La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, por avanzar con la derogación de la ley de protección de la actividad librera en la Argentina. Según advirtió, la modificación podría provocar un aumento en el precio de los libros y afectar a editoriales y librerías independientes.
Desde su cuenta oficial de X, la legisladora sostuvo que “el gobierno vuelve con su obsesión: otra vez contra la cultura. No es nuevo, ya habían intentado esta avanzada contra los libros y las librerías en el decreto 70/23 y en la Ley Ómnibus. Y tuvieron que dar marcha atrás”.
Bregman afirmó que el Ejecutivo encabezado por Javier Milei busca “la derogación de la Ley de protección de la actividad librera que generará que los libros (ya caros de por sí para la población) puedan aumentar eventualmente su precio sin ningún techo. Además, propiciará una mayor concentración del mercado en desmedro de las editoriales independientes (como la de mi partido @Ediciones_IPS), afectando la bibliodiversidad”.
Advertencia por el futuro de las librerías
Para la diputada, la eliminación del precio único del libro pondría en riesgo la continuidad de cientos de librerías en todo el país. En ese sentido, señaló que la iniciativa “pondrá en peligro la continuidad de cientos de librerías en todo el país por la eliminación del precio único del libro. Por último, generará mayor ruina para escritores y escritoras que ya en muchos casos trabajan en forma precaria o directamente gratis”.
La dirigente anticipó además la organización de acciones junto con representantes del sector editorial y cultural. “Vamos a convocar a escritores y escritores, editoriales y libreros para oponernos tajantemente y ser parte del movimiento de sectores de la cultura en defensa del libro y las librerías”, añadió Bregman.
La legisladora recordó que el Gobierno ya había intentado avanzar sobre esta regulación mediante el decreto 70/23 y durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, aunque posteriormente debió dar marcha atrás.
Qué establece la ley de protección de la actividad librera
La normativa vigente determina que los editores, importadores o representantes deben fijar un precio uniforme de venta al público para los libros que editen o importen. El régimen también contempla condiciones para descuentos, exenciones, instituciones de base asociativa, autoridades de aplicación, multas y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
El texto legal establece que “los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público (pvp) o consumidor final de los libros que edite o importe. Consumidor final. Definición. Oferta editorial. Descuentos al pvp. Instituciones o entidades de base asociativa. Exenciones. Autoridad de aplicación. Multas. Comisión nacional de bibliotecas populares”.
Ante la posibilidad de que la norma sea derogada, libreros, editoriales y cámaras vinculadas con la actividad literaria expresaron su rechazo y solicitaron que no se modifiquen las disposiciones que, según sostienen, garantizan la supervivencia de las librerías independientes en todo el país.
La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, por impulsar la derogación de la ley de protección de la actividad librera. La legisladora advirtió que la eliminación del precio único podría encarecer los libros, favorecer la concentración del mercado y provocar el cierre de librerías independientes.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
El Gobierno volvió a posar la mirada sobre las librerías, ese peligroso entramado de estantes donde todavía circulan ideas sin necesidad de motosierra, algoritmo ni conferencia de prensa. Según denunció Myriam Bregman, Federico Sturzenegger avanzaría otra vez sobre la ley que establece un precio uniforme para los libros, una norma aparentemente intolerable para cualquier funcionario que detecte una regulación respirando sin autorización del Ministerio de Desregulación.
La propuesta permitiría que cada vendedor establezca el precio que considere conveniente, bajo la noble esperanza de que el mercado, conmovido por la literatura argentina, se comporte como un bibliotecario solidario y no como un señor con calculadora, objetivos trimestrales y una cadena de locales en cada shopping. Las pequeñas librerías, mientras tanto, quedarían invitadas a competir en igualdad de condiciones, del mismo modo en que una bicicleta compite con un avión: ambas se desplazan y, técnicamente, participan del transporte.
Bregman advirtió que la medida podría elevar todavía más el costo de los libros, concentrar el negocio y poner en riesgo cientos de comercios. La escena cultural recibió la novedad con el entusiasmo habitual de quien descubre que, después de sobrevivir a la caída del consumo, los costos operativos y la precarización, ahora también deberá enfrentarse a una reforma diseñada para que comprar una novela pueda requerir planificación financiera, asesoramiento contable y quizá la firma de un garante.
El oficialismo ya había intentado modificar este esquema mediante el decreto 70/23 y la Ley Ómnibus, pero debió retroceder. Ahora, la iniciativa regresaría como esas sagas que nadie pidió, con los mismos protagonistas, un argumento conocido y la promesa de que esta vez el mercado resolverá el final. Escritores, editores y libreros preparan su respuesta, mientras los lectores observan cómo el acceso a la cultura amenaza con convertirse en una experiencia premium, disponible en cómodas cuotas y con gastos de envío aparte.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, por avanzar con la derogación de la ley de protección de la actividad librera en la Argentina. Según advirtió, la modificación podría provocar un aumento en el precio de los libros y afectar a editoriales y librerías independientes.
Desde su cuenta oficial de X, la legisladora sostuvo que “el gobierno vuelve con su obsesión: otra vez contra la cultura. No es nuevo, ya habían intentado esta avanzada contra los libros y las librerías en el decreto 70/23 y en la Ley Ómnibus. Y tuvieron que dar marcha atrás”.
Bregman afirmó que el Ejecutivo encabezado por Javier Milei busca “la derogación de la Ley de protección de la actividad librera que generará que los libros (ya caros de por sí para la población) puedan aumentar eventualmente su precio sin ningún techo. Además, propiciará una mayor concentración del mercado en desmedro de las editoriales independientes (como la de mi partido @Ediciones_IPS), afectando la bibliodiversidad”.
Advertencia por el futuro de las librerías
Para la diputada, la eliminación del precio único del libro pondría en riesgo la continuidad de cientos de librerías en todo el país. En ese sentido, señaló que la iniciativa “pondrá en peligro la continuidad de cientos de librerías en todo el país por la eliminación del precio único del libro. Por último, generará mayor ruina para escritores y escritoras que ya en muchos casos trabajan en forma precaria o directamente gratis”.
La dirigente anticipó además la organización de acciones junto con representantes del sector editorial y cultural. “Vamos a convocar a escritores y escritores, editoriales y libreros para oponernos tajantemente y ser parte del movimiento de sectores de la cultura en defensa del libro y las librerías”, añadió Bregman.
La legisladora recordó que el Gobierno ya había intentado avanzar sobre esta regulación mediante el decreto 70/23 y durante el tratamiento de la Ley Ómnibus, aunque posteriormente debió dar marcha atrás.
Qué establece la ley de protección de la actividad librera
La normativa vigente determina que los editores, importadores o representantes deben fijar un precio uniforme de venta al público para los libros que editen o importen. El régimen también contempla condiciones para descuentos, exenciones, instituciones de base asociativa, autoridades de aplicación, multas y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
El texto legal establece que “los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público (pvp) o consumidor final de los libros que edite o importe. Consumidor final. Definición. Oferta editorial. Descuentos al pvp. Instituciones o entidades de base asociativa. Exenciones. Autoridad de aplicación. Multas. Comisión nacional de bibliotecas populares”.
Ante la posibilidad de que la norma sea derogada, libreros, editoriales y cámaras vinculadas con la actividad literaria expresaron su rechazo y solicitaron que no se modifiquen las disposiciones que, según sostienen, garantizan la supervivencia de las librerías independientes en todo el país.
La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, cuestionó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, por impulsar la derogación de la ley de protección de la actividad librera. La legisladora advirtió que la eliminación del precio único podría encarecer los libros, favorecer la concentración del mercado y provocar el cierre de librerías independientes.
El Gobierno volvió a posar la mirada sobre las librerías, ese peligroso entramado de estantes donde todavía circulan ideas sin necesidad de motosierra, algoritmo ni conferencia de prensa. Según denunció Myriam Bregman, Federico Sturzenegger avanzaría otra vez sobre la ley que establece un precio uniforme para los libros, una norma aparentemente intolerable para cualquier funcionario que detecte una regulación respirando sin autorización del Ministerio de Desregulación.
La propuesta permitiría que cada vendedor establezca el precio que considere conveniente, bajo la noble esperanza de que el mercado, conmovido por la literatura argentina, se comporte como un bibliotecario solidario y no como un señor con calculadora, objetivos trimestrales y una cadena de locales en cada shopping. Las pequeñas librerías, mientras tanto, quedarían invitadas a competir en igualdad de condiciones, del mismo modo en que una bicicleta compite con un avión: ambas se desplazan y, técnicamente, participan del transporte.
Bregman advirtió que la medida podría elevar todavía más el costo de los libros, concentrar el negocio y poner en riesgo cientos de comercios. La escena cultural recibió la novedad con el entusiasmo habitual de quien descubre que, después de sobrevivir a la caída del consumo, los costos operativos y la precarización, ahora también deberá enfrentarse a una reforma diseñada para que comprar una novela pueda requerir planificación financiera, asesoramiento contable y quizá la firma de un garante.
El oficialismo ya había intentado modificar este esquema mediante el decreto 70/23 y la Ley Ómnibus, pero debió retroceder. Ahora, la iniciativa regresaría como esas sagas que nadie pidió, con los mismos protagonistas, un argumento conocido y la promesa de que esta vez el mercado resolverá el final. Escritores, editores y libreros preparan su respuesta, mientras los lectores observan cómo el acceso a la cultura amenaza con convertirse en una experiencia premium, disponible en cómodas cuotas y con gastos de envío aparte.