La Cámara de Diputados retomará su actividad tras el receso invernal con el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal como uno de los principales temas de la agenda del oficialismo. La iniciativa, que será enviada por el Gobierno, apunta a incentivar la incorporación al sistema financiero de los dólares que permanecen fuera del circuito formal.
La Libertad Avanza deberá negociar con los bloques dialoguistas para reunir los votos necesarios y avanzar con el tratamiento. Las conversaciones estarán encabezadas por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y por los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.
El oficialismo prepara una nueva ronda de negociaciones
El oficialismo buscará reeditar el esquema de acuerdos alcanzado en diciembre con sectores de la UCR, el PRO, Innovación Federal y otros espacios provinciales. Con 95 diputados propios, La Libertad Avanza necesita sumar aliados para alcanzar el quórum y reunir la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.
Entre los bloques cuyo respaldo será clave aparecen Innovación Federal, Fuerzas del Cambio, Producción y Trabajo y La Nequinidad, que reúnen en conjunto 36 legisladores. Además, el oficialismo evalúa sumar a al menos cuatro diputados de Provincias Unidas que hasta diciembre integraban el PRO.
El objetivo de captar dólares no declarados
La reforma busca avanzar sobre uno de los objetivos que el Gobierno había planteado con la legislación de Inocencia Fiscal aprobada durante las sesiones extraordinarias. La intención es generar condiciones para que los contribuyentes que mantienen dólares fuera del sistema formal puedan incorporarlos sin quedar expuestos a mayores controles fiscales.
Otro de los cambios previstos apunta a modificar el umbral a partir del cual la ARCA podría revisar inconsistencias entre los ingresos y los bienes declarados. El proyecto elevaría del 15% al 30% la diferencia que habilitaría una revisión del organismo recaudador.
El debate por los funcionarios públicos
La iniciativa también podría abrir un debate político dentro del Congreso. Unión por la Patria anticipó que buscará introducir modificaciones para impedir que funcionarios públicos y sus familiares puedan acceder al régimen simplificado.
La propuesta de exclusión para personas políticamente expuestas fue impulsada por el diputado Eduardo Valdés y cobró fuerza luego de las controversias generadas por el crecimiento patrimonial declarado por el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, quien recurrió al régimen de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada.
La Cámara de Diputados retomará su actividad tras el receso invernal con la reforma de la ley de Inocencia Fiscal entre las prioridades del oficialismo. El proyecto busca incorporar al sistema financiero dólares que permanecen fuera del circuito formal y elevar del 15% al 30% el umbral que habilita revisiones de la ARCA por inconsistencias patrimoniales.
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El Congreso regresará del receso invernal con una misión que combina economía, política y una búsqueda del tesoro digna de una producción de Hollywood: encontrar los dólares que los argentinos guardan fuera del sistema financiero. No habrá mapas antiguos ni calaveras marcando el lugar, pero sí una reforma legislativa diseñada para convencer a los contribuyentes de que llegó el momento de sacar los billetes de sus refugios domésticos y presentarlos en sociedad.
La Libertad Avanza, que cuenta con 95 diputados propios, deberá iniciar una nueva temporada de su serie parlamentaria favorita: “Buscando el quórum”. Martín Menem, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado encabezarán las negociaciones con los bloques dialoguistas, una categoría política que suele significar que están dispuestos a conversar, aunque nadie garantice que al final de la charla quede una ley, un dictamen o siquiera café en la jarra.
El oficialismo intentará reconstruir el esquema de acuerdos alcanzado en diciembre con sectores de la UCR, el PRO, Innovación Federal y fuerzas provinciales. La aritmética legislativa vuelve a ocupar el centro de la escena: 95 votos propios son una base considerable, pero insuficiente para abrir el recinto y convertir la voluntad política en norma. En Diputados, hasta las convicciones más firmes necesitan planilla de cálculo.
El proyecto propone elevar del 15% al 30% la diferencia entre ingresos y bienes declarados que permitiría a la ARCA revisar posibles inconsistencias. Traducido al idioma cotidiano: el radar fiscal tendría que detectar una señal bastante más intensa antes de encender todas las alarmas. El Gobierno espera que esa menor exposición a controles anime a los contribuyentes a incorporar sus dólares al circuito formal, porque aparentemente el problema no era la falta de dinero, sino que una parte importante decidió desarrollar una carrera como ermitaño financiero.
Unión por la Patria, mientras tanto, buscará impedir que funcionarios públicos y familiares ingresen al régimen simplificado. La discusión promete instalar una pregunta tan antigua como el propio Estado: si la puerta se abre para todos, quién controla que los primeros en atravesarla no sean precisamente quienes conocen dónde está la llave.
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