaria avanza con los pagos iniciales y las instituciones intentan resolver una crisis que combina responsabilidades financieras y políticas. En un escenario así, hasta la expresión estabilidad institucional parece necesitar una aclaración al pie de página.
Paraguay enfrenta ahora dos cuentas pendientes que no se resuelven con la misma calculadora: cuánto dinero corresponde devolver a los clientes afectados y qué decisión adoptará el Congreso sobre el presidente. La primera exige recursos, verificaciones y procedimientos bancarios. La segunda necesita acuerdos políticos y legisladores presentes. Por ahora, el Banco Central comenzó a mover los fondos, mientras la política todavía intenta reunir el número suficiente de representantes para mover una decisión.
