La venta de los activos de SanCor atraviesa una creciente disputa judicial luego de que un síndico de la quiebra y distintos acreedores presentaran impugnaciones para cuestionar el proceso licitatorio aprobado por el juez Marcelo Gelcich. Aunque los planteos ya llegaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, hasta el momento ninguna resolución suspendió el cronograma previsto para la venta.
El expediente se abrió tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en 2025. En abril de este año se decretó la quiebra de la histórica cooperativa y, posteriormente, se aprobaron los pliegos que regulan la licitación pública de sus bienes, fijando una valuación base de US$ 52,1 millones.
Qué activos forman parte de la venta
La licitación contempla la venta por lotes de seis plantas industriales ubicadas en Devoto, Gálvez, La Carlota, Balnearia, San Guillermo y Sunchales. La planta de Devoto posee la mayor valuación individual, mientras que la de Sunchales fue tasada con una reducción luego del incendio registrado durante junio.
También integran el proceso las principales marcas comerciales de la empresa, entre ellas SanCor, Mendicrim, Tolem y Quesabores, consideradas uno de los activos intangibles más valiosos de la cooperativa.
El pliego establece un costo de US$ 10.000 para acceder a la documentación licitatoria y exige una garantía equivalente al 10% del monto ofertado. Al menos seis grupos empresarios manifestaron interés en analizar una compra total o parcial.
Tres frentes cuestionan la licitación
Uno de los planteos fue presentado por el síndico Juan Luis Tomat, quien denunció presuntas irregularidades durante la administración de la quiebra. Entre sus objeciones mencionó haber sido excluido del expediente digital durante etapas relevantes del proceso, cuestionó la designación de una coadministradora y reclamó precisiones sobre el destino de bienes bajo garantía judicial.
Otro frente corresponde al Frente Unificado por la Defensa de SanCor, integrado por acreedores, tamberos, proveedores y exempleados. El grupo solicitó la apertura de un Jury de Enjuiciamiento contra el juez Gelcich y pidió una medida cautelar para suspender la licitación, argumentando presuntas subvaluaciones, falta de transparencia y el rechazo de un plan alternativo de continuidad.
El tercer planteo fue impulsado por Fidulac S.A., empresa presidida por el empresario rosarino Gustavo Scaglione, quien además figura entre los interesados en adquirir activos de la cooperativa. La presentación cuestiona principalmente la decisión de vender las plantas y las marcas por separado, al considerar que ello podría afectar el valor final de realización y perjudicar a los acreedores.
Impacto laboral y futuro del proceso
La quiebra también tuvo un fuerte impacto sobre los trabajadores. De los 914 empleados que permanecían activos al inicio del proceso, alrededor de 178 continuaron vinculados, mientras que más de 700 fueron desvinculados tras vencer el plazo legal de continuidad laboral.
Según el expediente, la cooperativa mantiene una importante deuda laboral que incluye salarios impagos, aguinaldos, aportes retenidos y obligaciones con la obra social y entidades sindicales, además de miles de créditos laborales reconocidos.
Por ahora, la Justicia no modificó el cronograma licitatorio. Sin embargo, la resolución que adopte la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre las impugnaciones presentadas será determinante para establecer si la venta continúa bajo el esquema actual o si el proceso deberá ser revisado antes de avanzar con el futuro de la histórica cooperativa láctea.
