El Gobierno nacional avanza con un anteproyecto para modificar el Régimen de Libro y Doblaje, impulsado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. La iniciativa propone derogar la Ley 25.542, vigente desde 2001, que establece un precio único fijado por las editoriales para cada publicación.
Desde el Ministerio de Desregulación explicaron que «El proyecto tiene como objetivo principal que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograr esto, lo que hace es eliminar una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. Está claro que cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios. La experiencia internacional respalda ese enfoque. No existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad».
Además, remarcaron que «la reforma que se está trabajando no elimina editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales. Lo que elimina es una prohibición para competir en precios».
El temor del sector editorial
La propuesta despertó un fuerte rechazo entre librerías, editoriales y entidades vinculadas al libro. Adolfo de Vincenzi, director de ILHSA, advirtió que una desregulación total favorecería a grandes plataformas y supermercados por su capacidad para absorber márgenes mínimos.
En ese sentido afirmó: «Si se desregula todo, para los supermercados el libro debe ser el cero coma cinco por ciento de la venta. Lo pueden regalar sin ningún problema. Este país, que se caracteriza por tener muchas librerías, pasaría a tener un negocio que agonizaría. Me imagino a los supermercados o a Mercado Libre jugando en este mercado y rompiéndolo en dos segundos. Hoy ya tenemos problemas con Mercado Libre, porque su plataforma está hecha para favorecer el precio más barato. El libro para ellos es lo mismo que cualquier cosa: te mandan al más barato. Imaginate eso con total libertad».
Sin embargo, desde la industria también surgieron voces que relativizaron ese escenario. Una fuente consultada sostuvo que «Ese escenario no existe más» y señaló que actualmente «Los supermercados hoy venden el 80% de libros infantiles que no se venden en librerías. Son libros hechos especialmente, casi siempre en China, para venderse en supermercados».
Por su parte, Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, comparó la situación con otros países de la región al señalar que «En países como Chile, como Uruguay, como Ecuador, como Colombia, no tenés ley de precio fijo. Y en esos lugares hay muchas menos editoriales y muchas menos librerías».
Sobre la posibilidad de una baja de precios, agregó: «Creo que va a suceder lo mismo que sucedió con Uber. Inicialmente, vas a tener seguramente algún precio mejor. Pero a la larga eso va a producir, digamos, precios más altos, mayor concentración de la oferta y menor bibliodiversidad».
¿Bajarán realmente los precios?
Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, consideró que una eventual derogación no tendría un efecto inmediato sobre el valor de los ejemplares.
Según explicó, «No creo que, en el corto plazo, la derogación baje el precio de los libros. El precio de venta depende de varios factores —volumen, costo del papel, tipo de cambio, costo logístico, inflación, entre otros— y hoy, con la ley vigente, lo define el editor. Con la derogación, el editor pasará a fijar un precio sugerido y será el canal el que determine el precio final, incorporando otras variables: margen del canal, política comercial de la plataforma, volumen de compra. Van a convivir precios distintos para un mismo título».
También señaló que «Hay que resaltar, además, que la oferta de libros es amplia y cada catálogo tiene una dinámica comercial diferente. Algunos rubros funcionan mejor en la venta online —los libros para adultos, sobre todo los best sellers—; otros, como el infantil, dependen del punto de venta físico. La competencia podrá bajar el precio de alguna línea, pero eso se va a compensar con aumentos en otras para sostener los márgenes».
Rainone agregó que «El precio promedio del libro viene creciendo por debajo de la inflación. Es decir: en pleno funcionamiento de la ley, el precio real del libro cayó. Eso desmiente que la norma sea lo que encarece la lectura. Insisto sobre este punto, lo que encarece y hace que suban los precios son los costos asociados a la actividad».
En un comunicado, la Fundación El Libro sostuvo que «Esta normativa no constituye un simple mecanismo comercial: es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio».
Modernizar la ley, el punto de encuentro
Víctor Malumián, de editorial Godot, reconoció que la legislación requiere cambios, aunque rechazó una eliminación completa. En ese sentido manifestó: «¿Podemos pensar una actualización? Sin lugar a dudas. Pero desregularla no es la forma de hacerlo».
En contraste, un editor de larga trayectoria sostuvo que «La gente que escribe, que son siempre los más perjudicados de toda la cadena lo que necesitan es vender más libros» y añadió que «Y la verdad es que cuando se liberan estos descuentos, que nunca son mortales, se vende más».
Otras fuentes del sector pusieron el foco en los costos operativos y la presión impositiva. Una de ellas planteó: «Ahora bien si se desatara una competencia feroz por el libro, ¿Para qué pagar un alquiler comercial en un lugar top?» y destacó las ventajas de la comercialización digital al afirmar que «Te lo ponés a vender por el canal digital y te ahorrás personal, alquiler, costos…».
El mismo informante cuestionó además las diferencias tributarias al asegurar que «el Estado que quiere derogar esta ley permite que la luz que ilumina a una librería y el alquiler comercial del local le salga al librero 21 por ciento más caro que al local de ropa de mujer que está pared de por medio con la librería».
También sostuvo que «La ley actual no contempla libro digital ni venta online, pues no existía. Y, por otro lado, la ley es tan estricta que el librero en Salta o Río Grande debe comerse a su costo el flete que corre por cuenta del librero. ¿Por qué no puede sumarle el flete? ¿Acaso las cosas que no son libros en Ushuaia cuestan lo mismo que en Buenos Aires?».
Rainone propuso una alternativa intermedia al señalar que «Hay quienes entienden que la ley debe seguir como está y otros que creen que sería beneficiosa una modernización de la ley actual, ya que desde su implementación han aparecido nuevos formatos y cambios en los hábitos de consumo».
Asimismo recordó antecedentes internacionales al explicar que «En caso de eliminar completamente la ley quedarían desprotegidas las librerías en general, no solamente las independientes o pequeñas. Por ejemplo, la aparición de Amazon en Estados Unidos, con fuertes descuentos, fue una de las causas del cierre de Borders —no la única, por supuesto—, una de las principales cadenas de ese país; y en Brasil, de dos de las cadenas más importantes como Cultura y Saraiva».
Para cerrar, el presidente de la Fundación El Libro destacó que «Los lectores terminan ganando si podemos tener un marco donde protejamos los diferentes canales. Es fundamental destacar que las librerías no son simples comercios: funcionan como verdaderos centros culturales locales que cumplen una función social irremplazable de promoción de la lectura y dinamización comunitaria, cuyo enorme aporte no pasa solo por el lado de la economía ni se puede medir en términos monetarios».
Desde el anonimato, una editora reconoció la tensión que atraviesa al sector al admitir que «Al negocio más bien le conviene que la ley no esté». Luego explicó: «Esa es la verdad, pero no te la van a decir, no la van a admitir, porque los editores tienen que quedar bien con los libreros».
Así, entre posiciones enfrentadas sobre la desregulación, aparece un punto de coincidencia: «No hay que derogarla, hay que modernizarla». En la misma línea, una librera resumió otro de los desafíos del mercado al advertir que la competencia con las plataformas requiere una estrategia más amplia y sostuvo que «Habría que hacer algo para que leamos más, porque si no vamos a desaparecer exactamente de la misma manera».
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la ley de precio fijo del libro, vigente desde 2001, con el argumento de fomentar la competencia y mejorar el acceso de los lectores. Mientras el oficialismo sostiene que los descuentos reducirán los precios, editoriales, librerías y entidades del sector advierten sobre una mayor concentración del mercado y el riesgo para la diversidad editorial.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
Un mismo libro podría tener un precio distinto según dónde lo compres. La promesa es que la competencia haga el resto. La preocupación es que, cuando el resto llega, a veces ya no queda nadie para competir.
La discusión parece una góndola de supermercado: todo arranca con una oferta irresistible y termina con el cartel de «última unidad». Mientras unos imaginan lectores celebrando descuentos, otros visualizan librerías independientes tratando de competir contra plataformas que manejan más algoritmos que estanterías.
El Gobierno asegura que la iniciativa no elimina editoriales, librerías ni derechos de autor, sino una restricción para competir mediante promociones y descuentos. La lógica es sencilla: si cada comercio puede fijar su precio, habrá más competencia y, en consecuencia, valores más bajos. La industria editorial responde con una pregunta menos sencilla: ¿qué ocurre cuando algunos jugadores pueden vender casi sin margen porque el libro representa una porción mínima de su negocio?
La escena divide incluso a quienes forman parte del mismo mercado. Hay quienes sostienen que el precio fijo ya quedó desactualizado frente al comercio electrónico y los nuevos hábitos de consumo. Otros recuerdan experiencias internacionales donde la llegada de gigantes digitales terminó reduciendo la cantidad de librerías y editoriales disponibles. La discusión ya no pasa solamente por cuánto cuesta un libro, sino por quién puede seguir vendiéndolo dentro de unos años.
En el medio aparecen los costos del papel, la logística, la inflación, los impuestos, los alquileres y el transporte, todos candidatos a explicar por qué un libro vale lo que vale. Es una lista bastante más larga que la etiqueta pegada en la contratapa. Cambiar una ley puede modificar la forma de vender, pero difícilmente haga desaparecer esa cuenta.
Hasta entre quienes aceptarían liberar los descuentos hay una coincidencia que atraviesa el sector: la norma nació cuando la venta online y los libros digitales todavía eran una promesa. La pelea, entonces, parece menos entre precio fijo o precio libre que entre una ley de 2001 y un mercado que hace rato dejó de vivir en 2001. Porque en Argentina hasta los libros terminan protagonizando una novela sobre quién escribe el capítulo final.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
El Gobierno nacional avanza con un anteproyecto para modificar el Régimen de Libro y Doblaje, impulsado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. La iniciativa propone derogar la Ley 25.542, vigente desde 2001, que establece un precio único fijado por las editoriales para cada publicación.
Desde el Ministerio de Desregulación explicaron que «El proyecto tiene como objetivo principal que los libros sean más accesibles para los lectores. Para lograr esto, lo que hace es eliminar una restricción que hoy impide que las librerías compitan en precios mediante descuentos, promociones u otras estrategias comerciales. Está claro que cuando hay más competencia, los consumidores tienen más opciones y mejores precios. La experiencia internacional respalda ese enfoque. No existe evidencia en el mundo de que el precio fijo sea necesario para preservar la bibliodiversidad».
Además, remarcaron que «la reforma que se está trabajando no elimina editoriales, librerías, derechos de autor ni políticas culturales. Lo que elimina es una prohibición para competir en precios».
El temor del sector editorial
La propuesta despertó un fuerte rechazo entre librerías, editoriales y entidades vinculadas al libro. Adolfo de Vincenzi, director de ILHSA, advirtió que una desregulación total favorecería a grandes plataformas y supermercados por su capacidad para absorber márgenes mínimos.
En ese sentido afirmó: «Si se desregula todo, para los supermercados el libro debe ser el cero coma cinco por ciento de la venta. Lo pueden regalar sin ningún problema. Este país, que se caracteriza por tener muchas librerías, pasaría a tener un negocio que agonizaría. Me imagino a los supermercados o a Mercado Libre jugando en este mercado y rompiéndolo en dos segundos. Hoy ya tenemos problemas con Mercado Libre, porque su plataforma está hecha para favorecer el precio más barato. El libro para ellos es lo mismo que cualquier cosa: te mandan al más barato. Imaginate eso con total libertad».
Sin embargo, desde la industria también surgieron voces que relativizaron ese escenario. Una fuente consultada sostuvo que «Ese escenario no existe más» y señaló que actualmente «Los supermercados hoy venden el 80% de libros infantiles que no se venden en librerías. Son libros hechos especialmente, casi siempre en China, para venderse en supermercados».
Por su parte, Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, comparó la situación con otros países de la región al señalar que «En países como Chile, como Uruguay, como Ecuador, como Colombia, no tenés ley de precio fijo. Y en esos lugares hay muchas menos editoriales y muchas menos librerías».
Sobre la posibilidad de una baja de precios, agregó: «Creo que va a suceder lo mismo que sucedió con Uber. Inicialmente, vas a tener seguramente algún precio mejor. Pero a la larga eso va a producir, digamos, precios más altos, mayor concentración de la oferta y menor bibliodiversidad».
¿Bajarán realmente los precios?
Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, consideró que una eventual derogación no tendría un efecto inmediato sobre el valor de los ejemplares.
Según explicó, «No creo que, en el corto plazo, la derogación baje el precio de los libros. El precio de venta depende de varios factores —volumen, costo del papel, tipo de cambio, costo logístico, inflación, entre otros— y hoy, con la ley vigente, lo define el editor. Con la derogación, el editor pasará a fijar un precio sugerido y será el canal el que determine el precio final, incorporando otras variables: margen del canal, política comercial de la plataforma, volumen de compra. Van a convivir precios distintos para un mismo título».
También señaló que «Hay que resaltar, además, que la oferta de libros es amplia y cada catálogo tiene una dinámica comercial diferente. Algunos rubros funcionan mejor en la venta online —los libros para adultos, sobre todo los best sellers—; otros, como el infantil, dependen del punto de venta físico. La competencia podrá bajar el precio de alguna línea, pero eso se va a compensar con aumentos en otras para sostener los márgenes».
Rainone agregó que «El precio promedio del libro viene creciendo por debajo de la inflación. Es decir: en pleno funcionamiento de la ley, el precio real del libro cayó. Eso desmiente que la norma sea lo que encarece la lectura. Insisto sobre este punto, lo que encarece y hace que suban los precios son los costos asociados a la actividad».
En un comunicado, la Fundación El Libro sostuvo que «Esta normativa no constituye un simple mecanismo comercial: es la columna vertebral que garantiza la diversidad bibliográfica, condiciones equitativas de competencia y la supervivencia de las librerías independientes en cada rincón de nuestro territorio».
Modernizar la ley, el punto de encuentro
Víctor Malumián, de editorial Godot, reconoció que la legislación requiere cambios, aunque rechazó una eliminación completa. En ese sentido manifestó: «¿Podemos pensar una actualización? Sin lugar a dudas. Pero desregularla no es la forma de hacerlo».
En contraste, un editor de larga trayectoria sostuvo que «La gente que escribe, que son siempre los más perjudicados de toda la cadena lo que necesitan es vender más libros» y añadió que «Y la verdad es que cuando se liberan estos descuentos, que nunca son mortales, se vende más».
Otras fuentes del sector pusieron el foco en los costos operativos y la presión impositiva. Una de ellas planteó: «Ahora bien si se desatara una competencia feroz por el libro, ¿Para qué pagar un alquiler comercial en un lugar top?» y destacó las ventajas de la comercialización digital al afirmar que «Te lo ponés a vender por el canal digital y te ahorrás personal, alquiler, costos…».
El mismo informante cuestionó además las diferencias tributarias al asegurar que «el Estado que quiere derogar esta ley permite que la luz que ilumina a una librería y el alquiler comercial del local le salga al librero 21 por ciento más caro que al local de ropa de mujer que está pared de por medio con la librería».
También sostuvo que «La ley actual no contempla libro digital ni venta online, pues no existía. Y, por otro lado, la ley es tan estricta que el librero en Salta o Río Grande debe comerse a su costo el flete que corre por cuenta del librero. ¿Por qué no puede sumarle el flete? ¿Acaso las cosas que no son libros en Ushuaia cuestan lo mismo que en Buenos Aires?».
Rainone propuso una alternativa intermedia al señalar que «Hay quienes entienden que la ley debe seguir como está y otros que creen que sería beneficiosa una modernización de la ley actual, ya que desde su implementación han aparecido nuevos formatos y cambios en los hábitos de consumo».
Asimismo recordó antecedentes internacionales al explicar que «En caso de eliminar completamente la ley quedarían desprotegidas las librerías en general, no solamente las independientes o pequeñas. Por ejemplo, la aparición de Amazon en Estados Unidos, con fuertes descuentos, fue una de las causas del cierre de Borders —no la única, por supuesto—, una de las principales cadenas de ese país; y en Brasil, de dos de las cadenas más importantes como Cultura y Saraiva».
Para cerrar, el presidente de la Fundación El Libro destacó que «Los lectores terminan ganando si podemos tener un marco donde protejamos los diferentes canales. Es fundamental destacar que las librerías no son simples comercios: funcionan como verdaderos centros culturales locales que cumplen una función social irremplazable de promoción de la lectura y dinamización comunitaria, cuyo enorme aporte no pasa solo por el lado de la economía ni se puede medir en términos monetarios».
Desde el anonimato, una editora reconoció la tensión que atraviesa al sector al admitir que «Al negocio más bien le conviene que la ley no esté». Luego explicó: «Esa es la verdad, pero no te la van a decir, no la van a admitir, porque los editores tienen que quedar bien con los libreros».
Así, entre posiciones enfrentadas sobre la desregulación, aparece un punto de coincidencia: «No hay que derogarla, hay que modernizarla». En la misma línea, una librera resumió otro de los desafíos del mercado al advertir que la competencia con las plataformas requiere una estrategia más amplia y sostuvo que «Habría que hacer algo para que leamos más, porque si no vamos a desaparecer exactamente de la misma manera».
El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la ley de precio fijo del libro, vigente desde 2001, con el argumento de fomentar la competencia y mejorar el acceso de los lectores. Mientras el oficialismo sostiene que los descuentos reducirán los precios, editoriales, librerías y entidades del sector advierten sobre una mayor concentración del mercado y el riesgo para la diversidad editorial.
Un mismo libro podría tener un precio distinto según dónde lo compres. La promesa es que la competencia haga el resto. La preocupación es que, cuando el resto llega, a veces ya no queda nadie para competir.
La discusión parece una góndola de supermercado: todo arranca con una oferta irresistible y termina con el cartel de «última unidad». Mientras unos imaginan lectores celebrando descuentos, otros visualizan librerías independientes tratando de competir contra plataformas que manejan más algoritmos que estanterías.
El Gobierno asegura que la iniciativa no elimina editoriales, librerías ni derechos de autor, sino una restricción para competir mediante promociones y descuentos. La lógica es sencilla: si cada comercio puede fijar su precio, habrá más competencia y, en consecuencia, valores más bajos. La industria editorial responde con una pregunta menos sencilla: ¿qué ocurre cuando algunos jugadores pueden vender casi sin margen porque el libro representa una porción mínima de su negocio?
La escena divide incluso a quienes forman parte del mismo mercado. Hay quienes sostienen que el precio fijo ya quedó desactualizado frente al comercio electrónico y los nuevos hábitos de consumo. Otros recuerdan experiencias internacionales donde la llegada de gigantes digitales terminó reduciendo la cantidad de librerías y editoriales disponibles. La discusión ya no pasa solamente por cuánto cuesta un libro, sino por quién puede seguir vendiéndolo dentro de unos años.
En el medio aparecen los costos del papel, la logística, la inflación, los impuestos, los alquileres y el transporte, todos candidatos a explicar por qué un libro vale lo que vale. Es una lista bastante más larga que la etiqueta pegada en la contratapa. Cambiar una ley puede modificar la forma de vender, pero difícilmente haga desaparecer esa cuenta.
Hasta entre quienes aceptarían liberar los descuentos hay una coincidencia que atraviesa el sector: la norma nació cuando la venta online y los libros digitales todavía eran una promesa. La pelea, entonces, parece menos entre precio fijo o precio libre que entre una ley de 2001 y un mercado que hace rato dejó de vivir en 2001. Porque en Argentina hasta los libros terminan protagonizando una novela sobre quién escribe el capítulo final.