Uno de los temas pendientes que quedará bajo la órbita de Diego Santilli es la eventual salida a Bolsa del Correo Argentino, un proyecto que desde hace tiempo espera una definición en la Jefatura de Gabinete y que no fue resuelto durante la gestión de Manuel Adorni.
El plan para vender el paquete accionario de la empresa estatal fue elaborado por la actual conducción del Correo, aunque hasta ahora no avanzó por falta de una decisión política. En el Gobierno señalan que esa demora se repitió en numerosos asuntos que quedaron pendientes de resolución.
Una empresa postal y otra inmobiliaria
La propuesta contempla, en principio, dividir la compañía en dos unidades: por un lado, la operatoria postal del Correo; por el otro, las cerca de 900 propiedades que la empresa posee en todo el país. Con ese patrimonio inmobiliario se prevé crear una nueva sociedad, que también podría cotizar en la Bolsa.
En el Gobierno hay expectativas sobre la iniciativa debido al saneamiento financiero que, según los datos oficiales citados en el proyecto, logró la compañía en los últimos dos años. El Correo pasó de registrar pérdidas por más de 200 mil millones de pesos en 2023 a obtener una ganancia de 250 millones de dólares el año pasado.
Aunque la empresa ya no requeriría asistencia del Tesoro y hasta podría generar dividendos, la decisión oficial apunta a desprenderse de la compañía mediante una operación bursátil.
Retiros voluntarios y cambios en el negocio
Entre los factores que el Gobierno destaca para explicar la mejora de los números aparece el plan de retiros voluntarios abierto en 2024, que redujo la planta de personal de 16 mil a 11 mil empleados. Para financiar ese proceso, el Ministerio de Economía destinó 150 millones de dólares.
La empresa también enfrentó complicaciones derivadas de decisiones adoptadas por el propio Gobierno. Una norma impulsada por Federico Sturzenegger dejó al Correo fuera del negocio del courier y favoreció a operadores privados. Como consecuencia de esa medida, la compañía perdió el 80% de la facturación en ese segmento.
Una oferta pública inicial
Según fuentes oficiales, el esquema en análisis consiste en lanzar una Oferta Pública Inicial en la Bolsa de Comercio para vender el 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional.
El 10% restante quedaría reservado para los trabajadores de la empresa, de acuerdo con el diseño preliminar del proyecto.
Las mismas fuentes indicaron que sería la primera vez que una empresa estatal argentina vende sus acciones mediante este mecanismo y definieron la operación como una propuesta bastante novedosa incluso a nivel mundial.
La decisión final dependerá del aval de la Jefatura de Gabinete, que tiene el control de la empresa, y del Ministerio de Economía, que deberá intervenir en el diseño financiero y operativo de la eventual salida a Bolsa.
El Gobierno analiza avanzar con la salida a Bolsa del Correo Argentino, un plan elaborado por la conducción de la empresa estatal que quedará en manos de Diego Santilli. La iniciativa prevé vender el 90% de las acciones, separar la operatoria postal de las propiedades y reservar un 10% para los trabajadores.
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El Correo Argentino, esa institución nacional que durante décadas llevó cartas, encomiendas y esperanzas envueltas en papel madera, ahora podría terminar desfilando por la Bolsa de Comercio con traje oscuro, prospecto financiero y la mirada de quien acaba de descubrir LinkedIn. La idea, guardada hace tiempo en algún cajón de la Jefatura de Gabinete, sobrevivió a la gestión de Manuel Adorni con la paciencia de una carta certificada que nadie se anima a firmar.
El plan tiene una arquitectura digna de ingeniería estatal con pretensiones de reality inmobiliario: por un lado, vender la operatoria del Correo; por el otro, separar las cerca de 900 propiedades que la empresa tiene distribuidas en todo el país, como si el Estado hubiera descubierto de pronto que además de repartir sobres también administraba una versión federal del Monopoly, pero sin el sombrero, sin los billetes de colores y con reuniones eternas en despachos alfombrados.
En el Gobierno miran el proyecto con entusiasmo porque los números, según destacan, tuvieron una recuperación considerable: de pérdidas por más de 200 mil millones de pesos en 2023 a una ganancia de 250 millones de dólares el año pasado. En cualquier empresa privada eso sería motivo para brindar; en el Estado argentino, en cambio, parece ser la señal inequívoca de que llegó el momento de venderla antes de que alguien encuentre otro formulario para complicarlo todo.
También hubo un ajuste interno de proporciones importantes: un plan de retiros voluntarios redujo la planta de 16 mil a 11 mil empleados, con un aporte de 150 millones de dólares del Ministerio de Economía. Fue una poda quirúrgica, aunque con ese particular estilo argentino en el que se apaga un incendio con fondos públicos y después se presenta el matafuego como una innovación de mercado.
La trama, por supuesto, no estaría completa sin una cuota de autosabotaje reglamentario. Una norma impulsada desde el propio Gobierno dejó al Correo fuera de una parte relevante del negocio del courier, lo que le hizo perder una porción sustancial de esa facturación. Es decir: primero se ordenó la casa, después se le sacó una habitación y ahora se evalúa venderla con vista a la Bolsa. El capitalismo argentino, siempre tan elegante, suele entrar por la puerta principal mientras alguien intenta salir por la ventana con los planos bajo el brazo.
Si el proyecto avanza, el Estado vendería el 90% del paquete accionario mediante una Oferta Pública Inicial, mientras el 10% restante quedaría para los trabajadores. Sería, según describen en el Gobierno, una operación inédita para una empresa estatal argentina y llamativa incluso en términos internacionales. Todo, claro, dependerá del visto bueno político. Porque en la Argentina hasta salir a la Bolsa necesita antes pasar por el mostrador invisible donde se sellan los expedientes, las ambiciones y, con suerte, alguna encomienda extraviada desde 1998.
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