El fiscal federal Diego Velasco solicitó una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, en el juicio por la causa Sueños Compartidos.
Además, pidió una pena de cuatro años de prisión para el resto de los imputados que integran el expediente.
El requerimiento fue presentado durante una extensa jornada de alegatos en los tribunales federales de Comodoro Py. A lo largo de más de diez horas de exposición, el representante del Ministerio Público sostuvo que los acusados integraron un «esquema criminal» destinado a desviar fondos públicos asignados a la construcción de viviendas sociales.
La acusación por el desvío de fondos
Según la fiscalía, entre 2008 y 2011 fueron desviados más de 206 millones de pesos de un total cercano a 900 millones transferidos por el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Velasco afirmó que la estructura investigada permitió eludir los controles estatales habituales y otorgó beneficios irregulares a los administradores de la fundación.
«Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla», sostuvo el fiscal durante su alegato.
La acusación también menciona modificaciones de obras sin justificación, ampliaciones irregulares de los plazos de ejecución, sobreprecios y trabajos realizados sin los procedimientos de licitación correspondientes.
Cómo distribuye la fiscalía las responsabilidades
De acuerdo con el planteo del Ministerio Público, De Vido, López y Fatala deben responder como coautores del delito de administración fraudulenta.
Por su parte, Sergio y Pablo Schoklender fueron señalados como partícipes necesarios de las maniobras investigadas.
También permanecen imputados los exfuncionarios provinciales Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, además de empresarios y financistas vinculados al desarrollo del programa.
La fiscalía sostiene que una parte significativa de los recursos destinados a la construcción de viviendas sociales fue desviada mediante un sistema de contrataciones irregulares que habría beneficiado tanto a administradores de la fundación como a funcionarios del área de Obras Públicas.
El juicio transita su etapa final
La causa se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.
El debate oral comenzó en marzo de este año y avanza con celeridad debido a que el expediente tiene prevista su fecha de prescripción para septiembre.
Tras los alegatos de la fiscalía, las audiencias continuarán con la exposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante. Posteriormente será el turno de las defensas.
Una vez finalizada esa instancia, el tribunal quedará en condiciones de fijar la fecha para las últimas palabras de los acusados y avanzar hacia el veredicto en uno de los procesos por presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública nacional de mayor trascendencia.
